Dueño de una locuacidad volcánica, frontal hasta el límite de lo políticamente incorrecto en un mundo ganado por la corrección política, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, cuenta en esta entrevista con el eslabón qué policía encontró y cuál quiere; por qué no le interesa “entrar a un barrio popular a hacer razzias” pero sí “tratar de evitar, a través de la disuasión con la presencia policial, el delito predatorio rústico” que conmociona a los sectores medios y altos. También explica por qué en Rosario “fracasó” la regulación policial de los mercados ilegales como el del narcotráfico –a diferencia de Buenos Aires- y cuáles son las características de las bandas locales que hacen uso de una violencia altamente lesiva.
“El Turco”, como le dicen sus allegados al licenciado en Ciencia Política y doctor en Ciencias Sociales, sostiene que el paradigma prohibicionista de las drogas fracasó y que la salida pasa por “la regulación estatal de los mercados” de estupefacientes. Además, asegura que “hay un sector del peronismo que está muy comprometido con el cambio, como hay un sector del viejo sistema político santafesino que está muy comprometido con conservar las viejas estructuras policiales”.
—Si se observamos las estadísticas de delitos contra la propiedad y las personas de los últimos 40 días, podríamos concluir que lo que necesitaba Santa Fe para reducir sus problemas de seguridad pública era una pandemia.
—No estoy tan seguro, porque las razones que daban lugar a los altos índices de robos fundamentalmente y a los homicidios no han desaparecido. El grueso de los homicidios dolosos está vinculado a relaciones criminales por el narcomenudeo, sicariato por enfrentamiento entre organizaciones o violencia entres personas conocidas o en contexto familiar. Hay muy pocos homicidios en ocasión de robo. Hay muchísimo robo de baja calificación, delito predatorio y muy poco profesionalizado, para decirlo de alguna manera. Las razones de estos delitos no desaparecen con la pandemia. La inviabilidad del sistema policial para dar cuenta de ello tampoco desaparece, por ende creo yo que la vuelta de la circulación de personas no resuelve el problema. La mala policía no se convirtió en una buena policía con la pandemia, se convirtió en una policía con más prestigio social porque la gente vio el compromiso para hacer su tarea en materia de cuidado. Hay que conservar ese prestigio, pero ahora volvemos a una situación donde las razones del desfasaje entre la problemática criminal y la capacidad de respuesta del sistema institucional quedan incólumes, por eso estamos proponiendo un proceso de reforma. Porque el sistema así como está no camina más.
—Claro, no es lo mismo controlar certificados de circulación que desbaratar una banda que comete delitos complejos.
—El control del crimen requiere de inteligencia criminal previa: tanto el control del crimen como en materia de seguridad preventiva y en investigación. La Policía de Santa Fe no cuenta con estructuras de análisis criminal que orienten la tarea preventiva e investigativa. Hemos avanzado en algunos núcleos de investigación criminal, algo de esto hemos logrado resolver y mucho tiene que ver en esto la conformación del Organismo de Investigaciones (OI), porque gran parte de la inteligencia no la hace la policía sino el Ministerio Público de la Acusación a través del OI, que es la policía judicial. Si no tenés mapeo y análisis criminal, y bajo el supuesto de que el delito predatorio es reiterativo, cuando identificas dónde y cuándo se producen esos delitos sabés que va a volver a ocurrir. Ahí podes orientar la prevención mucho más inteligentemente y no hacer patrullamiento azaroso. Eso no existe acá. Se intentó con el OJO (una central de análisis criminal creada durante la gestión anterior), se postuló el sistema, pero nunca se terminó de implementar todo el sistema de análisis criminal, la planificación operacional y la evaluación del impacto en el delito.
—Por eso se seguían haciendo esos patrullajes en cuadrículas que no tenían mucho sentido…
—Y seguiremos hasta que no tengamos una nueva matriz institucional y una nueva forma de trabajo que es lo que estamos buscando nosotros (con las leyes de reforma policial enviadas a la Legislatura). Hace tres meses que estamos con este tema y esto (la pandemia de Covid-19) también supuso para la gestión una suspensión del proceso de cambio organizacional, porque tenemos que atender un problema que ha sido extraordinario. Eso nos hizo suspender nuestras actividades ordinarias. Ahora tenemos que retomar aquel proceso y tratar de modernizar este sistema.
—¿Con qué policía de encontraste?
—Es una policía corta, donde solamente 2.900 policías por turno hacen prevención del delito en toda la provincia. Tenés cerca de 10 mil policías que hacen tareas ajenas a la prevención del crimen. Y muy precaria desde el punto de vista de la infraestructura. El 30 por ciento de su parque automotor está fuera de servicio. Tenemos 300 chicos egresados del Isep (la escuela que forma policías) que no podemos poner en la calle porque no tenemos chalecos antibalas, porque los nuevos que iban a ser provistos estaban vencidos. Tenemos armamento vetusto, que no está a la altura de las necesidades. Te estoy nombrando: falta de análisis criminal, de movilidad policial, personal mal distribuido y una policía corta, infraestructura y logística deteriorada. Bueno, es una policía que está muy lejos de poder cumplir eficientemente la labor de prevención y control criminal que nosotros pretendemos.
