El tribunal que preside Daniel Obligado recibirá este jueves en los Tribunales de Comodoro Py a los testigos. El miércoles, el ex general acusado de 4 homicidios, 120 casos de privación ilegal de la libertad y 1 de tormentos, se negó a declarar.
El juicio al ex general Jorge Olivera Róvere por crímenes de lesa humanidad continuará la mañana del jueves con los primeros testimonios que tomará el Tribunal Oral Federal Cinco.
Según el cronograma, el tribunal que preside Daniel Obligado recibirá este jueves a partir de las 10 en la sede de los Tribunales de Comodoro Py a los testigos que declararán sobre la desaparición de Carlos Florentino Cerrudo, secuestrado el 9 de noviembre de 1976 de su domicilio de Capital Federal por fuerzas que se encontraban bajo la órbita del Ejército Argentino.
Se presentarán también los testimonios de quienes relatarán los hechos relacionados con la desaparición de Lorenzo Gerardo Gerzel, secuestrado el 16 de septiembre de 1976 de su lugar de trabajo y quien fuera visto en el centro clandestino detención que funcionaba en Coordinación Federal.
Asimismo, el Tribunal recibirá los testimonios acerca de la desaparición de Santiago Pedro Astelarra Bonomi, secuestrado de su domicilio el 24 de noviembre de 1976 en momentos en que se encontraba junto a su mujer, Norma Mary Scopice y la hija de ella, de cuatro años.
Según los testimonios que obran en la causa, cuando un vecino le preguntó a los represores qué debía hacer con la nena, le respondieron que llamara a un teléfono que correspondía al Primer Cuerpo de Ejército.
Róvere, de 83 años, está acusado de cuatro homicidios, 120 casos de privación ilegal de la libertad y uno de tormentos cuando era Segundo Comandante del Primer Cuerpo del Ejército y Jefe de la Subzona Capital Federal.
Ocupó los cargos desde el 6 de febrero hasta el 30 de diciembre de 1976, bajo las órdenes directas del ex Jefe del Primer Cuerpo de Ejército (fallecido) Guillermo Suárez Mason.
Los delitos que se le imputan fueron cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaban en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército y que incluye la mayoría de campos de detención de la provincia de Buenos Aires, Capital y parte de La Pampa.
En la audiencia de este miércoles, el represor se negó a ejercer el derecho a declarar en tanto sus abogados plantearon la nulidad del procedimiento por considerar prescritos los delitos que se le imputan.
