Con su notable capacidad para adecuar su discurso al público que lo recibe, el intendente Miguel Lifschitz pidió este lunes intervención policial y judicial para los cuidacoches –a los que comparó con una mafia– y “garantizar la libre circulación” en la autopista Rosario-Buenos Aires, que está cortada por los 900 obreros de Paraná Metal que temen por su continuidad laboral. Palabras para la platea que vio el triunfo de Las Leonas.
Lifschitz volvió recargado de su gira por China, aunque su actitud no necesariamente luzca maoísta. En diálogo con Radio Dos, el intendente reclamó hoy palos y condenas para los cuidacoches, luego de que el domingo último la GUM y efectivos de la comisaría 2ª detuvieran a dos de ellos por “coaccionar” a automovilistas que querían aparcar en el lugar, al pedirle “entre 10 y 15 pesos”.
“No se trata de una persona que accidentalmente se puso en una esquina a trabajar, sino de una organización pesada”, describió Lifschitz a los cuidacoches del Parque Nacional a la Bandera.
En ese contexto, consideró “insuficiente” el accionar de las fuerzas municipales y reclamó las policiales y la participación de la Justicia.
Para el intendente, el osado tarifario de los cuidacoches –que supera ampliamente el de un parkin constituido– no constituye “una falta sino un delito”.
“No es un tema que lo debe resolver sólo el municipio. Si no hay una intervención clara de la Justicia y la policía, la tarea municipal no es suficiente y no alcanza”, proclamó.
“Es una situación de amenaza para que una persona haga uso de su servicio público”, denunció luego Lifschitz. “Pese a que se trabaja en esto, son sólo acciones individuales que no tienen ninguna proyección a largo plazo”, admitió sobre el fracaso de su gestión respecto a los “trapitos”.
Las palabras del intendente son cualquier cosa menos neutras. Lifschitz pidió palos y sentencias para un sector vulnerable de la sociedad, pero no para dulces niños que van a desayunar mate cocido a un comedor comunitario, sino para tipos “feos, sucios y malos” que amedrentan a las buenas conciencias de la clase media con su astronómico tarifario.
En ese sentido, el reclamo oficial fue muy astuto. Nadie que tenga auto –e incluso aquél que no lo posea– puede dejar de sentirse ofuscado ante un tipo que te reclama 15 pesos para estacionar en un lugar que es público, y por el que nada hay que pagar. El consenso social al respecto es total.
Sin embargo, no parece que la judicialización de la pobreza sea el mejor camino para encauzar a los “mafiosos” que piden monedas para lavar los parabrisas de los automóviles o “cuidar” un automóvil estacionado. Y, objetivamente, choca contra la tradición socialista de incluir a los menos favorecidos.
Con los obreros, también
El ideario belicista que Lifschitz trajo del gigante comunista no se detuvo en los que menos tienen, sino que abarcó también a aquellos que poseen un empleo y temen perderlo. Así, cayeron en la verba oficial los trabajadores de Paraná Metal, que cortan la autopista Rosario-Buenos Aires a la altura de Villa Constitución en defensa de sus puestos laborales.
“La Nación debe garantizar la libre circulación en la autopista”, demandó el intendente, que ha tenido semanas la calle cortada frente a la Municipalidad por la Corriente Clasista y Combativa.
Para Lifschitz la protesta de los trabajadores es “inaudita” y cree que “desde la Capital Federal no se percibe la magnitud del problema”, por eso no le agregan goma policial a la que ya queman los trabajadores.
En rigor, una de las políticas más coherentes e “inauditas” que exhibió un gobierno nacional desde el regreso de la democracia, en diciembre de 1983, fue la de las dos últimas gestiones que decidieron no reprimir el conflicto social, sino encauzarlo por la vía del diálogo sin necesidad de concesiones de carácter extorsivas.
Lifschitz prefirió, sin embargo, tomar otro camino. Dijo que “la situación va más allá del legítimo reclamo de los trabajadores de la autopartista”. Y le rogó al gobierno que venga “intervenir en el conflicto y garantizar la libre circulación”.
El gobierno interviene en la situación, pero no con la Policía Federal ni con la Gendarmería, sino con el Ministerio de Trabajo.
