Todos los dardos para Clarín.
Todos los dardos para Clarín.

El gobierno nacional presentó un anteproyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que viene a reemplazar a la caduca norma pensada y redactada por la dictadura militar en 1980, con retoques neoliberales de los 90 que favorecieron la concentración de medios.

Los 21 puntos para reglamentar las nuevas tecnologías que contempla la propuesta oficial coinciden en un 95 por ciento con los 21 puntos elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, formada en 2003 por más de 300 organizaciones del campo popular: limita las prácticas monopólicas, le da aire a sectores sociales en tren de difundir bienes culturales de cada región del país, apuesta a la pluralidad informativa y –una para la tribuna– prevé que los principales partidos del fútbol profesional lleguen por televisión abierta.

Las principales empresas periodísticas –con el grupo Clarín a la cabeza–, hoy la oposición política más fuerte y ordenada que tiene el gobierno de Cristina Fernández, mostraron su descontento, silenciando la iniciativa gubernamental, agitaron a la gauchocracia para que salga otra vez a las rutas y no se olvidaron de la “la ola de inseguridad que acecha al país”.

Pocos pensaban que el gobierno avanzaría en este anteproyecto de ley en un año electoral, con los grandes medios en su contra. El golpe sorpresa volvió a salir de la Casa Rosada, en un día especial: un 18 de marzo fueron nacionalizados los teléfonos por el primer gobierno peronista.

En la sociedad de la información, que los medios aparezcan en debate, posicionados como actores políticos, es un avance que profundiza la democracia. Esto sucede en muchas democracias latinoamericanas surcadas por multimedios formadores de opinión pública, en algunos casos abiertamente golpistas. Este anteproyecto de ley para regular el éter está dirigido a garantizar el ejercicio universal para todos los ciudadanos del derecho a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones, con garantías para la libertad de expresión. Ubica a la información como bien público.

En un colmado Teatro Argentino de La Plata, la presidenta de la Nación presentó el miércoles pasado en sociedad la ley de servicios de comunicación audiovisual, en la que equipos técnicos del gobierno venían trabajando desde hace un año. Estuvo acompañada por el titular del Comfer, Gabriel Mariotto; el jefe de Gabinete, Sergio Massa y el secretario de Medios, Enrique Albistur. En el acto dieron el presente rectores universitarios, cooperativistas, gobernadores, sindicalistas, actores, referentes de la cultura; de distintas religiones, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y una bullanguera presencia de estudiantes universitarios de la Juventud Peronista, agrupados en La Cámpora (con remeras que decían “¿Qué te pasa Clarín?”), La John W. Cooke, Movimiento Evita, Martín Fierro, Peronismo Militante, entre otras. Los jóvenes introdujeron las canciones y los símbolos que hacen a la liturgia de Perón y Evita, en un acto que hasta ahí venía frío y descolorido. Cuando el ex presidente Néstor Kirchner ingresó al teatro todos se pusieron de pie, aplaudieron y fueron a saludarlo.

De la provincia de Santa Fe viajaron cooperativistas, representantes del Sindicato de Prensa de Rosario, de la CTA Santa Fe; trabajadores de la comunicación; docentes y el rector de la UNR Darío Maiorana; referentes políticos y sociales de diferentes sectores. También se lo vio al secretario de Información Pública del gobierno provincial, Rubén Galassi.

“Tomala vos, dámela a mí, el que no salta es de Clarín”, fue el hit de la tarde en el teatro de La Plata. Se podía observar a muchos de los presentes con una calcomanía pegada en sus ropas que hacía referencia a los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, conformada por organismos de derechos humanos, trabajadores de la comunicación de la CGT y la CTA, las universidades, investigadores y medios de comunicación, entre ellos medios comunitarios y cooperativos; pequeños empresarios de radio y TV e integrantes de organizaciones sociales y estudiantiles. La Coalición impulsó en los últimos cinco años un debate público sobre la necesidad de modificar la ley vigente. Cada vez que en la sala se mencionaba que el anteproyecto impulsado por el Ejecutivo se había inspirado en el trabajo de la Coalición una ametralladora de aplausos se disparaba desde las butacas. En su momento, vale recordar, desde la Coalición repudiaron la decisión del ex presidente Néstor Kirchner de prorrogar la licencia licitatoria de Canal 13 y la fusión de Multicanal con Cablevisión, todas empresas de Clarín.

Los oradores (Massa, Mariotto y Cristina) coincidieron en destacar que la nueva norma que busca regular los servicios de radio y TV es “una vieja deuda de la democracia”, basada en una legislación moderna cuya confección se inspiró en reglamentos de otros países. Es una ley que acompaña el salto tecnológico de los últimos años. “Debemos desconcentrar y democratizar la propiedad de los medios, favoreciendo el federalismo real que fortalezca lo local, con protección de nuestros bienes culturales (…)”, se lee en la introducción de la propuesta que ahora tendrá 60 días de debate público entre todos los actores de la comunicación antes de pasar por el Parlamento nacional.

