Mientras la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario define quién seguirá con la causa, el cuestionado fiscal Guillermo Apanowicz defendió su actuación. Un valioso antecedente dictado esta semana por la Corte Suprema en un caso similar en Neuquén. La foto que le tomó el comisario a Franco.
Con denuncias contra la actuación de la Policía santafesina, la Justicia provincial, el Ministerio de Seguridad y la Fiscalía, los familiares de Franco Casco –el joven de Florencio Varela hallado muerto en el río tras haber estado detenido en la comisaría 7ª de Rosario y desaparecido tres semanas– insisten en que la investigación pase al fuero federal, a pesar de que el juez Marcelo Bailaque rechazó la causa y resolvió que continúe en manos del fiscal Guillermo Apanowicz, muy cuestionado por los padres de la víctima y el defensor provincial Gabriel Ganón. El titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, Abel Córdoba, apeló la medida y ahora la cuestión de competencia deberá definirla la Cámara Federal de Apelaciones. “Si hay alguna sospecha de que puede haber algún grado de imparcialidad en todo esto, preferiría que lo investigue otra jurisdicción”, dijo Apanowicz.
Los cuestionamientos al fiscal provincial Apanowicz fue una de las notas sobresalientes del masivo acto realizado por las organizaciones sociales y de derechos humanos que acompañaron a la familia del joven. Los principales señalamientos fueron reiterados el jueves último en una presentación realizada por el defensor general de la provincia Gabriel Ganón, quien representa legalmente a los padres de Franco, y que formalizó el pedido ante la Oficina de Gestión Judicial para que se declare la incompetencia de la Justicia santafesina.
En la presentación, ingresada con la firma de Ganón y de la madre de la víctima, Elsa Godoy, el defensor solicitó que las actuaciones pasen a la Justicia federal, ya que consideró que se trata de un hecho “encuadrado en una desaparición forzada de persona”.
Según el texto, la decisión de manifestar la incompetencia de la Justicia provincial en el caso, se resuelve a partir de las declaraciones efectuadas en las audiencias orales y públicas de los días 30 y 31 de octubre por los policías pertenecientes a la Comisaría 7ª y el relato de la médica policial que examinó a Franco Casco el día en que estuvo detenido. “De allí se desprende que la aprehensión fue de dudosa legalidad, sin que se haya configurado uno de los supuestos en los cuales no es necesaria la orden judicial para proceder”, escribió Ganón.
“Los hechos se simulan como resistencia y atentado a la autoridad, encubriendo una detención ilegítima que no contó en ningún momento con el control judicial requerido”, agregó el escrito.
“Tras la detención de Franco –planteó el defensor–, no se le dio el correspondiente aviso al juez competente, como así tampoco al defensor de turno, para garantizar el derecho a ser oído y a su defensa respectivamente. En efecto, la única comunicación que entabló el personal policial fue con el fiscal de turno horas después de la detención; por lo que la privación de libertad no cumplió ni con los aspectos formales ni materiales legalmente exigidos”.
Para Ganón el estado de indefensión del joven “se vio agravado por la falsa identidad con la que fue registrado en la Comisaría –con el nombre de Franco Godoy– al momento de la detención, situación que colocó a Franco Casco en un estado de desamparo aún mayor”.
¿Cambio de carátula?
El fiscal Apanowicz –cuya conducta fue puesta bajo la lupa por Ganón, los familiares de Casco y diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos–, aceptó responder una serie de preguntas a este medio, aunque prefirió eludir las críticas que le realizaron. “Prefiero no opinar sobre opiniones”, dijo. Además, el letrado por primera vez puso en tela de juicio que la médica legal –de la que se dijo que observó a Franco Casco y firmó un parte– haya realmente estado presente en el lugar de los hechos.
—¿Sigue siendo averiguación de paradero la carátula de la causa?
—En principio es homicidio. La carátula puede ser homicidio o muerte dudosa. Hay una muerte dudosa, lo que hay que determinar es si se trata de un homicidio.
—¿Se ha encontrado alguna prueba nueva esta semana?
—Hasta ahora –que pueda definir la situación–, no. Yo dispuse medidas para determinar la posible autoría si es que hubo un homicidio. Estamos a la espera de todas las medidas que hemos dispuesto.
—¿Desde la fiscalía tomaron testimonios a los policías de la comisaría y a los detenidos?
