“No nos sentimos solos. No tenemos miedo. Hay que seguir, hay que pelear, y que ningún testigo tenga miedo de declarar. No nos van a asustar porque estamos juntos y somos muchos”, dijo este martes Josefina González, querellante en la causa Feced e hija de desaparecidos, al referirse a la intimidación que sufriera en su domicilio la semana pasada. Desde el gobierno provincial, en tanto, ratificaron que se dispuso el pase a disponibilidad de dos policías que estaban a cargo de la custodia de la casa de González y que se están tomando medidas para investigar y esclarecer el hecho. A la vez, continúan las expresiones de repudio a lo sucedido. El miércoles 30 de diciembre por la tarde desconocidos irrumpieron en el domicilio que González comparte con su esposo Federico Reynares. Los desconocidos revolvieron cajones y expedientes que se encontraban en el lugar y, además, dejaron mensajes intimidatorios sin llevarse dinero, electrodomésticos, ni elementos de valor.
González, con cinco meses de edad, fue secuestrada en 1976 junto con su hermana y su madre, que fue asesinada meses después. Actualmente, trabaja en la Fiscalía Federal donde se investigan crímenes de lesa humanidad. Reynares, en tanto, es secretario del Ministerio Público y también desarrolla tareas en causas contra represores de la última dictadura militar.
Ambos participaron este martes de una conferencia de prensa en la sede rosarina de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, en la que funcionarios del área, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial, expresaron “el más contundente repudio” a la intimidación.
De la conferencia de prensa participaron, además de González y Reynares; sus abogadas Leticia Faccendini y Gabriela Durruty; la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta; el director provincial de Programas de Derechos Humanos, Oscar Blando; y el comisario a cargo de la Unidad Especial para el Programa de Protección de Testigos y Querellantes, Omar Odriozola.
Acosta sostuvo que la decisión del gobierno es continuar con todas las tareas necesarias “para lograr que los juicios por delitos de lesa humanidad sigan su avance”, y expresó la solidaridad y el acompañamiento a las víctimas de esta intimidación.
En este sentido, dijo que se tomaron medidas “para investigar hasta las últimas consecuencias los hechos denunciados”, y reafirmó la necesidad de “desentrañar la oscura trama que hay detrás de estas intimidaciones”.
Por su parte, Blando hizo hincapié en la importancia de “apoyar y estar del lado de las víctimas”, y describió puntualmente los pasos que dio el gobierno como respuesta inmediata al hecho.
“La decisión política, por parte del Ministerio de Seguridad, fue el pase a disponibilidad de los dos agentes que estaban a cargo de la custodia (de las víctimas)”, señaló el titular de Programas de Derechos Humanos, al tiempo que agregó que, además, se inició una causa penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y se sustanciaron los correspondientes sumarios internos.
“Hemos emprendido todos los caminos posibles para que este hecho sea investigado y esclarecido”, indicó Blando, haciendo referencia al especial contexto histórico en que se produjeron, cuando están avanzando los juicios por delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado.
A su turno, Odriozola detalló las medidas que se adoptaron al interior de la fuerza tras la comisión de este acto intimidatorio, así como las acciones destinadas a su esclarecimiento. En esa línea, mencionó como antecedente otros hechos de intimidación contra testigos y querellantes de la ciudad de Reconquista, en los que actuaba una denominada “Hermandad”, y cuya investigación derivó en la detención y procesamiento de un sospechoso.
En tanto, Reynares describió los hechos ocurridos el 30 de diciembre y reiteró su convencimiento de que la violación de su domicilio “está dirigida al trabajo que se viene realizando sobre las causas por delitos de lesa humanidad”. También resaltó la solidaridad recibida por parte de funcionarios provinciales, nacionales y municipales, organismos de derechos humanos, querellantes, familiares y militantes.
En este mismo sentido, González destacó las muestras de apoyo y señaló que quienes perpetraron este hecho no lograron intimidarlos ni los hicieron dudar ni un minuto de la capacidad de reacción de quienes vienen luchando por la verdad y la justicia. “No nos sentimos solos. No tenemos miedo. Hay que seguir, hay que pelear, y que ningún testigo tenga miedo de declarar. No nos van a asustar porque estamos juntos y somos muchos”, enfatizó.