El espíritu del proyecto se ampara en el artículo 75 de la Constitución Nacional: “Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales”.

Sectores opositores como la Coalición Cívica de la futuróloga Elisa Carrió y el radicalismo conservador de Gerardo Morales, en sintonía con los grandes grupos económicos que conforman verdaderos imperios mediáticos, salieron en defensa del mercado y criticaron el proyecto de ley de radiodifusión, incluso antes de que se conozca públicamente. Dijeron que con la medida el gobierno busca “controlar periodistas independientes y cercenar la libertad de expresión”. Más, se animaron a convocar a una marcha de comunicadores contra la nueva ley. “Esta no es una propuesta de Cristina, no es la propuesta de un gobierno o de un partido. Queremos que sea la propuesta de todos los argentinos, para que todas las voces sean escuchadas”, destacó la presidenta durante la presentación del proyecto.

¿Cómo se explica que los mismos monopolios desde sus pantallas se quejen por la «falta de libertad de expresión»? En otros países, como Venezuela y Bolivia, también claman por la libertad de expresión al tiempo que llaman a derrocar “al tirano” y “al indio”. En Argentina no es tan así, pero andan cerca. Habrá que ver qué sucede cuando sus intereses se vean perjudicados.

El grupo Clarín, que controla 32 empresas ligadas a la comunicación, es el principal afectado por la iniciativa, que también permite la prestación del servicio de lo que se conoce como el triple play, donde las empresas telefónicas podrán incursionar en la TV, además de la telefonía e internet. En este sentido, existe el riesgo de que Telefónica de Argentina, de capitales españoles, avasalle el nuevo mapa de la radio y la TV. Será un tema para las mesas de debate por venir.

Acá, los principales puntos de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que se pueden leer en www.comfer.gov.ar:

-Se garantiza el derecho humano universal al derecho a la información y a la libertad de expresión como lo prevé el 13 de la Convención Americana sobre Derechos humanos.

-El organismo que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual será dirigido por un órgano colegiado integrado por representantes de la legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría y representantes del Poder Ejecutivo Nacional.

-Se garantizará y protegerá el trabajo local y argentino mediante cuotas de pantalla de cine nacional.

-Se exigirá el 70% de producción nacional en las radios y el 60% en la TV.

– Se reservará con carácter inderogable, el 33% del espectro de las frecuencias para las personas jurídicas sin fines de lucro tales como, asociaciones, fundaciones, mutuales, etcétera.

-Se impedirá la formación de monopolios y oligopolios.

-El Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los municipios tendrán asignadas frecuencias.

-Se fomentará la producción de contenidos educativos e infantiles.

-Se establecerá un Consejo Asesor sobre Audiovisual e Infancia para garantizar el cumplimiento de estos objetivos.

-Se promoverá la polifonía de informaciones y opiniones en concordancia con lo establecido en los pactos de Derechos Humanos.

-Se propondrá un sistema de medios estatales con objetivos democráticos, con participación y control comunitario y social.

-Se dará participación al Congreso de la Nación, y su intervención será obligatoria en la conformación de la Autoridad de Aplicación, la elección de las autoridades de los Medios Públicos y la elección del Defensor del Público.

-Para ello se crea la Comisión Bicameral de Seguimiento y Promoción de los Servicios de Comunicación Audiovisual.

-Está previsto el mecanismo de Audiencias Públicas para determinar prórrogas de Licencias y decisiones sobre el uso que se dará a las nuevas tecnologías, por ejemplo, el destino del dividendo digital.

-Sólo se podrán tener 10 licencias de servicios abiertos, contra las 24 de ahora.

-Las licencias de TV paga estarán limitadas en número y en cuotas de mercado.

-Se reglamenta el tiempo de publicidad en los sistemas de TV paga.

-Las licencias durarán 10 años y se podrán prorrogar 10 por años más, previa realización de audiencias públicas.

-Se regularán las señales de TV.

-Se promoverá un régimen de transparencia de titularidad de propiedad de las licencias.

-Las nuevas tecnologías son consideradas una herramienta esencial para asegurar la pluralidad y diversidad de voces.

-Se promoverá la universalización de su acceso para achicar la brecha digital y promover la alfabetización tecnológica.

-Se prevén servicios conexos a los de comunicación audiovisual en forma flexible, y con neutralidad tecnológica.

-Se adoptarán medidas para la desconcentración de la explotación monopólica de derechos de exhibición.

-Se promoverá tanto la participación institucional de las provincias como la protección a contenidos locales y regionales destinados a sostener la producción local.

-Este proyecto prevé que los partidos de fútbol relevantes podrán verse por TV abierta.

-Se promoverá la regularización de medios comunitarios, que han estado excluidos durante décadas.

-Se promoverá la creación de conglomerados creativos y de contenidos

-Se prevé la adopción progresiva de medidas para permitir que las personas con discapacidad accedan a la programación,

-Se condicionará a que se garantice que más del 50% de su mercado esté disponible para que otro prestador pueda participar.

-Se establecerá una tarifa social.
 

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