El gobierno de Rafael Correa acaba de recibir un fuerte respaldo popular con un amplio triunfo en el referéndum constitucional. Emilio Ordónez, analista del Centro de Estudios de Políticas Internacionales de la Funif Rosario, hurga en el marco y los antecedentes de ese resultado y sus proyecciones.
Implicancias del triunfo en el referéndum constitucional para el gobierno y la oposición. Ecuador y Bolivia como procesos parecidos pero distintos. Repercusiones regionales y desafíos del gobierno ecuatoriano.
El panorama político sudamericano parece habernos acostumbrado en los últimos tiempos a acontecimientos impensados tan sólo una década atrás. En efecto, reclamaciones tales como el derecho inalienable de un país a la gestión de sus riquezas naturales o la presencia de un Estado fuerte como regulador de la actividad económica y con un papel preponderante en el reparto de la riqueza, por no hablar de la inclusión de la población originaria en este entramado, solamente eran concebidas como una construcción pasada de moda, en un momento en que otros paradigmas político-económicos estaban a la orden del día. La reciente victoria de Rafael Correa en el referéndum constitucional celebrado en Ecuador a principios de la semana pasada es parte de ese viraje de la subregión hacia posiciones más progresistas. A pesar del peso específico relativo de este país en el concierto sudamericano, el hecho considerado y, sobre todo, la magnitud de esta victoria, marcan una dirección consistente con los últimos acontecimientos en la región en general y de la zona andina en particular, y que nos hablan no sólo de un cambio de paradigma, sino de un intento de alcanzar una mayor estabilidad política en un área donde ésta brillaba por su ausencia.
En un primer análisis, puede decirse que los resultados obtenidos en los comicios, en los cuales un 65% del electorado dio el Si a la constitución reformada, dan cuenta del aval del electorado al proyecto político que persigue Correa desde su llegada al sillón del Palacio Carondelet, sede del gobierno ecuatoriano. Este proyecto se encolumnaría dentro del movimiento de reformas iniciado ya por otros países como Venezuela y Bolivia, si bien haciendo abstracción de las diferencias entre estos tres ejemplos. Las reformas plasmadas en la nueva carta orgánica, las cuales dan cuenta de la adopción de un “sistema social y solidario” con un Estado al frente de la gestión económica, pueden resumirse en la búsqueda de una fórmula que combine estabilidad política con desarrollo social.
En cuanto al primer punto, se debe remitir a la historia reciente de Ecuador para comprender la urgencia de este objetivo, en un país que no ha sido ajeno al derrotero parecido al de muchos de sus vecinos sudamericanos: descrédito de la política como actividad, con la consiguiente crisis del sistema de partidos, en el medio de una debacle económica y social, cuyo punto culminante fue la adopción del dólar como moneda en 1999. El hecho de que en los últimos 10 años hayan pasado siete presidentes constituye una estadística que habla por sí misma del marasmo político ecuatoriano. El segundo punto, referente al desarrollo económico inclusivo, no sólo remite al ingreso de sectores largamente postergados al entramado económico, sino que también da cuenta de un papel sustancial del Estado en la gestión de sus recursos naturales, considerados como estratégicos en el desarrollo económico nacional, así como también da cuenta de la intención de un desarrollo sustentable a la hora de su explotación.
Así planteado, el éxito de Correa en el referéndum constitucional debe entenderse no sólo como un aval, sino también como un elemento legitimador del proyecto de país que persigue. Las consecuencias políticas de esto son claras. En primer término, deja al presidente ecuatoriano fortalecido políticamente para buscar la presidencia en las elecciones que, regidas bajo la nueva carta constitucional, deberán celebrarse en febrero del año próximo, y que gracias a la reelección por un período, lo dejan en posición de permanecer en el poder hasta 2017. Al mismo tiempo, el apoyo de amplios sectores partidarios –en particular del movimiento indígena Pachakutik- a partir del reconocimiento del idioma quechua y shuar como lenguas nacionales, le garantiza un amplio margen de maniobra, dada la organicidad de este último movimiento, que conforma en sí mismo un fenómeno en Latinoamérica.
