La iniciativa forma parte del Programa de Cooperación Descentralizada de la Comisión Europea, dirigido a ciudades, aglomeraciones y regiones de América latina.
Del acto, que se llevará a cabo en el salón Blanco de Casa de Gobierno, también participarán el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti; y el embajador Gustavo Martín Prada, jefe de la delegación de la Comisión Europea en la Argentina.
Mediante la firma del documento, la Unión Europea financiará –con fondos no reintegrables–, el 80 por ciento de la puesta en marcha del proceso de regionalización, lo que equivale a 2.881.364 de euros. En tanto, los 720 mil euros restantes serán aportados por el gobierno de la provincia de Santa Fe.
Este convenio forma parte del Programa de Cooperación Descentralizada de la Comisión Europea URB-Al III, dirigido a ciudades, aglomeraciones y regiones de la Unión Europea y de América latina. Su objetivo es establecer redes de cooperación sobre desarrollo urbano local y económico, el suministro de servicios básicos, la participación ciudadana, la cohesión territorial y la construcción institucional de gobiernos locales y regionales.
En este marco, la provincia de Santa Fe fue seleccionada para la puesta en marcha del proyecto “Innovación institucional en gobiernos intermedios: la regionalización como un instrumento clave para promover democracias de proximidad”, cuya duración será de 3 años.
El presupuesto para implementar la regionalización en la provincia contempla: la publicación del plan estratégico; la realización –durante los tres años que demandará la puesta en marcha del proyecto– de asambleas ciudadanas y reuniones de los consejos regionales de planificación estratégica; capacitación de los agentes públicos que se van a desempeñar en los centros cívicos regionales; realización de seminarios específicos sobre temas estratégicos para cada una de las regiones; equipamiento tecnológico para los espacios de participación ciudadana –auditorios o salones para la realización de talleres– de cada uno de los centros cívicos; compra de vehículos para movilidad en cada una de las cinco regiones; pasantías en la Diputación de Barcelona para un grupo de agentes, quienes se desempeñarán como coordinadores regionales; la digitalización de los Nodos, para que la provincia se encuentre comunicada a través de una red electrónica –esto incluye proyectos de gobierno electrónico para descentralizar los trámites–; y también la creación de espacios de debate sobre las finanzas públicas de los gobiernos locales y provincial.