—Se tomaron testimonios a la mayoría de los funcionarios policiales de la comisaría, que declararon en la audiencia pública que se hizo con motivo del habeas corpus.
—¿Y ahí qué plantearon?
—Yo no vi que hubiera contradicciones. Las preguntas más que nada, las realizó el defensor regional.
—¿Y coincidían en qué?
—En cómo fue el procedimiento de aprehensión, en el momento que estuvo detenido. Que la aprehensión fue en Alsina y Bordabere. Que fue detenido el siete. Estuvo desde las 13,40 que lo aprehendieron y se lo liberó a las diez y cinco.
—¿Y que se retiró caminando?
—Eso es lo que declaró la Policía. Hasta ahora, no se pudo corroborar ni eso ni lo contrario.
—¿Y con respecto a testimonios en la comisaría?
—Ese día era de visitas. Se los entrevistó, lo hicieron los de Asuntos Internos. Aparentemente nadie escuchó nada. Él habría estado en un transitorio, que es una pequeña habitación que está antes de donde están los presos. Si está cerrado no hay una comunicación.
—¿La fotografía, quién la tomó, dónde consta?
―Las fotografías las tomó el jefe de la comisaría con su celular. Están agregadas. Siempre se ordena la toma de fotografía a los detenidos.
—¿Qué constancia hay de la presencia de la médica legal?
—De eso hay constancia en el libro de guardia de la comisaría y en el libro de guardia de Medicina Legal de la Policía. La médica también declaró en esa audiencia pública. Lo que está en duda es que haya ido la médica. Yo lo dudo a eso. Se está investigando, podría haber una falsedad ideológica.
—Tengo entendido que la tía de Franco radica una denuncia en la Comisaría 20 el día 8 de octubre por averiguación de paradero. ¿Cómo es el procedimiento desde que se hace esa denuncia hasta que llega a la fiscalía?
—Lo envían a la fiscalía y fiscalía toma intervención. A través de mesa de entradas primero se da ingreso, después se hace una derivación. Hay un secretario que lleva todos los paraderos. Lo que pasa que constantemente ingresan tres o cuatro paraderos por día.
—¿Y cuándo tomó nota la fiscalía de esa denuncia?
—La fiscalía tomó inmediatamente conocimiento. Hay un protocolo que señala que se debe dar inmediata comunicación a la fiscalía
—¿Y qué se hizo cuando ingresó al denuncia?
—Eso lo hizo la Policía porque está en el protocolo. Ni bien se recibe eso se da comunicación, se libran una cantidad de oficios y comunicaciones radiales, a Gendarmería, a la Policía Federal, a la Policía Aeroportuaria, a la Policía de Investigaciones
—¿Y eso se hizo, usted chequeó que se haya cumplido el protocolo?
Sí, eso se hizo.
—¿Y la fiscalía una vez que tomó la denuncia cómo procedió?
—Y justamente eso, lo que se hace habitualmente. No es que salimos nosotros a hacer un rastrillaje. Si no se da un domicilio preciso de donde puede estar se hace todo vía comunicación con las fuerzas de seguridad.
—¿Y funcionando ese protocolo, cuánto se tardó en chequear que Franco estaba en la séptima?
—El problema es que Franco Casco no estaba identificado como Franco Casco, sino como Franco Godoy. Cuando ingresa en la comisaría 7ª lo hace aparentemente sin documentos, eso es de lo que hay constancia. Y él dice llamarse Franco Godoy y da otro número de documento y otra edad. O sea, no había forma de relacionar a Franco Casco con Franco Godoy. Eso se verifica uno días después.
—¿Escuchó las críticas de la familia y las organizaciones, con respecto al accionar suyo y de la fiscalía?
—Sobre eso no voy a opinar. No voy a opinar sobre una opinión.
—¿Sobre el planteo la causa pase al fuero federal qué opina?
—Hubo un planteo de la Procuvin ante el juzgado federal (de Marcelo Bailaque) y este se declaró incompetente, porque entendió que no se configuraba la desaparición forzada de personas y que la competencia era de la fiscalía regional Rosario. Yo en lo particular considero que si lo tengo que seguir investigando lo investigo, de hecho lo estamos haciendo. Pero si hay alguna sospecha de que puede haber algún grado de imparcialidad en todo esto, preferiría que lo investigue otra jurisdicción.
