El juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento y prisión preventiva de los cuatro represores a quienes responsabiliza por decenas de delitos de lesa humanidad cometidos en “El Vesubio”. La medida alcanzó a los ex coroneles Jorge Raúl Crespi, –rosarino, escrachado en su momento por la agrupación HIJOS Rosario– Federico Antonio Minicucci, y Faustino José Svencionis, junto al ex agente de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal Néstor Norberto Cendón, alias “Castro”. Entre las víctimas de “El Vesubio” se encontraban el escritor y periodista Haroldo Conti, el guionista de historietas Héctor Oesterheld y el director del cine Raymundo Gleyser, quienes permanecen desaparecidos.
Fuentes allegadas a la investigación indicaron este lunes a la agencia de noticias Télam que la medida se tomó en el marco de la “megacausa” en la que Rafecas investiga gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército y que fuese reabierta tras la derogación y declaración de “nulidad insalvable” de las leyes de obediencia debida y punto final.
Los procesamientos y las prisiones preventivas fueron dictados por los hechos que tuvieron lugar en ese “centro de detención y tortura” que funcionó en el Partido de La Matanza, entre abril de 1976 y noviembre de 1978; y los represores se suman a los ocho juicio está llevando a cabo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Cuatro desde el mes de diciembre último.
Crespi, de Rosario a “El Vesubio”
En el Regimiento de Infantería III de La Tablada “funcionó la Central de Reunión de Información (CRI), a cargo del coronel de inteligencia retirado Jorge Raúl Crespi, quien fue detenido e imputado por el juez por los hechos que damnificaron a 102 personas que estuvieron en el centro de detención; en función de su calidad de integrante de la División II de Inteligencia”, explicaron las fuentes.
Crespi siempre negó haber participado de detenciones, torturas, muertes y desapariciones durante el período en que revistó en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército. En 2003, la agrupación HIJOS Rosario, que detectó el domicilio de Crespi –un tradicional edificio ubicado en calle Dorrego, entre Santa Fe y Córdoba–, organizó un ruidoso escrache, a través del cual muchos vecinos que no conocían los penosos antecedentes del militar se dieron por enterados.
Pese a sus negativas, Crespi fue un oficial de Inteligencia que no sólo reportó en ese carácter durante la represión ilegal. Además participó de la denominada “Operación Algeciras”, durante la guerra de Malvinas, un descabellado plan de la Armada para atacar con cargas submarinas a buques ingleses apostados en el Peñón de Gibraltar.
Pese a que Crespi es un oficial del Ejército, la “Operación Algeciras” estuvo desde su inicio bajo el mando directo del Almirante Jorge Isaac Anaya, integrante de la Junta Militar como jefe de la Armada y mentor de la recuperación del archipiélago del Atlántico Sur, según relata el periodista Juan Luis Gallardo en un artículo publicado en el diario La Nación.
Según ese relato, el coronel rosarino, que estaba destinado en la embajada argentina en Madrid como agregado militar, fue el encargado de conseguir las minas italianas con que un ex comando montonero habría de llevar adelante el sabotaje en las naves británicas.
De hecho, los militares encomendaron la operación al ex oficial de Montoneros Máximo Nicoletti, que en 1974 fue el jefe del operativo que voló el catamarán donde viajaba por el delta del Tigre el comisario de la Policía Federal Alberto Villar, y en 1975 hundió la fragata ARA Santísima Trinidad, a poco de ser botada en el astillero de Río Santiago.
Nicoletti, que se quebró y logró un salvoconducto de los militares para salir del país, era buzo táctico, y cuando se le comunicaron los detalles de la operación pidió comandarla.
El Loco Nicoletti –así lo llamaban propios y extraños– pidió que se le proveyeran minas italianas para llevar adelante el atentado, y esa misión se le encargó a Crespi. El coronel debía procurar minas italianas de carga hueca, con 25 kilos de trotyl cada una. Crespi las recibió en España a través de la valija diplomática, envueltas en boyas de colores.
