El juez Tristán Martínez ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad de San Jorge hasta tanto el Concejo Deliberante y el Municipio delimiten la línea agronómica.
El magistrado falló así a partir de la presentación de un recurso de amparo interpuesto por un grupo de vecinos afectados por las fumigaciones y el Centro de Protección a la Naturaleza de la ciudad de Santa Fe.
“Las infracciones a la ley Nº 11.273 de fitosanitarios son moneda frecuente en todo el ámbito de la provincia de Santa Fe. La falta de delimitación de la línea agronómica se ha visto demorada tanto por ineficiencia gubernamental del organismo de control como por las autoridades comunales y municipales que privilegian la producción y la contaminación antes que la salud de las personas”, subrayó en un comunicado la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace).
“Ante esta situación de desprotección, la sociedad civil debe accionar sobre las autoridades gubernamentales. Los recurrentes casos aún no resueltos, entre los que se cuenta el paradigmático de Las Petacas, tienen un nuevo ingrediente a partir de hoy en que 23 familias del barrio Urquiza de la ciudad de San Jorge, junto con el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) y en el marco de la campaña «¡Paren de Fumigar!», presentaron una demanda en el ámbito tribunalicio”, continúa el comunicado, que lleva las firmas de Carlos Manessi, presidente del Cepronat; Gabriela Ferrer, abogada patrocinante de los vecinos, y Viviana Peralta, en representación de los afectados.
Precisamente, con el patrocinio de la abogada Ferrer, y con documentación probatoria, se promovió “una acción de amparo basada en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, mediante la cual se solicitó al juez Tristán Régulo Martínez, titular del Juzgado Civil Comercial y Laboral Nº 11, la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de esa ciudad, hasta tanto el Concejo Deliberante y el Municipio delimiten la línea agronómica”, según señalaron los firmantes del comunicado.
“Debemos recordar que en el año 2007 y ante una presentación del Cepronat, la Defensoría del Pueblo de la provincia, a través de la resolución Nº 55, y ante el avance incontenible de la frontera agropecuaria, aconsejó al gobernador de la provincia, a la Dirección de Sanidad Vegetal y a la Subsecretaría de Municipios y Comunas, delimitar –con urgencia– la línea agronómica prevista por ley en todas las localidades de la provincia, situación que se ha visto demorada a pesar del tiempo transcurrido y que impacta en forma negativa sobre la población”, reza otro párrafo de la comunicación.
Por último, los afectados de San Jorge estimaron: “Ahora, cuando la situación se hace insostenible, los vecinos, aún con limitaciones económicas y ante una amenaza directa a su salud, deben recurrir a una presentación judicial para que se garantice y proteja su derecho constitucional a vivir en un ambiente sano”. Esta vez la Justicia estuvo a la altura de las circunstancias.
