El pueblo boliviano decidirá en 7 días con su voto, por primera vez en la historia, la suerte de una nueva constitución impulsada por Evo Morales, quien planteó que la transición del gobierno a la toma del poder pasaba por "refundar" el país.
Las últimas encuestas conocidas revelaron 65 por ciento de intención de voto favorable a la sanción de la reforma constitucional, 16 por ciento de rechazo y 19 por ciento de indecisión, mientras Morales vaticinó que la aprobación llegará a 80 por ciento.
Electo con más de la mitad de los votos (53,7 por ciento), lo que desarmó la encerrona de una segunda vuelta entre legisladores, que desde 1982 había definido una democracia pactada entre los partidos tradicionales, el aymara Morales nacionalizó hidrocarburos, minerales y telecomunicaciones, e inició una segunda reforma agraria.
Acosado por una oposición que maneja los departamentos (provincias) más ricos en tierras e hidrocarburos de la llamada Media Luna (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), regiones donde se atrincheraron terratenientes y empresarios petroleros y mineros desplazados del gobierno central de Bolivia, el presidente indígena logró el año pasado una primera victoria.
Morales logró dividir a la oposición legislativa que controla el Senado de quienes lo enfrentan desde las regiones, e impuso el referendo revocatorio del 10 de agosto, en el que fue ratificado con 67 por ciento de los votos.
El "empate catastrófico", como definía la situación el vicepresidente Álvaro García Linera, comenzaba a resquebrajarse, lo que provocó una violenta reacción de los prefectos (gobernadores) y los movimientos cívicos opositores, que entre agosto y septiembre tomaron y saquearon oficinas estatales, sabotearon gasoductos y culminaron con una matanza de campesinos en Pando.
El "golpe cívico-prefectural", como lo definió el gobierno, fue desarticulado, según explicó el vicepresidente a la agencia noticiosa Bolpress, por la expulsión del embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, a quien acusan de haber alentado la asonada.
También aplacó a la ultraderecha la imposición del estado de sitio en Pando, el control de ese departamento por las Fuerzas Armadas y la detención de su prefecto, Lepoldo Fernández, y de varios dirigentes cívicos de la zona.
La matanza de campesinos y los ataques paramilitares desataron un tercer elemento decisivo, según García Linera: la movilización social, especialmente campesina e indígena, en todo el país y, por último, la activa solidaridad de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Una oposición debilitada sufrió en octubre una segunda y más profunda fractura cuando legisladores de ese sector consensuaron con el gobierno el texto aprobado por la Constituyente, introdujeron unas 100 modificaciones, definieron las autonomías regionales y convocaron a un referendo para aprobarla o rechazarla el 25 de enero.
El Observatorio de Gestión Pública y otras encuestadoras otorgan al Sí a la nueva constitución 65 por ciento de las preferencias y 16 por ciento al No, mientras otro 19 por ciento permanece indeciso, según consultas realizadas en las capitales de los nueve departamentos, diferencia que tiende a aumentar a favor del gobierno cuando se incorpora el ámbito rural.
"Vamos a obtener 80 por ciento de los votos; la oposición sólo busca reducir ese porcentaje", dijo a la prensa Morales luego de que la oposición proclamara en la jornada de oración del 6 de enero con el obispo de Sucre, Jesús Pérez, que quien "cree en Dios tiene que votar No" a la nueva constitución.
Ese encuentro provocó que el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Jesús Juárez, aclarase que la jornada que congregó a los prefectos de Beni, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca "no fue organizada por la Iglesia" católica. No conforme con la aclaración, la Iglesia se pronunció por "10 razones para decir sí a la nueva constitución y 10 razones para decir no".
Entre lo que la Iglesia valora como positivo se menciona "el reconocimiento de los pueblos indígenas y los sectores históricamente marginados" y "el reconocimiento del derecho a la libertad religiosa".
"Nos preocupa", dice luego el documento, "el amplio margen de discrecionalidad del Estado" y el no reconocimiento de "la profunda realidad religiosa del pueblo boliviano que mayoritariamente profesa la fe cristiana", lo que "puede interpretarse como que el Estado asume sólo las espiritualidades indígena originario campesinas".
Por su parte, el prefecto de Santa Cruz, el opositor Rubén Costas, declaró al diario paceño La Razón, durante la campaña por el rechazo a la nueva constitución, que son "estupideces" las afirmaciones de García Linera con respecto a que los que se oponen al proyecto constitucional "son sólo algunos grupos de pandilleros".
En tanto, el líder cívico cruceño y empresario aceitero Branko Marinkovic pidió el voto por el No para rechazar el "centralismo" y para que el gobierno no "arrebate el patrimonio" de las regiones.
(Télam)
