La presidenta de la Nación resolvió acelerar el tratamiento de los numerosos proyectos que se han acumulado sobre Justicia penal juvenil. Entre ellos, creo que el más importante es el propuesto por nuestro compañero diputado nacional por Solidaridad e Igualdad (SI) Emilio García Méndez.
Ha sido necesario que escuchemos azorados a familiares de una víctima (un trabajador muerto a balazos por un adolescente casi niño en Valentín Alsina, partido de Lanús) para pedir que al menor victimario "lo torturen o lo corten en pedacitos", y ver la reacción enloquecida de una turba contra el fiscal de Lanús para comprender esta necesidad imperiosa, que desde hace tiempo venimos planteando.
Aun advirtiendo el dolor y la profunda tristeza de los familiares y vecinos, y comprendiendo las pasiones, debemos resolver si somos una sociedad civilizada o estamos en camino al retorno del "ojo por ojo y diente por diente".
Es necesario poner el tema inseguridad en su justo lugar, no minimizarlo, pero tampoco podemos aceptar la justicia por mano propia. Con mayor violencia no vamos a mitigar los dramas que genera la exclusión social. Una política de seguridad nada tiene que ver con penas de muerte, torturas, apostillas "blumbergianas", ni demagogia política en momentos electorales; debe ser una política de Estado, que comprenda una mayor inclusión social, mayor distribución de la riqueza y acceso a la educación, sumado a una policía profesionalizada, exenta de actos de corrupción, una Justicia que actúe con mayor celeridad, con medios de comunicación que no generen una psicosis ciudadana para levantar su rating, ni pongan en duda la democracia en cada hecho delictivo que se genere.
Actualmente Argentina es el único país de América latina que no tiene una ley de responsabilidad penal juvenil y que ostenta condenas perpetuas para menores de edad (los casos son 12 y se dieron en chicos que cometieron delitos graves por los que se los encerró en institutos de menores, a la espera de que cumplan la mayoría de edad para otorgarles la pena máxima).
Como vemos, el problema de los menores de edad en conflicto con la ley (a quienes algunos medios de comunicación se refieren tan livianamente como "delincuentes" , "asesinos", "monstruos", etcétera) constituye sin duda el más grave y olvidado de los múltiples aspectos que rodean al complejo problema de la inseguridad. Decimos esto porque luego de un cuarto de siglo de democracia, tenemos todavía vigente un Régimen Penal de la Minoridad, que es herencia intacta de la dictadura militar: el decreto ley 22.278 de 1980. En virtud de esta legislación que implementa como "política social" la internación de los adolescentes (pobres obviamente) en
institutos supuestamente de rehabilitación, se mantienen privados de libertad a menores de 16 años sin un debido proceso y sin haberle garantizado el derecho mínimo a defensa, y muchas veces sólo por causas sociales en violación flagrante de la Constitución nacional, la Convención de los Derechos del Niño y la ley de protección de la infancia 26.061. Ni el más peligroso de los delincuentes adultos se encuentra en una situación similar.
Pensemos que los últimos datos oficiales disponibles (informe "Privados de Libertad" que realizó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con Unicef Argentina a fines de 2005) mostraban que en el país había 19.579 niños, niñas y adolescentes privados de la libertad. De ese total, el 84,8 por ciento se encontraba bajo una medida judicial por supuestas razones asistenciales o de protección, mientras que apenas el 15,2 por ciento lo estaba por causas penales. Y de ese porcentaje, al 80 por ciento sólo se le ha imputado delitos menores, en su mayoría contra la propiedad.
Como homenaje a estos 25 años de democracia que nos ha sido tan cara, empecemos a construir como ciudadanos críticos y responsables un sistema que articule el derecho de la sociedad a su seguridad colectiva, con el derecho de los individuos (incluido
el de los niños y adolescentes) a sus garantías individuales, en el que la libertad y la vida deben ocupar un lugar fundamental.
La sanción de una ley de responsabilidad penal juvenil es uno de los primeros pasos que debe darse en ese sentido. Esta es la dimensión del desafío que nos incumbe a todos.
(*) Diputada provincial santafesina por el Partido Solidaridad e Igualdad (SI)