—Por otro lado, hay sospechas sobre el hecho de que la Policía se investigue a sí misma, como sucede en el caso, con Asuntos Internos, por lo cual uno piensa que puede tener cierto vicio la prueba que pueda ofrecer este área. Por ejemplo, los testimonios a los presos los está recogiendo Asuntos Internos cuando es a lo mejor el único testimonio que podría dar una versión diferente a la de la Policía…
—No, pero eso se está chequeando ahora porque no solamente están los testimonios de los presos, sino de los familiares. Lo que pasa es que necesitás una cantidad de gente, que en este momento no se dispone. Se va haciendo discrecionalmente, porque son 150 personas. No es fácil entrevistar a 150 personas, entre presos y familiares.
Desaparición forzada
Abel Córdoba es el titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) creada por orden de la jefa del Ministerio Público Fiscal Federal, Alejandra Gil Carbó. El objetivo de esa unidad especial es investigar los delitos en los que se encuentran involucradas fuerzas de seguridad. Ni bien tomó estado público el caso de Franco Casco, y ante una denuncia presentada por Elsa Godoy y Gabriel Ganón, Córdoba intervino en el caso primero presentado un habeas corpus y luego solicitando a la Justicia Federal de Rosario que declare su competencia para entender en la investigación.
El viernes pasado, Bailaque rechazó el pedido del fiscal de la Procuvin y adujo que la competencia la tiene la provincia. “Este jueves junto con el fiscal De Giovani presentamos una apelación contra esa resolución (de Bailaque) para que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revise lo que el juez resolvió porque entendemos que no se ajusta a los hechos, tiene alguna arbitrariedad o falta de fundamentos”, explicó Córdoba.
Consultado sobre cuáles son los elementos de este caso que permiten encuadrarlo bajo la figura de la desaparición forzada, Córdoba precisó: “Por un lado, Casco es visto por última vez con vida en manos de la Policía. Esa es una de las notas determinantes. Una persona que estaba libre, que circulaba por sus entornos. La Policía lo detiene, lo encarcela y ya no aparece vivo. Luego otro elemento es que no está registrado con su nombre, sino con el apellido materno. Cuando se va a corroborar si había sido soltado o no, como ocurre en otros casos, quien lo tenía a disposición aduce que (Franco) firmó un papel, pero no hay ninguna constancia, ninguna prueba de que haya sido liberado”.
“Un detalle no menor es la destrucción del cuerpo”, indicó el fiscal de la Procuvin, y luego abundó: “Una nota característica de la desaparición forzada es primero ocultarlo a quien lo busque. Franco era alguien que se comunicaba, que mantenía contacto con su gente, pero no lo pudo tener más, y eso no ha sido voluntario sino que fue impuesto, fue forzado. Si ese alguien que lo tenía a disposición destruye el cuerpo, quiere decir que la intención es ocultarlo incluso de la investigación posterior. Lo cierto es que eso no es una privación de la libertad común, esto es un delito mucho más grave que está determinado que lo investiga la Justicia Federal”.
Sobre el hecho de que haya áreas de la misma fuerza, como es el caso de Asuntos Internos, interviniendo en la investigación, tomando testimonios a los presos que estaban en la comisaría, Abel Córdoba fue taxativo: “El Código Procesal de la Nación tiene un artículo específico en el que se dice que hay que apartar a la fuerza que pueda estar involucrada y es habitual que no se lo haga. En el caso de Luciano Arruga, quien primero investigó la desaparición fue la policía bonaerense, en el caso Torres la policía de Chubut”, señaló el fiscal federal, y concluyó: “La primera decisión que hay que tomar es apartar a la policía, a los órganos que pudieran estar involucrados e investigarlos. Hay que dar intervención a una fuerza que no esté involucrada”.
Un antecedente valioso
En una resolución dada a conocer este viernes, que recoge los fundamentos planteados por la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, la Corte Suprema de la Nación dispuso la remisión al juzgado federal Nº2 de Neuquén de la causa por la desaparición del estudiante de la Universidad Nacional del Comahue, Sergio Ávalos, quien fue visto por última vez el 17 de junio de 2003 en un boliche de la capital provincial. El joven era oriundo de Picún Leufú. En su resolución el máximo tribunal adhirió a los argumentos de Gils Carbó, quien solicitó la remisión del expediente a la Justicia federal y el cambio de la carátula de “averiguación de paradero” a “desaparición forzada de personas”.
