La propuesta se hizo pública luego de una reunión del gobernador con el juez Edgardo Bistoletti en la sede de Gobierno. A partir de ahora se pondrá en marcha el nuevo proceso de selección, que prevé la participación ciudadana.

Bistoletti, de 64 años, se desempeña como titular del Juzgado Correccional Nº 8 de la ciudad de Rosario desde 1989, habiéndose especializado en temas relativos a los derechos humanos. Es abogado, egresado de la Universidad Católica de Rosario.

El gobernador Binner destacó "el perfil humanista y la capacidad técnica" de Bistoletti y el hecho de que "no tiene actuación político partidaria".

También ponderó su trayectoria, vinculada a la "observancia del valor de la Justicia, teniendo como principal meta la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos".

La Defensoría del Pueblo es un órgano de control y vigilancia de la actividad administrativa, cuyo objetivo fundamental es proteger los derechos e intereses de los individuos y de la comunidad frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial y sus agentes, que impliquen ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente y que configuren una desviación de poder.

La semana pasada el gobernador Binner había reglamentado el procedimiento que de ahora en más deberá seguir el Poder Ejecutivo para el nombramiento del Defensor del Pueblo, incorporando la participación de la sociedad civil para dotar de mayor transparencia al proceso.

Según lo estipula la Ley Nº 10.396, los postulantes para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo deben ser propuestos por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. No obstante, por disposición del decreto Nº 3.053, rubricado por Binner, se incorporarán nuevos parámetros al procedimiento, para "asegurar que se brinde adecuada publicidad" a las postulaciones y para "contemplar la participación de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales con interés en el tema en el proceso de selección, pudiendo éstas exponer sus razones, puntos de vista y objeciones a los nombramientos propuestos", indica la norma.

La nueva disposición brinda la posibilidad de que "sean tenidos en cuenta los requisitos relativos a la integridad moral e idoneidad de los propuestos" para "la mejor selección de los candidatos", de tal manera que "su designación contribuya en modo cierto a su independencia, procurando con ello el fortalecimiento del sistema republicano y el incremento de la calidad institucional".

A tal fin, el decreto establece que "deberá publicarse en el Boletín Oficial de la provincia y en por lo menos dos diarios de circulación provincial, durante tres días, el nombre y los antecedentes curriculares de las personas que sean objeto de consideración para la cobertura de la vacante".

Asimismo, "en simultáneo con tal publicación se establecerán otros mecanismos de difusión a través de recursos informáticos según se establezca a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", sostiene la normativa.
 

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