Ese episodio es importante porque, según relata la periodista Susana Viau en un artículo del diario Crítica titulado Sangre para lavar la sangre, en 1982 la embajada de la dictadura en España no pudo realizar el acto en conmemoración de la declaración de la Independencia:
“Poco después de terminado el conflicto, el acto con que la embajada argentina recordaba el 9 de Julio no pudo realizarse… familiares de desaparecidos frustraron la celebración y abortaron la misa tradicional en el Colegio Mayor Argentino. La mujer del director del hospedaje se había desmayado al pie del altar al escuchar el “¡Esas hostias están ensangrentadas!”, que había gritado una de las madres, que clamaban, golpeaban, arañaban las paredes vidriadas del Colegio. Al ver que el agregado militar, acompañado por su hijo, se escabullía, alguien le recordó que ese muchachito tenía la edad de los que habían sido traicionados en Malvinas. La policía nacional impidió que aquello terminara en una batalla campal entre los árboles del Parque del Oeste. Luego… (nos enteraríamos de) que el oficial era un tal coronel Crespi, el hombre encargado de proveer las minas con que la dictadura y el montonero pasado a sus filas, Máximo Nicoletti, habían planificado volar los transportes de la Royal Navy anclados en Gibraltar. Crespi era una de las piezas de la llamada Operación Algeciras”, escribió Viau.
Los años de “El Vesubio” ya habían pasado. Allí, junto a otros reconocidos represores, Crespi estuvo involucrado en los vejámenes, torturas y desapariciones de las 102 personas que permanecieron en ese centro de detención, revistando en calidad de oficial superior de la División II de Inteligencia.
Crespi figura en el listado de represores de Memoria Abierta, y de la Asociación Nunca Más, entre otros organismos defensores de los derechos humanos con sitios en Internet.
Los otros represores
Minicucci fue imputado por “su complicidad por los secuestros y torturas de 85 personas que permanecieron cautivas en «El Vesubio», en función de su desempeño durante el año 1977 como jefe del Regimiento de Infantería III de La Tablada”, indicaron los informantes.
Svencionis, por su parte, fue el sucesor de Minicucci, en 1978, en la Jefatura del Regimiento III de la Tablada, y el juez “lo responsabilizó por su intervención en el secuestro y tortura de 107 personas que pasaron por el centro de detención”, en tanto a Cendón el magistrado lo imputó por “los mismos delitos de los que fueron víctimas 204 personas”.
De acuerdo a las constancias del expediente la CRI, que funcionó en la sede del Regimiento III de La Tablada, “constituyó un eslabón fundamental en el plan de represión llevado a cabo en el ámbito geográfico perteneciente a la Subzona 11”.
Rafecas recordó que esa central de inteligencia “tenía entre sus funciones la detención de personas, alojamiento e interrogatorio de detenidos, planificación y supervisión de operativos de detención; facilitación de los medios para tales procedimientos ilegales” y operaba “como reducto para la recepción de todo lo secuestrado en los domicilios de las víctimas: papeles, libros, documentación, ropa o incluso electrodomésticos”.
Las víctimas “fueron sometidas a torturas en la medida en que padecieron un régimen de detención que implicaba: el tabicamiento, medios de sujeción e inmovilidad, la privación de agua y alimento, la frecuente prohibición de ir al baño, la exposición a desnudez”, detalló el magistrado.
A esos tormentos, indicó el juez, se agregaba “la prohibición del habla, la amenaza constante con ser torturado físicamente, interrogatorios y en casi todos los casos, la aplicación de picana eléctrica, submarino, quemaduras o golpes; mecanismos que se encaminaban a obtener la despersonalización de las víctimas”.
Entre quienes estuvieron ilegalmente privados de su libertad en “El Vesubio” se encontraban el escritor y periodista Haroldo Conti, el guionista de historietas Héctor Oesterheld y el director de cine Raymundo Gleyser, quienes aún permanecen desaparecidos.
(Fuentes: Télam/ La Nación/ Crítica)
