Karina Germano es hija de desaparecidos y está presa en el penal de mujeres de Ezeiza, tras ser detenida en Brasil en el marco de una investigación contra un grupo político que había secuestrado a un empresario en 2001. A pesar de que varios integrantes de dicha organización declararon en el juicio que Karina no participaba de la misma, fue condenada a 30 años de prisión y llevada a la cárcel de Carandirú. Gracias a un pedido del ex presidente Néstor Kirchner, fue trasladada a la Argentina pero su causa cayó en manos de funcionarios judiciales involucrados con la dictadura, y lo que parecía ser el final de un mal sueño terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo de la misma pesadilla.
Karina Germano se crió junto a su madre en España, donde se exiliaron luego del secuestro y desaparición de su padre durante la dictadura. De allí le viene el mote con que cariñosamente la llaman sus amigos, y la afectación de su voz. En 1998 retornó a la Argentina y se acercó a militar en la regional de HIJOS Capital Federal. Por estos meses, se está desarrollando una campaña a nivel nacional e internacional para que se cumplan los derechos que le asisten, y que la justicia le niega sistemáticamente, como las salidas transitorias.
Organismos de derechos humanos, encabezados por Abuelas, Madres e HIJOS, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia que le otorgue los beneficios que le corresponden a Karina tras cumplir diez años de prisión. En Rosario, agrupaciones lideradas por la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre se sumaron a la movida y realizaron un acto en el Centro Cultural La Toma en “apoyo a la Gallega”.
En una extensa charla telefónica con El Eslabón, publicada en septiembre del año pasado, Karina contó cómo sostiene su lucha dentro y fuera de la cárcel. “Recomencé en la militancia en el año 98, luego de sufrir la dictadura, la desaparición de mi padre, el dolor de no saber ni la fecha de su secuestro, lo que agrava la situación ya que no logras encontrar un día para canalizar el duelo”, recordó durante la conversación.
―¿Cómo fue que terminaste en la prisión brasilera de Carandirú?
―En el año 2001 decidí pasar unos días en Brasil con otros compañeros de países latinoamericanos. Ahí fui detenida en una casa con otros seis compañeros, acusados de haber realizado un secuestro a un empresario paulista a principios de año. Nosotros estábamos en un lugar turístico del estado de Sao Paulo y este señor estaba secuestrado en la capital. A las personas que habían secuestrado y a los que se hacían cargo del secuestro en sí, no los agarraron. El juicio no tenía a los partícipes directos. Fue una farsa en el sentido de que a nosotros nos juzgaron por esos delitos.
En la primera instancia fuimos condenados a 16 años de prisión, ya que reconocieron que la motivación del delito era política, que no era para lucro personal sino que estaba hecho por organizaciones revolucionarias latinoamericanas como el MIR y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La fiscalía apeló el caso para obtener una sentencia ejemplar. Tomaron nuestro caso para que a nadie se le ocurriera ir a tierras brasileras a cometer semejante hecho. La fiscalía pidió treinta años de prisión, y sin darle la opción a la defensa de apelar después de su representación oral entraron con la sentencia ya firmada, los treinta años que pedía el fiscal. Esa fue la condena que nos quedó a los seis, compañeros chilenos, colombianos y yo.
―¿Con qué realidad te encontraste cuando ingresaste al sistema penitenciario brasilero?
―Me enviaron al penal de Carandirú junto con una compañera, Marta, una chiquita colombiana que estaba con nosotros. Ahí atravesé la situación que se vive en las cárceles de Brasil con el crimen organizado que maneja las prisiones. En Sao Paulo, quien maneja el crimen organizado es el PCC, en Río de Janeiro es el Comando Bermejo, estos estaban en una profunda guerra con el gobierno del Estado paulista. Se generaban motines todo el tiempo, cada dos, tres meses. Era muy difícil mantenerse neutral entre la policía y el crimen organizado, pero gracias a un buen juego de cintura conseguimos mantenernos al margen de eso aunque no éramos ajenos a los constantes desbarajustes, motines, represión, ajustes de cuentas y demás.
