Preocupadísima por la propiedad privada de los más tienen, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carpab) alertó acerca de que “la estatización de los fondos de pensión atenta contra la propiedad privada y la seguridad jurídica”. Para los campeones de la desregulación estatal “las normas, los contratos, los acuerdos deben respetarse si se pretende vivir en una sociedad civilizada”. Cuando Menem creó las AFJP sin respetar “las normas, los contratos y los acuerdos” vigentes hasta ese entonces, ¿por qué no dijeron nada?

Un comunicado difundido por Carpab alerta a la población sobre el peligro estatizante que importa para la propiedad privada el gobierno de Cristina Fernández. Aunque el proyecto de traspaso del las AFJP al Estado aún ni siquiera se trató en el Parlamento, la conducción de Carpab ya sabe de la “probable utilización de los fondos de pensión con fines poco transparentes, los cuales atentan claramente contra la propiedad privada y la seguridad jurídica”.

Como lo sabe cualquier trabajador argentino, “la seguridad jurídica es la condición ineludible para el desarrollo y progreso de cualquier pueblo”. Es más, como nos enseña Carpab, “es la garantía que el Estado da al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados”.

Con el mismo tono pedagógico, la entidad que reúne a ruralistas insiste en el concepto, para que quede claro: “Es decir, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares establecidos previamente”. Votar una ley en el Congreso, ¿no es un “procedimiento regular”? Cuando el gobierno de la Alianza rebajó las jubilaciones en un 13 por ciento, ¿no se afectó la seguridad jurídica? Pero no, lo que aterra a Carpab no es la reducción de jubilaciones, sino su aumento.

Para los legos, el comunicado explica también que “la propiedad no debe entenderse como una simple y llana concesión estadual modificable de acuerdo a los humores del funcionario de turno”, sino que “el Estado debe garantizar previsibilidad a las actividades económicas para su desarrollo civilizado”, no como lo hacen estos bárbaros populistas que mancillan con sus glúteos la honra liberal del sillón de Bernardino Rivadavia.

El comunicado hace, además, “un claro llamado de atención a nuestros legisladores nacionales para que actúen con responsabilidad y celeridad con el propósito de detener esta maniobra” que, como todos saben, “sólo tiene como único fin utilizar los fondos de todos los aportantes para afrontar los 20 mil millones de dólares de vencimientos de la deuda que el país debe honrar en 2009”. Como el MST y el PO, Carpab también está en contra de pagar la ilegítima deuda externa.

Finalmente, los bucólicos dirigentes agrarios advierten que “el gobierno nacional oculta a la población los reales motivos que impulsan a apoderarse de los recursos de los aportantes a las AFJP”.

Y dan detalles del operativo secreto: “Como hace unos meses, cuando se promovía la sanción de la 125, que se argumentaba que era para construir escuelas, caminos, hospitales por fuera de lo presupuestado, hoy se argumenta que la estatización de las pensiones es para asegurar la jubilación futura de los argentinos”. Qué asco.
 

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