Del lado de la oposición, ésta intentó instalar en los meses previos a la elección un arduo debate en torno a tres puntos sensibles: las facultades otorgadas por la nueva Constitución al primer mandatario a partir de la figura de la reelección; el respeto a la propiedad privada, ante la posible nacionalización de empresas energéticas, y la eventualidad de salir del dólar, alternativa que Correa ha declarado no poder contemplar. No obstante ello, la atomización en la que se encuentra el sector opositor, en el que se encuadra la socialdemocracia, los sectores vinculados al ex presidente Lucio Gutiérrez y el PRIAN del magnate bananero y ex candidato presidencial Alvaro Noboa, y el descrédito popular, contribuyeron a los magros resultados, los cuales han acabado por aislarlos aún más. Al respecto, un elemento interesante dentro del panorama electoral era la posibilidad del surgimiento de un germen separatista en la provincia de Guayas, aprovechando la vieja rivalidad entre el sector costero encarnado en Guayaquil, y la sierra, esta última representada por la capital del país. La victoria de Correa en esta provincia, si bien por la mínima diferencia, sumada a los resultados obtenidos a nivel general, permitió desactivar el intento de promover una campaña que tomaría como antecedente el movimiento cruceño en Bolivia.
Existe también, un nivel regional en este resultado, vinculado a un proyecto político que encuentra similaridades en países tales como Venezuela y Bolivia, en los cuales, y salvando las distancias en cuanto a situación política se refiere, se prioriza un programa inclusivo socialmente con el Estado en el rol central de la gestión económica y en el reparto de la riqueza, con un énfasis marcado en la gestión de la renta energética. Aquellas diferencias, con todo, se manifiestan si se considera el fenómeno de la polarización política, que ha generado situaciones críticas en Venezuela y Bolivia pero no así en Ecuador. Esto es así en la medida en que la crisis de los partidos políticos esmeriló la capacidad de los mismos de buscar apoyos, atomizándose entre sí, mientras que en Bolivia el vacío dejado por la ausencia de una oposición partidaria fue llenado por sectores que concentran el grueso de las tierras fértiles y de los recursos energéticos, sumado a un territorio dividido transversalmente tanto económicamente como étnicamente. La ausencia de una división tan tajante fue lo que, en última medida, podría haber evitado el surgimiento de un “separatismo costeño” en Guayaquil.
Al mismo tiempo, la aprobación popular de la nueva Constitución muestra a las claras el apoyo a la política exterior de Correa, orientada no sólo a una mayor vinculación con sus socios más cercanos en materia ideológica, sino con sus vecinos subregionales, en particular Brasil. Prueba de ello es la reciente cumbre de Manaos entre los presidentes de Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador, en la cual se barajaron medidas para afrontar la crisis financiera mundial, reflotando iniciativas como la del Banco del Sur. Al mismo tiempo, la expresa prohibición del mantenimiento de bases extranjeras en territorio ecuatoriano apunta a establecer una base legal que apoye el cierre de la ocupación norteamericana de la base de Manta, quien se encuentra en dicha base desde 1999 con la misión de monitorear actividades relacionadas con el narcotráfico en una zona caliente, centrándose en particular en la porosa frontera entre Ecuador y Colombia
En este sentido, si bien las relaciones con Estados Unidos se han visto resentidas a partir de la supuesta colaboración de este gobierno en la operación militar llevada a cabo por el gobierno colombiano, que culminó con la muerte del segundo al mando de las FARC, Raúl Reyes, lo cierto es que el timing político en el caso de Manta coincide con el peor momento de la administración Bush, asolada por una severa crisis económica y sin la capacidad de antaño de establecer los temas de la agenda regional. Esto guarda similaridades con los últimos incidentes en Bolivia, tras la expulsión del embajador Philip Goldberg y la prohibición de los vuelos de la DEA sobre el espacio aéreo boliviano. Así pues, todo parece indicar que la estrategia será reacomodarse y esperar el resultado de las elecciones de noviembre en Estados Unidos.
Finalmente, el hecho de que Correa se encuentre más firmemente anclado en el centro del ambiente político ecuatoriano no implica de por sí que no encontrará dificultades, sino más bien lo contrario. A nivel interno, el nivel de pobreza aún es alto y el panorama político se ha visto monopolizado por la actividad de la Asamblea Constituyente, amén de la catástrofe natural que asoló la costa ecuatoriana en marzo. Al mismo tiempo, deberá ser capaz de consensuar acuerdos con otras fuerzas, más allá de las prerrogativas que le asisten por gracia de la Constitución recién reformada. Sus primeras declaraciones parecen dirigirse en este sentido. Tanto la solución de los problemas económicos y la capacidad de arribar a acuerdos políticos, se han probado difíciles en los países que llevan adelante procesos similares a los ecuatorianos. El desafío de Rafael Correa es precisamente ése: combinar ambas características en una realidad regional compleja y en permanente proceso de ebullición.
(Analista del CEPI. Funif Rosario)