Según consigna el portal fiscales.gob.ar, la investigación comenzó a desarrollarse en el ámbito de la Justicia provincial, ante el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°3 de la Primera Circunscripción Judicial de Neuquén como «averiguación de paradero» y fue llevada adelante por la fiscalía y la Policía provincial. Sin embargo, la Justicia local, después de 10 años, se declaró incompetente y remitió las actuaciones al fuero federal. El magistrado fundamentó la decisión en la calificación del hecho como desaparición forzada de persona de conformidad con lo establecido en el artículo 142 ter del Código Penal.
Pese a ello, el juez Federal rechazó la causa, lo que luego fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones. Entre otras cosas, el magistrado indicó que resultaba constitucionalmente inaplicable el tipo penal de “desaparición forzada de persona”, debido a que esa figura no se encontraba incorporada al ordenamiento jurídico argentino al momento de los hechos.
En cambio, Gils Carbó entendió que la causa sí correspondía a la Justicia federal, para lo cual tuvo en cuenta “la circunstancia de la desaparición del joven Sergio Ávalos, la posible responsabilidad de agentes estatales, la falta de información sobre los acontecimientos y finalmente, la escasa y deficiente investigación de los hechos”. De esta manera, señaló que “resultaría equivocado descartar en este caso la existencia de los elementos típicos del delito de desaparición forzada de personas”.
Además, la procuradora General remarcó, “con preocupación, que después de once años del hecho, la causa no se encuentra aún en etapa de instrucción. Se trata, por el contrario, de una investigación fiscal caratulada como ‘Averiguación de paradero’”. A esto, agregó que la pesquisa “fue llevada adelante por la misma fuerza policial provincial que actuaba como responsable de seguridad en el local bailable del que desapareció Ávalos. En el expediente, no obran los antecedentes de los agentes estatales ni del personal de seguridad, ni sus legajos. Las declaraciones de éstos fueron tomadas por la Policía provincial, es decir, por sus pares”.
Las similitudes con el caso de Franco Casco abundan. Ahora habrá que ver si esas coincidencias se dan también entre la Cámara Federal de Rosario, que debe resolver la cuestión de competencia, y la Corte Suprema de la Nación, que hizo suyos los planteos de la Procuración Federal.
La foto del comisario
La foto de Franco Casco que aquí se publica es parte del expediente que tiene en su poder el fiscal provincial Guillermo Apanowicz y es la última imagen con vida que se tiene del joven de Florencio Varela. Fue tomada, presuntamente, por el jefe de la comisaría 7ª, Diego Álvarez el 7 de octubre pasado con su propio celular. A pesar de tener una muy baja resolución –calidad que se verá aún más afectada por la impresión que llegará a manos de lector– la vista del original que pudo realizar este cronista arroja conclusiones similares a las que llegó Elsa Godoy, la madre de la víctima: en el rostro de Franco se ven varias heridas y golpes. Su pantalón está empapado. Sobre su pómulo derecho se puede ver un corte en el lugar donde solìa usar un piercing y lo mismo ocurre sobre su tabique nasal, donde también tenía otro. Ninguno de los dos aros están en su lugar, mientras que se observa un tajo, hinchazón y un hematoma. Otro claro signo de golpe es observable en el costado derecho de su labio superior.
Un párrafo aparte merece el análisis del fotógrafo y la tecnología utilizada. La toma de imágenes a los detenidos es una obligación que debe cumplir la dependencia policial, según explicó el fiscal Apanowicz. Desde la Comisaría 7ª hicieron trascender que como no tienen cámara fotográfica sacan las fotos con el celular del comisario. A esta altura cabe preguntarse si el solapado reclamo de la comisaría por la falta de recursos apunta a que llegue una buena cámara o que le entreguen un mejor teléfono móvil al jefe.
Por el cambio de fuero
Organizaciones sociales y de derechos humanos, encabezadas por la familia de Franco Casco, realizarán el próximo martes a las 11 un acto en la puerta de los tribunales provinciales para exigir el traspaso de la investigación a la justicia federal. La movida, se agrega al pedido presentado por el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón y al del titular de la Procuvín, Abel Córdoba, quienes coincidieron en calificar al hecho como “desaparición forzada” y reclaman el apartamiento de la policía santafesina de la causa.
Artículo publicado en la edición de este sábado del semanario El Eslabón.
