Luego de trascender la causa judicial contra el Partido Socialista a partir de una serie de irregularidades detectadas por la Cámara Electoral en el balance de financiamiento de la campaña 2007, y que involucra a los entonces presidente y tesorero del partido, Hermes Binner y Miguel Lifschitz, este último acusó al juez de tomar una decisión cuyo “único objetivo es político”.
En declaraciones al diario La Nación publicadas este jueves, el ex intendente de Rosario y actual senador provincial, Miguel Lifschitz, afirmó que la decisión judicial tiene un «único objetivo”, que “es político”, y con “una intención: quieren sacarnos de la cancha».
El artículo de La Nación cita datos de la Cámara Electoral difundidos en una nota del periodista Nicolás Lovaisa publicada en Redacción Rosario el domingo pasado, según los cuales, el PS recibió para esa campaña, 1.879.207 pesos de personas físicas y jurídicas. De ese monto, 938.172 pesos fueron identificados como «aportes privados para la campaña provincial».
En el listado de aportantes figuran firmas que fueron cuestionadas por la justicia, como Terminal Puerto Rosario, empresa concesionaria de los muelles I y II; Asociación de Clínicas y Sanatorios y Hospitales de Rosario; Asociación Cooperativas Argentinas, y la Cámara de Estaciones de Servicio y Garages.
El cuestionamiento se basa en que este tipo de personas jurídicas -entidades gremiales o empresariales y concesionarios privados, entre otros- no pueden aportar dinero a un partido, porque lo prohíbe la ley electoral Nº 26.215, que rigió por primera vez en los comicios de 2007.
«Se hicieron intimaciones para que se regularizara la situación hasta que el juez dictó varias resoluciones y la última de ellas desaprueba el balance de 2007, y me otorga intervención -lo establece la Cámara Nacional Electoral a partir del fallo Sobisch- para que investigue el caso», afirmó el fiscal Walter Rodríguez, quien confirmó que «hay anomalías presuntas en los aportes de algunas de las personas jurídicas».
El Partido Socialista «no logra poner en conocimiento de la ciudadanía en forma mínimamente clara o al menos aceptable la evolución financiera y patrimonial registrada en el periodo 2007», señaló en el fallo el magistrado, según publicó el periodista Nicolás Lovaisa en este medio.
En su descargo al diario La Nación, Lifschitz, precandidato a gobernador por el PS, dijo que la decisión del juez «genera indignación y sorpresa», porque el partido «ha presentado toda la documentación respaldatoria de los gastos y aportes de campaña y, por una cosa mínima, el magistrado pretende que se inicie una causa penal».
«Hay una intencionalidad política, que es sacarnos de la cancha a Hermes Binner y a mí, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados», aseveró el senador provincial por Rosario, para quien «todos los partidos tienen cuestionamientos a la hora de la rendición de los balances, pero a ninguno se le aplica una medida tan drástica», y aclaró que «se devolvió el dinero de las empresas que fueron cuestionadas».
«En ese momento parte del financiamiento de la campaña se hacía a través de tarjetas para cenas que organizaba el partido, que tenían un valor de 10.000 pesos», dijo Lifschitz.