También estuvieron presentes en la conferencia de prensa el director provincial de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica, Jorge Pedraza; la subsecretaria de Derechos Humanos zona sur, Alejandra Gómez; abogados, querellantes, representantes de organismos de derechos humanos, dirigentes gremiales, políticos y sociales, así como legisladores locales y provinciales y familiares de detenidos y desaparecidos.
Repudios
El Colegio de Abogados, el concejal Alberto Cortés y Carta Abierta Santa Fe sumaron sus voces a los repudios contra la intimidación.
El Colegio de Abogados difundió un comunicado “ante estos hechos, que vienen a sumarse a otros de carácter intimidatorios contra testigos, fiscales, querellantes, que participan tanto en Santa Fe como en el resto del país, en los juicios contra los genocidas de la última dictadura militar”; y expresó “la solidaridad con las víctimas y su más enérgico repudio a estos actos de barbarie”.
Además, la entidad que agrupa a los abogados rosarinos exigió que “las autoridades, tanto nacionales como provinciales, redoblen sus esfuerzos a fin de prevenir estos hechos intimidatorios”.
“El Colegio de Abogados compromete todos sus esfuerzos para tratar de garantizar que los juicios que se desarrollen en Rosario puedan llevarse adelante con todas las garantías”, dice también el pronunciamiento.
También el concejal Alberto Cortés, del Partido Socialista Auténtico-Proyecto Sur, se refirió a la intimidación contra Gonzáles y Reynares, manifestando su “profunda preocupación” por ese y otros hechos “sucedidos en los últimos días del 2009 y que rememoran lo peor de mentes animadas solamente por la violencia y la impunidad”.
“Son episodios totalmente repudiables y que siguen marcando que hay ciertos sectores que reivindican un pasado de muerte y terror”, sostuvo Cortés
“Quienes han burlado a la democracia para acomodarse a sus mezquinos intereses es obvio que no entiendan de justicia”, indicó el concejal. Y agregó que “en base a lucha militante se va corriendo el velo de la impunidad y se va construyendo una sociedad que merece saber su pasado si pretende un país con mejor futuro”.
Desde Carta Abierta Santa Fe, en tanto, señalaron que “tanto la modalidad mafiosa del procedimiento como la singularidad de las personas a quienes fue dirigido y la oportunidad en que tuvo lugar, reclaman una investigación exhaustiva por parte de la Justicia Federal, en cuya órbita se sustancian los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar”.
Además, recordaron que “Josefina González es querellante en la causa “Díaz Bessone, Lofiego, Vergara, Marcote, Scortechini y Chomicki s/homicidio, violación y torturas” (ex causa Feced). En julio de 1976, con cinco meses de edad, fue secuestrada junto a su hermana y su madre, quien fuera asesinada meses después, tras interminables sesiones de tortura en el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía. Josefina además trabaja en la Fiscalía que investiga, entre otros, los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese Centro Clandestino de Detención. Federico Reynares, en su carácter de Secretario del Ministerio Público, participó en la instrucción de la megacausa Feced, cuya primera parte, ya elevada a juicio, involucra a más de noventa víctimas. Las audiencias orales y públicas comienzan en abril, y dada la magnitud de los crímenes que abarca y el número de testigos involucrados, difícilmente termine en el transcurso de este año”.
“Este episodio se produce al terminar un año en el que más de tres decenas de represores fueron condenados por diversos Tribunales Orales en nuestro país, mientras se espera que esa cifra se multiplique durante el año en curso. El primer juicio oral de nuestra provincia –la causa Brusa, en la ciudad capital– terminó con condenas ejemplares, incluyendo la del ex juez que le da su nombre. En febrero seguramente se escucharán en Rosario los alegatos en el juicio Guerrieri-Amelong, y habrá pedidos de pena máxima para los imputados”, continuaron desde Carta Abierta.
“No nos cabe ninguna duda que este acto intimidatorio, tanto como el perpetrado casi en simultáneo en la Secretaría bonaerense de Derechos Humanos, se inscriben en un escenario nacional de avance en el enjuiciamiento de los genocidas, con la consiguiente desarticulación de los enclaves autoritarios, en el marco de la política de derechos humanos que sostiene con firmeza el gobierno nacional”, concluyeron.