—¿Cómo se estructura una política de seguridad ante demandas sociales distintas? Hay sectores medios que reclaman más patrullamiento y presencia policial por delitos comunes pero molestos, pero la misma presencia policial en los barrios populares genera conflictos como el verdugueo y el hostigamiento a los jóvenes.
—Porque la orientación de la policía ha sido el control de la población, no el control del delito. La idea es la no circulación de los de afuera, adentro. Para tener control del crimen tenés que tener análisis criminal que te identifique dónde ocurre, cuándo y de qué manera. Cuando identificas esos focos criminales, desplegas las intervenciones preventivas o reactivas sobre esos focos. A mí no me interesa entrar a un barrio popular a hacer razias, porque eso es control poblacional, además de ser una respuesta profundamente reaccionaria y autoritaria que no resuelve ningún problema. Sí me interesa tratar de evitar, a través de la disuasión con la presencia policial, el delito predatorio rústico, el robo menor pero que genera dramatismo de los sectores medios y altos. Pero también dejo un pedido: no compremos cosas robadas. Porque con eso alimentamos los mercados de choreo. Los autos que se roban de media y alta gama es para proveer de repuestos irregularmente a mercados de consumidores de autos de media y alta gama, que son los mismos que reclaman por la inseguridad. Porque, que yo sepa, no hay bandas de ladrones rústicos que coleccionan celulares o ruedas de autos.
—El problema narco no es excluyente de Rosario o Santa Fe, pero hay un nivel de uso de la violencia letal que no se registra en otras ciudades similares. ¿Tiene que ver con el poder regulatorio de la policía?
—Creo que sí, pero hago una salvedad sobre la primera parte de la pregunta. No es cierto: en el Gran Buenos Aires hay hechos de sicariatos todos los días, pero bastante silenciados mediáticamente. No es de ahora. La policía tiene un sistema muy sofisticado de relación con ciertos medios, ha policializado muchos relatos. Lo que sí tiene es mayor eficacia en que los mercados regulados policialmente sean más pacíficos. En Rosario también había regulación policial del narcotráfico, hay muchas causas de policías asociados al narcotráfico. En Santa Fe hay mucho más eficacia en la contención de la violencia y más subordinación de los grupos narcos que distribuyen cocaína respecto de ese sistema policial. Lo aclaro: lo digo por las causas judiciales anteriores. En cambio, en Rosario la magnitud del mercado y la configuración criminal son distintas. Hay mucha disputa, un mercado más prolífico y las grandes organizaciones tienen las primeras y las segundas líneas encarceladas. Con lo cual hay una suerte de rusticidad en la gestión de los territorios con gerentes muy mal preparados para gerenciarlos de otra manera que no sea mediante el uso de la violencia. Eso explica, a mi manera de ver, el mayor nivel de violencia que hay, y una policía que desde que nosotros llegamos se apartó de la vieja regulación policial. Todas las organizaciones dedicadas al mercadeo minorista de drogas en Rosario tenían acuerdos con la policía. Esa policía no tiene capacidad de garantizar una suerte de circulación de mercancía de manera pacífica.
—La violencia del último eslabón de la cadena del narcotráfico es lo que se expone en los medios de comunicación, pero los circuitos de blanqueo de esos recursos merecen menos atención pública y tampoco hay investigaciones judiciales sobre esos casos. O son más incipientes.
—No, cómo que no. Está la megacausa de lavado de dinero en estafas inmobiliarias (que involucró a un gerente del multimedios La Capital, a una agente de bolsa y desarrollador inmobiliario de la Torre Aqualina y a un conocido contador, entre otros).
—Una
—Pero no es menor, esa causa apuntó a una gran mesa de dinero y estructura económico-financiera de gestión económica irregular y lavado de dinero muy importante. Y estamos en la antesala de un juicio.
—Da la impresión de que si bien existe esa causa y algunas otras, son temas casi vedados.
—Porque además no hay circuitos exclusivamente de lavado de dinero, hay gestión de una economía informal. Hay una afluencia de recursos provenientes del narcotráfico donde se mezcla ese dinero con el proveniente de la evasión tributaria y de la informalidad económica. Y todo eso se mixtura con la economía formal y legal en emprendimientos inmobiliarios, financieros, transferencias, construcciones, barrios privados. Cuidado que toda la economía que se ha construido para gestionar la histórica evasión tributaria en nuestro país, cuando hubo sequedad, el dinero del narcotráfico siempre fue un buen afluente.
—En términos generales uno podría plantear que el sistema capitalista funciona en gran medida a partir de la circulación de esos recursos de origen ilegal como los del narcotráfico, el tráfico de armas.
