“Las autoridades de Ambiente de Salta mostraron ante la audiencia en la Corte Suprema de Justicia que son responsables de permitir desmontes y la explotación petrolera y sojera que provoca la depredación y genocidio por la falta de regularización de la tierra”, afirma Mara Puntano, abogada de comunidades ancestrales de Tartagal, a 400 kilómetros al norte de la capital provincial.

 

“Doce mil kilómetros cuadrados de bosques nativos se perdieron en el último decenio en Salta”, dijeron los representantes de nueve comunidades wichís al tribual. En la ceremoniosa sala, el miércoles 18, también estaban los funcionarios del gobierno provincial y nacional, para responder por la situación en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria.

Desde siempre, los wichis saben que los desmonte para explotaciones madereras, sojeras o mineras los desplazan de sus tierras y generan un desequilibrio ambiental. El histórico reclamo sobre sus tierras y su cuidado resuena desde hace años y en diciembre último advirtieron sobre el tema a la Corte suprema. No hubo respuestas hasta que un aluvión de lodo bajó el 14 de febrero desde los cerros y las quebradas cercanas para arrasar con todo, casas, autos, árboles. El río Tartagal se había salido de su cauce otra vez, tiró un viejo puente, inundó barrios periféricos y se cobró la vida de dos vecinas.

Entonces, a los 4 días se reglamentó la ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos (26.331), que había sido aprobada por el Congreso en noviembre de 2007 tras un reclamo de más de 1,3 millón de personas. Pero, en tanto, los desmontes seguían.

“Unos 170 mil wichis viven en Salta, sobre la ruta 86, pero además conviven otras nueve etnias originales (guaraníes, chiripes, chorotoes y diaguítas, entre otros). Sólo unas 300 comunidades tienen personería jurídica, otras 300 las están tramitando y muchas más no tienen nada. Apenas el 5 por ciento de las comunidades tiene títulos de las tierras que ancestralmente habitan. Pero, aunque la mayoría de la población de la provincia es mestiza, las tierras son de unos pocos”, resalta Mara a redaccionrosario.

Tras la audiencia, el máximo tribunal debe resolver sobre la medida cautelar. En el encuentro, el ministro de Ambiente de Salta, Julio Nasser reconoció que su gobierno no tiene una evaluación del impacto ambiental de los desmontes que se autorizaron en los últimos años.

Esa afirmación es tomada como una agresión por Mara: “Fue una tomada de pelo, quedó evidenciado que los funcionarios son responsables directos. Los funcionarios de Ambiente son profesionales que desempeñan altos cargos en la universidad salteña, pagamos para que se formen y ahora muchos de sus estudios son ofrecidos a las empresas que desmontan. No cumplen con la función de monitorear y controlar”.

También acusó a autoridades provinciales por no informar a la población, pero: “Las comunidades resisten, ponen el cuerpo y saben que la naturaleza no es responsable de la pobreza”.

Piden explicaciones

El jueves, con una sensación térmica de 50 grados y el temor a más lluvias, una manifestación de vecinos y organizaciones de barrios de Tartagal, no afectados por el alud también reclamaron que nos los dejaran fuera de la ayuda que llega de distintos lugares del país. El viernes, a once días del aluvión quedaban evacuadas 300 personas de los barrios Santa María y Villa Saavedra.

“La entrega de elementos y la asistencia es un despelote. Aparece todo el mundo y no se da abasto. La ciudad esta desvastada, todos están alterados y la gente empieza a pedir explicaciones”, señala Marco Díaz Muñoz, director de la agencia de noticias Colectivo de Periodistas del Noroeste Argentino (Copenoa).

Para el trabajador de prensa, “lo de Buenos Aires fue positivo, pero la gente lo que quiere es la tenencia de la tierra, porque la mayoría no es propietaria. La comunidad de Tonono –a 45 kilómetros de Tartagal– asegura que en 25 años se puede reforesta la zona,

En Tonono, el cacique wichi Cabana tiene más de 60 causas en tribunales salteños y nacionales por reclamar la posesión de tierras ancestrales en acciones directas como cortes de rutas y el plantarse ante las topadoras.

En 2006, cuando el Tartagal ya se había desbordado, el entonces gobernador Romero permitió seguir desmontando. El actual gobernador, Juan Manuel Urtubey, asumió el 10 de diciembre de 2007. Muchos de los desmontes autorizados por Romero se concretaron recién en 2008 y Urtubey es acusado de no cumplir las promesas y dejar sin definir el ordenamiento territorial de bosques.

Poner el cuerpo

“Algunos funcionarios son digitados por otros intereses. En las reuniones con las comunidades y campesinos no les informan, pero los wichis pusieron siempre el cuerpo a las topadoras”, resalta Martín Herran, docente, investigador universitario y activo dirigente ambientales.
“Dudo que el poder de la Corte sea lo suficientemente independiente para escuchar a los pueblos. Hay grupos de empresas locales, nacionales y algunas extranjeras que invierten en la zona”, remarcó.

Las sojeras, mineras y ganaderas, como Cresud, Tierra Vasca, Inversora Juramento, Agrodesmontes y Quebracho Colorado. son dueñas y señoras.

Plantados

En el departamento San Martín, Tartagal y su vecina Mosconi, fueron desde 1997 fogoneras de experiencias de trabajadores desocupados que sobre la ruta y entre humo de cubiertas intentaron construir una alternativa de resistencia y lucha. Las asambleas que armaron a los primeros piqueteros forjaron ese desafío al partidismo y uniformados con sus puebladas y la naciente autogestión.

Ahora, las comunidades ancestrales y campesinos, vuelven a plantarse. Dicen los abuelos que la sabia de los árboles es lo mismo que la sangre en el cuerpo del hombre, es la vida. Entonces cuando desmontan y arrasan todo, la tierra pierde su vida.

Las comunidades originarias han convivido y respetado al árbol por siglos. Saben que el árbol frena a la lluvia, la absorbe y así protege la tierra para que no se inunde. Además, el wichi tala para sobrevivir, pero no desmonta ni quema troncos, proceso que libera gases de efecto invernadero que provocan cambios climáticos, entre ellos más lluvias e inundaciones.

 

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