Los dichos del intendente sobre posibles recortes en gastos sociales ante el pedido de aumento de los municipales levantan polvareda. Un funcionario del propio gabinete dijo que “nadie recomienda eso en momentos difíciles”. Y desde el Movimiento Evita dijeron que “al intendente el reloj le atrasa diez años”.
"La Municipalidad se encuentra en una crisis financiera de proporciones inéditas, y para resolverla al intendente se le ocurren ideas geniales que apuntan siempre a cortar el hilo por lo más fino: recortar las frencuencias de colectivos, el servicio de recolección de residuos, y ahora las políticas sociales", sostuvo Eduardo Toniolli, dirigente del Movimiento Evita. "Lo cierto es que no tenemos noticias de que Lifschitz, para cerrar sus cuentas y financiar la tasa de ganancia de sus empresarios amigos, tenga pensado bajar la inversión en ‘marketing de ciudades’ y otros gastos superfluos", dijo también Toniolli.
El secretario de Promoción Social Gustavo Asegurado, por su parte, dijo que “es muy difícil que se realicen recortes en las partidas” de su área y que “nadie recomienda eso en momentos difíciles”.
“Es díficil que se corten partidas en el área social y mucho menos cuando la obra pública está paralizada en la ciudad”, dijo también Asegurado, para quien no puede haber rebaja de los 560 millones de pesos anuales que el municipio dedica a promoción social y cultura.
En declaraciones a radio 2, el funcionario del gabinete de Lifschitz consideró además que recortar fondos del área a su cargo es una decisión “de última instancia”. Y consideró que los dichos de Lifschitz fueron “sólo para advertir a la gente”.
El intendente había manifestado, en declaraciones publicadas por La Capital, que "si los municipales plantean seguir con el plan de lucha e insisten con el aumento del 10 por ciento, entonces habrá que discutir con la gente si quiere un recorte en políticas sociales. Todo lo que se va en mayores salarios, se resta en inversión social".
Los gremios municipales vienen reclamando el incremento hace ya unos tres meses, y el porcentaje que exigen es defendido por los dirigentes sindicales señalando que es similar al que recibieran en setiembre los empleados públicos provinciales.