—En el año 2008 la gran crisis que se desata en Estados Unidos con las hipotecas y que termina en una crisis financiera de gran escala, implicó una afluencia de 250 mil millones de dólares de grupos de narcotraficantes a través de cuatro bancos, que tuvieron sanciones administrativas menores. Lo que hubo ahí fue un acuerdo de provisión de liquidez por parte de grupos narcos para salvar el sistema financiero norteamericano. Eso lo dijo Naciones Unidas, no lo digo yo.
—¿Santa Fe tiene hoy las capacidades para perseguir el delito complejo?
—Está a mitad de camino. Ha demostrado que tiene mucho más eficacia que en otros lugares. Acá se han investigado organizaciones criminales mucho más seriamente que en Buenos Aires y en la Capital Federal. Los Monos fueron investigados, juzgados y encarcelados por la Justicia ordinaria cuando todos sabíamos que era una banda que se estructuraba en torno al narcotráfico y la Justicia Federal estuvo ausente, llegó mucho después. La otra gran organización criminal, mucho más importante y diversificada que la de Los Monos, es la que lideró Alvarado. Hay elementos que dan cuenta que el núcleo central de esa organización era el narcotráfico, aunque recién ahora se está ventilando en la Justicia Federal, pero Alvarado ha sido apresado, su estructura económica más inmediata y sistema de sicariato ha sido identificado y desarticulado. Y su protección policial ha sido parcialmente identificada el año pasado por la Justicia ordinaria. Se ha creado capacidad, hay fiscales con mucha capacidad y voluntad de trabajo mancomunado, el OI ha hecho una muy interesante experiencia con muy pocos recursos. Esto está a mitad de camino porque hay que hacer una inversión muy grande y nosotros tenemos que hacer una reconversión de la vieja Policía de Investigaciones, también dotándola de capacidad para investigar la economía criminal a gran escala, los circuitos de lavado de dinero y el delito complejo que regentea mercados ilegales.
—Si existe un mercado de comercio ilegal de estupefacientes es porque existe una demanda. Que ha ido creciendo…
—Hay un consumo regular estable y a veces en crecimiento. Algunos de los estudios que se han hecho evalúan un incremento del consumo de cocaína en las grandes ciudades de Santa Fe de un 300 por ciento en los últimos diez años. Eso supone la estructuración de un mercado estable con diferenciación de calidad y de precios. Y con una clientela permanente. Ese mercado es de alto consumo básicamente, porque son consumos de clase media y clase alta. Nadie estructura un mercado de venta de cocaína para los barrios populares, independientemente de que allí también hay consumos estables.
—El fenómeno es ese. ¿Cuál es tu mirada acerca de la despenalización del consumo y la regulación estatal de esos mercados?
—El prohibicionismo ha demostrado un fracaso total, ese paradigma se hizo bajo la idea de que prohibiendo y penalizando se iba a evitar el consumo. Cualquier salida, inevitablemente, pasa por la regulación legal de los mercados de drogas. Es el camino que se va a terminar imponiendo, pero tiene que ser en el marco de un acuerdo internacional. Puede haber iniciativas para determinados tipos de drogas, porque es importante diferenciar las drogas, como ha sido la salida regulatoria en Uruguay. En algunos estados norteamericanos se sigue la misma vía y en Europa también. Lo que pasa es que los mismos países que siguen esos caminos por abajo, a nivel internacional siguen siendo los fogoneros del mismo paradigma. Entre otras cosas, porque han construido agencias de seguridad que viven de esto. Hay un gran estudio que revela que cuando las estructuras de seguridad se construyen en torno de un determinado riesgo o amenaza, cuando eso se devalúa o se reduce, esas propias estructuras de seguridad terminan reconstruyéndolo aunque sea ficcionalmente solo para mantenerse como estructuras de poder.
—Hablaste en otros reportajes de cortar el pacto entre la política y la policía; dijiste que en el caso del Frente Progresista tenía que ver con una suerte de dejar hacer a la fuerza de seguridad a cambio de no tener “la calle caliente”. ¿En el peronismo están todos dispuestos a cambiar eso?
—El sector del gobierno y la coalición gubernamental fundamental del gobierno está muy de acuerdo con ese diagnóstico. Y con gestionar la seguridad democráticamente. Ese pacto de dejar hacer a la policía acá fracasó. Porque a diferencia de otras lugares como la provincia de Buenos Aires, si el objetivo era que hubiera ilegalidad policial a cambio de no violencia en los barrios, fracasó estruendosamente. Hay un sector del peronismo que está muy comprometido con el cambio, como hay un sector del viejo sistema político santafesino que está muy comprometido con conservar las viejas estructuras policiales, porque en el fondo esa policía nunca va a perseguir el delito de alta gama. Es una policía que ha controlado los barrios con control poblacional y no causa daños a los negocios históricos de ese bloque de poder que ha gobernado Santa Fe.
—Es lo que no se quiere tocar.
—Por eso el proyecto de reforma nuestro ya es resistido sin haber sido leído en detalle, por sectores históricamente conservadores, inclusive del peronismo.
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