Un arco variopinto acompañó, a favor y en contra, la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de coparticipar con provincias y municipios los derechos aduaneros a las exportaciones de soja.
Desentonando con casi todos sus colegas, el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, se manifestó en contra de la medida anunciada este jueves por la noche por la presidenta Cristina Fernández, reiteró su pedido de suspensión por 180 días de las retenciones agropecuarias y solicitó el debate en el Congreso nacional de cualquier iniciativa impositiva. El intendente Miguel Lifschitz, quien no le avisó a nadie que ahora es comentarista político, interpretó que el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de coparticipar las retenciones a la soja con provincias y municipios “va a seguir generando polémica y no va a calmar la demanda de los distintos sectores y actores económicos y sociales”.
Binner ya no oculta que está lejos del gobierno nacional y que representa a las patronales del campo: “El país necesita un shock de confianza para asegurar el incremento de la producción y la efectivización de nuevas inversiones que garanticen el empleo y la calidad de vida de los argentinos”, algo que no se sabe por qué no habría de producirse si se coparticipan las retenciones a la exportación de soja. En ningún caso Binner mostró que al menos había hecho el cálculo de cuántos recursos llegarán a la provincia a partir de esta medida.
Lifschitz, en tanto, cuestionó el anuncio de Cristina diciendo que “faltó debate, es insuficiente” y que “seguirá generando polémica”. Nada dijo acerca de que ahora, además de financiar las obras del Parque de España y desactivar el conteo regresivo de las bombas que se encienden ante cada lluvia fuerte, llegarán, provincia mediante, más recursos para la ciudad.
Para el lord mayor de Rosario, ahora se producirán “más reclamos del sector agropecuario”, pero no opinó si está bien que esas exigencias se incrementen, por lo que no quedó clara su posición.
En la más confusa de las declaraciones vertidas a Radio Dos y LT8, Lifschitz dijo todo esto: “Es positivo que una parte de las retenciones se distribuya a las provincias porque esto había sido reclamado por gobernadores, dirigentes políticos y productores. Pero también hay que decir que esto no satisface las demandas del sector agropecuario y esto quedó de manifiesto con el recrudecimiento de los cortes y piquetes en todo el país”. No, claro, satisface las demandas que hasta hace 5 minutos eran las suyas propias y las del gobernador Binner.
Las miradas de los jefes comunales
Los intendentes que ofician como cabezas de turco de la gauchocracia también se oponen y otros mandatarios rescataron la medida como lo que es: más dinero para los Estados provinciales, uno de los reclamos de quienes conciben el federalismo hasta que se lo sirven a la mesa. Y ahí lo rechazan porque le falta sal.
Intendentes sojeros
Para Carlos Torres, intendente de Firmat, “el problema productivo sigue”, porque interpreta que “la decisión del gobierno nacional es positiva pero desatiende la fundamental recomposición productiva de los pueblos del interior”, un eufemismo para enmascarar que él no trabaja para otra cosa que la desaparición de las retenciones. “El gobierno sigue desatendiendo el problema de los productores y de la agroindustria”, remató el radical celtista en declaraciones reproducidas por el diario La Capital.
Quien no pudo quedarse atrás fue Fernando Fischer, intendente de Armstrong, quien ahora debería preguntarse si el próximo cartel que pondrá a la vera de la ruta será con la efigie de Binner y no la de Cristina. Pero no, opinó lo siguiente: “No se va a mover la economía”, sentenció, para revelar su verdadero objeto de deseo: “Que saque 15 puntos de las retenciones y que el resto lo coparticipe, eso estaría bien”. Y se animó a torear todavía un poquito más: “¿De qué me sirve ese dinero cuando las industrias están cerrando? Mientras el campo no tenga rentabilidad, no se va a mover la economía”.
El intendente de San Jorge, Enrique Marucci, a quien un juez tuvo que ordenarle que le ponga un bozal a las maquinarias fumigadoras llamadas “mosquito” porque estaban gaseando a los habitantes de su municipio, opinó sobre la decisión presidencial: “Creo que esto constituye una estrategia del gobierno nacional para poner en aprietos a gobernadores, intendentes y presidentes comunales para que los apoyen en el criterio de mantener las retenciones”. Y se tomó un trago de glifosato.
Intendentes
Jorge Sesmich, intendente de Villa Cañás, señaló que la medida del gobierno nacional es “positiva para todos, favorable para la provincia y para los municipios. Faltan crear políticas agropecuarias para lograr llegar a los 120 millones de toneladas de producción granaria”.
Rosaldo Gardella, intendente de Sastre, paró la pelota: “Hacer una evaluación en este momento es prematuro. Aún no está claro cómo llegarán los montos a las provincias y a los municipios. Es buena la idea de utilizar nuevos fondos para transformarlos en obras”.
El jefe comunal de El Trébol, por su parte, opinó que “será un beneficio directo para las provincias, municipios y comunas, que se trasladará inmediatamente para dar un principio de solución a lo que reclamamos desde hace tiempo: hacer frente a las necesidades y obras para la ciudad”.
