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La Asociación Madres de Plaza de Mayo pidió ante el Consejo de la Magistratura el juicio político contra los miembros del Tribunal Oral Federal 5, quienes les negaron a las integrantes de la entidad el derecho de presentarse como querellantes en la causa por violaciones a los derechos humanos en la Escuela de Mecánica de la Armada. La presentación, firmada por Hebe de Bonafini con el patrocinio del abogado Eduardo Barcesat y entregada este jueves por la mañana en la mesa de entradas del Consejo, reclama la remoción de los jueces Guillermo Gordo, Daniel obligado y Ricardo Farías, a quienes las Madres les imputan “mal desempeño en sus funciones”.
El escrito de 17 carillas al que tuvo acceso la agencia de noticias Télam señala que las Madres Ana María y Claudia Careaga y Luis Bianco se presentaron en la megacausa ESMA solicitando ser tenidos como parte querellante en lo que atañe al asesinato de la fundadora de la entidad, Azucena Villaflor, María Eugenia Ponce Blanco y Ester Careaga.
El juez federal de primera instancia Daniel Rafecas elevó a juicio la causa en cuanto concierne al represor Adolfo Donda, y fue en esa etapa procesal cuando las Madres pidieron que los crímenes investigados se encuadraran en el marco de la Convención Internacional sobre la prevención y Sanción del Delito de Genocidio.
En la presentación ante el Consejo de la Magistratura, las Madres admiten que no todos los querellantes fueron de la misma opinión, pero resaltaron que esa postura fue una constante de la entidad a lo largo de toda su historia.
El TOF 5 podía rechazar la tipificación propuesta, “pero lo único que no podían hacer es lo que efectivamente hicieron: apartarnos del rol de querellantes para discernir esa función, so color de la unificación de las querellas” en quienes eligieron otra calificación para los delitos investigados.
Las Madres resaltaron que la extrema demora en las causas por delitos de lesa humanidad no se ha debido a la multiplicidad de querellas, sino a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y a la insuficiente estructura del Poder Judicial para acometer los procesos por delitos de lesa humanidad.
En el escrito, destacaron que la unificación de querellas no podía ser impuesta por el Tribunal, el que sólo estaba facultado para proponerla, y que el silencio ante esa sugerencia no podía ser entendido como aceptación.
“Se presenta como un serio despropósito y afectación a la garantía de la defensa en juicio de la persona y sus derechos, que se imponga una unificación de personería entre querellantes” que han fundado los pedidos de elevación a juicio bajo calificaciones diferentes.
“El TOF 5, de haber examinado mínimamente la causa, se habría abstenido de disponer unificación alguna. Mucho menos de interpretar el silencio de las partes como una autorización – en blanco- para proceder a la unificación que se le antoje”, abundaron las Madres.
“La fracturación de causas, su dispersión en casos que se pretende exhibir como aislados, pertenece a un proyecto de desconcientización del pueblo argentino. Que las condenas sean por casos aislados, que se pierda la dimensión humana e institucional del obrar genocida”, concluyeron.
(Fuente: Télam)
