Un recorrido por algunas “noticias” de las últimas 48 horas. Los titulares de los diarios y el rol partidario. El lugar de la política frente a los grandes medios de comunicación. Un poco de historia y la mirada sobre el futuro.
El matutino más importante de la Argentina salió a la venta el día martes 18 de agosto con el título de tapa: “El gobierno oculta hace un año datos clave para el campo”.
La nota desarrollada llevó la firma de Matías Longoni y relata una serie de irregularidades en la Secretaría de Agricultura que implicarían desplazamientos de funcionarios técnicos y ocultamiento de información estratégica.
Como fuente, el periodista toma testimonios de una funcionaria desplazada, un ex funcionario de Agricultura y de varios analistas de agronegocios, lo cuál le otorga a la versión un sustento interesante, aunque no haya consultado en forma oficial a ninguno de los funcionarios actuales a cargo del tema.
La denuncia entra en la normalidad de la actuación periodística. Pero a escasas doce horas de la publicación impresa, el bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical presentó un pedido de informes al gobierno por el ocultamiento de datos para el campo. Así lo afirmó un cable de último momento publicado por la edición en Internet del Diario Clarín a las 18.39 horas.
Los diputados Aguad y Morini (presidente de bloque y principal referente en temas agropecuarios de la UCR) estamparon su firma en el proyecto que toma como principal fuente la investigación de Longoni y vincula el hecho a lo acontecido en el Indec.
La lógica es muy simple: el periodismo investiga, le da difusión pública y la dirigencia política amplifica su impacto tomando como única fuente lo escrito por la prensa. Los medios fijan la agenda. La política va detrás.
No es la primera vez que esto sucede. La estrategia opositora de jugar a “todo o nada” la semana pasada en la renovación de las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo pareció ser una réplica perfecta de lo aconsejado por Carlos Pagni en una nota del 13 de abril de este año publicada por La Nación.
En esa columna de opinión, el periodista instaló el tema del 24 de agosto como fecha límite de vigencia de las facultades delegadas prorrogadas en el 2006. Pero concluyó incorrectamente que – de no aprobarse esta prórroga – las alícuotas de derechos de exportación fijadas por el Ejecutivo en uso de esas facultades (subdelegación) caerían en un “vacío jurídico”.
Tras esa nota, la oposición parlamentaria dejó de buscar quórum (sin éxito) en sesiones especiales para bajar las retenciones y puso “toda la carne en el asador” en el tratamiento de las facultades delegadas. Los 136 votos cosechados por el oficialismo pusieron en crisis esa estrategia que mereció reproches de la Mesa de Enlace a varios legisladores opositores.
En síntesis: los medios fijaron la agenda, los legisladores la asumieron como propia y solicitaron el apoyo de las entidades del sector. La derrota parlamentaria fue un cachetazo para los diputados opositores: ni La Nación ni la Mesa de Enlace ensayaron una autocrítica.
Como otra prueba más al respecto, vale detenerse en el conflicto desatado por la televisación del fútbol. En la edición impresa del 9 de Agosto de 2009, Clarín publica un reportaje a Marcelo Bombau, máxima autoridad de TyC. En el mismo dijo: “si el Estado pone 500 o 600 millones, habrá que ver quién se hace cargo luego de esa plata, más allá de que uno quisiera ver esos millones invertidos en escuelas (…) Sólo pretendemos que se respete el contrato”.
Bombau no quedó sólo en su reclamo: Francisco De Narváez dijo casi lo mismo. En cables de noticias difundidos ese mismo día expresó que la ruptura entre la AFA y TSC era otro "manotazo de los K y del gobierno contra la seguridad jurídica". E insistió: "la relación entre la AFA y los privados debe ser resuelta entre ellos".
El diputado nacional de Unión – PRO remató: “sería un despropósito que el Estado gaste dinero en la televisación del fútbol cuando, como dijo el Papa, la situación social es un escándalo". ¿Suena parecido al discurso de Bombau, no?
Pero la comedia – tragedia no terminó allí: al otro día, los diputados nacionales de la UCR presentaron por mesa de entrada de la Cámara baja un pedido de informes sobre el tema al Poder Ejecutivo. En sus fundamentos, los diputados Cusinato, Giubergia y Giúdici expresaron que “esta medida estaría atentando directamente contra la seguridad jurídica, ya que AFA estaría incurriendo en un incumplimiento del contrato que posee con TSC hasta el 2014”.
Y agregan: “Es imprescindible que el conflicto entre AFA y TSC se resuelva entre AFA y TSC, y que el estado permanezca al margen de asuntos que son estrictamente de mercado”. Una vez más: los medios marcan la agenda y las argumentaciones. Los dirigentes políticos, obedecen.
Dio en la tecla Agustín Rossi en su discurso de la pasada semana en el recinto en la Cámara de Diputados de la Nación. El legislador santafesino dijo que el problema fundamental de la Argentina no era la relación entre oficialismo y oposición, sino la tensión entre “la política y las corporaciones”. Y pidió valentía a los diputados para dar el debate en una nueva ley de servicios audiovisuales que democratice el mapa de los medios de comunicación.
Las posiciones asumidas por los bloques opositores encienden una señal de alerta. La entente conformada por los grandes medios de comunicación, los dirigentes políticos y las corporaciones económicas (de las cuáles los MCS son parte) aparece sólida y coherente en posicionamientos y argumentaciones.
Casi tan fuerte como las alianzas que trabaron el avance de las causas por los derechos humanos en los ’80 y promovían la minimización del Estado en los ’90 para dejar zona liberada al capitalismo más concentrado. ¿Deberemos esperar 20 años como en los DD.HH. o ser arrastrados a otro 2001 para darnos cuenta a dónde nos lleva este camino?
Los medios masivos de comunicación se apropian con su influencia del sentido común de amplios sectores de la población. Sus lecturas de la realidad no son inocentes: responden a intereses de poder muy concretos, a veces más o menos explícitos. Lo que ellos reclaman se transforman en verdades absolutas que merecen ser repetidas incansablemente. Estar en contra de lo que expresan los medios es ubicarse en el lugar “políticamente incorrecto”.
Por eso, muchos dirigentes políticos criticaron el rescate estatal de Aerolíneas Argentinas, pero nunca criticaron a Marsans. También acusaron al gobierno nacional de “manotear los fondos de las AFJP”, pero nunca criticaron lo que esas empresas hacían con los fondos de los jubilados. Y ahora critican la posible participación estatal en la resolución del conflicto de la televisación del fútbol, cuando nada dijeron en contra del monopolio privado que funcionaba a partir de la extorsión de los clubes.
En la historia argentina, cada vez que los dirigentes políticos asumieron la agenda trazada por los grupos de poder terminaron canjeando la búsqueda del bienestar general, propia de la política, por los intereses sectoriales propios de las corporaciones. Primero, necesitaron golpes militares para restablecer el orden perdido.
Luego, fueron audaces movidas económicas las que prevalecieron dentro de un marco jurídico democrático. ¿Cómo continuará esta historia? Los próximos meses ofrecerán al respecto una hipótesis de respuesta.
Depto Análisis Funif Rosario
