Es por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Eduardo Enrique Massera, hijo del ex dictador y Jorge Acosta, el destituido capitán de la Armada, serán juzgados junto a otros represores. La medida fue tomada por el juez federal Sergio Torres.
El juez federal Sergio Torres elevó a juicio oral y público al destituido capitán de la Armada Jorge "el Tigre" Acosta y a Eduardo Enrique Massera, hijo del ex dictador Emilio Eduardo Massera, entre otros represores.
El magistrado dispuso procesarlos por delitos de "lesa humanidad" cometidos durante la última dictadura en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma).
Mediante una resolución de treinta carillas, a la que Télam tuvo acceso, el magistrado también elevó a juicio oral y público las actuaciones referidas a Juan Carlos Rolón, Jorge Carlos Radice y otros represores de la Esma.
A Pablo García Velazco, Alberto Eduardo González y Aldo Maver, el juez los responsabilizó por la apropiación de bienes de personas ilegalmente privadas de su libertad en ese centro clandestino por el que pasaron varios miles de desaparecidos.
El expediente en el que Torres adoptó esta resolución es un desprendimiento de la "megacausa ESMA" reabierta tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final, de impunidad para los represores.
En esta causa se investiga, entre otras apropiaciones, el desapoderamiento de sus bienes del que fue objeto Conrado Higinio Gómez, secuestrado el 10 de enero de 1977.
De las constancias del expediente se desprende que Gómez fue objeto de torturas y "métodos extorsivos" para obligarlo a firmar la cesión de sus propiedades, entre ellas el predio "Chacras de Coria", en una exclusiva zona residencial mendocina y valuado en 15 millones de pesos, y hasta sus caballos pura sangre.
Por esos mismos hechos, el juez también procesó luego a la ex magistrada en lo contencioso administrativo federal Emilia Marta García, con un embargo de 700.000 pesos sobre sus bienes, acusada de formar parte de la "estructura financiera" de los represores que desapoderaban de sus bienes a prisioneros de la Esma.
Ya en septiembre último, la Cámara Federal había rechazado un pedido de nulidad del requerimiento de elevación a juicio, planteado por el defensor oficial Jorge Mendilaharzu, quien asiste técnicamente a Acosta, Radice y Massera (h).
"Es indudable que los imputados fueron informados de manera clara y precisa sobre los hechos que se investigaban y por los que ahora se requiere la elevación de la causa a juicio y que tuvieron oportunidad de defenderse", argumentaron los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah.
En una resolución de siete carillas a la que accedió Télam, subrayaron además que "también se especificaron los hechos" que se les atribuían "junto con las pruebas que acreditaban su concreta participación", en particular en el secuestro de Conrado Higinio Gómez y el posterior desapoderamiento de sus bienes.
"Se ha podido avanzar (en la causa) sin afectar el principio de congruencia, ni violando garantías constitucionales ya que no se mutaron los hechos que les fueran oportunamente informados a los encartados en ocasión de sus indagatorias", explicaron.
En esa línea, los camaristas señalaron que "por el contrario y como toda investigación que apunta al esclarecimiento de la verdad material, se profundizó y amplió en tono a las circunstancias fácticas de esos sucesos y sus eventuales autores".
Massera (h) ya había sufrido otro revés judicial unos días antes, cuando los integrantes del mismo tribunal de apelación rechazaron su planteo para que se cerrase una causa en la que está procesado, con el argumento de que estaba "extinguida la acción penal" por "prescripción".
En ese caso, los jueces ratificaron que los hechos por los cuales está procesado el hijo del ex dictador y ex jefe de la Armada revisten el carácter de delitos de "lesa humanidad", por lo que son imprescriptibles.
"La cuestión correspondiente a las características de los delitos que se le imputan y la imprescriptibilidad que ello acarrea es un tema que se encuentra totalmente zanjado", dijeron los camaristas, citando fallos uniformes de la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
