Otro más. Otro intento para declarar delito de lesa humanidad a una acción de la guerrilla, pese a que la normativa internacional no deja lugar a dudas: no corresponde. A fines de 2007 se intentó con el caso Larrabure, el coronel secuestrado por el ERP en 1974 que murió durante su cautiverio. En octubre de este año fue el turno del caso Rucci: el juez federal Ariel Lijo reabrió la investigación por el crimen ocurrido hace 35 años, a pedido de la familia del ex líder. Y la semana pasada se conoció otro caso: María Cristina Picón, viuda del militar Humberto Viola, muerto junto a su hija en diciembre de 1974, solicitó que estos crímenes sean considerados de lesa humanidad y que se busque a los responsables, entre los que se cuentan Fidel y Raúl Castro, para quienes se pidió orden de captura internacional.
La normativa internacional es clara en este punto, en el Derecho no funcionan los dos demonios. Hay un demonio: es el Estado, alias Leviatán, y la lucha por los derechos humanos es justamente, específicamente, la defensa del ciudadano ante los atropellos de ese monstruo grande. Pero hay quienes se hacen los distraídos para intentar llevar al plano judicial esa teoría. Y cuentan con medios para desplegar una operación al servicio de la confusión, en beneficio de los sectores más retrógrados de la sociedad, los que se ven por estos días muy golpeados, derrotados por el accionar de una Justicia que, por ejemplo, colocó a Videla en una cárcel común.
La prédica comenzó hace mucho, pero este año tomó un poco más de aire en el marco de una embestida mediática y patronal contra ciertas posiciones del gobierno nacional consideradas inadmisibles para los sectores privilegiados. Las patronales del campo, sin lugar a dudas, luchan también, además de por dinero, por esto. “Es de lamentar que hasta ahora ningún magistrado haya calificado como delitos de lesa humanidad los numerosos atentados contra la vida humana llevados a cabo por organizaciones terroristas como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros”, predicaba el Día de los Inocentes de 2006 una editorial de La Nación, uno de los cruzados de esta movida.
La última intentona en este sentido posee algunos ribetes particulares, y llama poderosamente la atención que incluya un pedido de captura para Fidel y Raúl Castro. Según informó el vespertino de Santa Fe El Litoral en su edición del viernes 10 de octubre, la semana pasada María Cristina Picón, viuda del militar Humberto Viola, asesinado junto a su hija en diciembre de 1974 por el ERP, solicitó formalmente que estos crímenes sean considerados de lesa humanidad y que se busque a los responsables. Con el patrocinio de los abogados Javier Vigo Leguizamón y Carlos Picón, pidió al juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, que se impute a los gobiernos de Héctor J. Cámpora y Oscar Bidegain "haber incurrido en terrorismo de Estado, al facilitar, tolerar, e instigar el accionar terrorista, imputación que extiende al gobierno de Cuba por haber entrenado a los guerrilleros argentinos y promovido la acción de la guerrilla en Latinoamérica". Y solicitó que se cite a declarar a quienes integraron los respectivos gabinetes; a los legisladores que dictaron la ley de amnistía, en especial a Carlos Kunkel y se libre orden de detención internacional contra Fidel y Raúl Castro fundándose, entre numerosos documentos, en el discurso del ex presidente cubano pronunciado en la reunión de Olas (1967) propiciando la creación de focos guerrilleros en toda Latinoamérica y en el Mensaje a la Tricontinental, de Ernesto Guevara.
Pero el desarrollo actual del derecho internacional, tanto consuetudinario como convencional, no deja lugar para la duda: constituyen crímenes contra la humanidad actos como el genocidio, el apartheid, la esclavitud, la práctica sistemática o a gran escala del asesinato, la tortura, las desapariciones forzadas, la detención arbitraria, la reducción en estado de servidumbre o trabajo forzoso, las persecuciones por motivos políticos, raciales, religiosos o étnicos, las violaciones y otras formas de abusos sexuales, la deportación o traslado forzoso de poblaciones con carácter arbitrario, cuando fueran cometidos por un Estado o por grupos que operen con anuencia y complicidad del mismo. El sello de tales crímenes lo determina su gran escala y naturaleza sistemática, en contra de la población civil, en todo o en parte, y una de sus consecuencias fundamentales es que son imprescriptibles.
Un blog de Clarín que es de consulta permanente para los profesionales del Derecho, y que resulta insospechable de tener alguna afinidad ideológica con posiciones revolucionarias, afirma una postura idéntica con relación al caso Larrabure, diferenciando en forma tajante el accionar de la guerrilla con el del terrorismo de Estado: “No podemos asimilar ese accionar al realizado por miembros del Estado Nacional años después en el período conocido como Proceso de Reorganización Nacional. No son situaciones similares. En un caso, se cuenta con el apoyo del aparato estatal entero, incluso con sus instituciones (jueces, ministros, informadores, autoridades); en el otro, no".
La normativa no deja lugar a dudas, pero la movida continúa, cada vez más desnuda en sus intenciones. Mientras tanto, Videla espera a la muerte, arrumbado en una cárcel común, y se piden órdenes de captura para Fidel y Raúl Castro.