En mayo del 2006 fue a visitarme mi mamá que vive en España, recibí su visita para el día de la madre y en ese momento explota un motín, a ella la sacan con una 9 milímetros en la sien y presencia como disparan contra las compañeras presas, observa cómo se desangran y sacan sus cadáveres, cosa que la asustó mucho. Cuando vuelve a la Argentina se reúne con los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales para conseguir mi traslado al país, lo consiguen acogiéndome a un tratado de bilateralidad sobre condenados entre ambos gobiernos. Esto se basa en la posibilidad de cumplir condena en tu país para tener una mejor resocialización. Esto sucede durante el gobierno de Néstor Kirchner.
―¿Cómo queda, con tu traslado al país, tu situación con relación al cumplimiento de la pena?
―La ley brasilera de ejecución penal, la que dice como imponer la pena a la que fuiste condenado, dice que a un sexto de cumplir la pena se obtiene el derecho a las salidas transitorias que en la condena que me dieron a mi sería a los cinco años. Al momento que me va a buscar INTERPOL para transferirme a la Argentina restaban solo cuarenta y nueve días. Me traen a la Argentina en noviembre del 2006 con la esperanza de conseguir la salida transitoria en el país. Comenzando los trámites burocráticos me encuentro con un juez de ejecución que me prometía todo el tiempo que me iba a dar la transitoria, después de ocho meses en los que se estabilizan los papeles me entero que el fiscal que interviene en la argentina se opone. El fiscal resultó ser Oscar Hermelo, quien ejercía como abogado lavando los bienes que los milicos le robaban a los desaparecidos de la ESMA, en donde es visto por última vez mi padre.
―¿Qué es lo que sabés de Oscar Hermelo?
―Fue Scilingo, el milico arrepentido, quién acusó a Hermelo. Además hay una foto en la cual Massera lo está condecorando como colaborador civil dentro de la ESMA. Hay bastante documentación fehaciente de que fue así. Ese es el fiscal que me tocó en la ejecución penal de primera instancia.
En sí, Argentina no puede meterse en la causa porque es jurisprudencia brasilera y la condena está dictada. Pero en la ejecución de la pena sí tiene injerencia Argentina. A mí me niegan las salidas transitorias utilizando la modalidad de ejecución de pena Argentina para un código penal brasilero y ahí se da la desarmonía que nosotros señalamos.
El sexto del cumplimiento de la pena que da el Brasil para las salidas transitorias, es con respecto a una cantidad de años superior al de Argentina. Acá para la misma carátula que yo tengo en Brasil, dan de 12 a 20 años. A mi allá me dieron 30.
En la ejecución de pena, Argentina dice que a la mitad de las condenas tenés derecho a las salidas transitorias. Lo que sucede es que toman los años de mi condena, dictados en base al código penal brasilero, y toman la ejecución penal argentina.
En su momento apelamos y pasamos al Tribunal de Casación, ahí me encuentro en una sala con el juez Gustavo Mitchell, a quien teníamos sospechado por haber firmado las fe de nacimientos truchas de los pibes apropiados por la dictadura, cosa que ahora fue corroborada como cierta. Por supuesto también recibo una negativa de ese juez, que no salgo y que puedo salir recién a la mitad de pena. La diferencia son 10 años de encierro. Luego nos dirigimos a la Corte Suprema y nos encontramos con la alegría de que la fiscalía de la Corte está de acuerdo con la defensa, y que afirma que me corresponden las salidas transitorias. Los siete jueces de la Corte lo único que tenían que hacer era una firma administrativa porque no hay conflicto. Resulta que mágicamente ese fallo sale la misma semana en que comienza el juicio por los crímenes de lesa humanidad en la ESMA. Se vuelcan tres jueces a favor y cuatro en contra, esos se dan el lujo de ni siquiera fundamentar porqué no me dan las salidas transitorias, eso sucedió durante cuatro años.
―¿Qué sucedió con el resto los detenidos en Brasil? ¿Ya tienen salidas transitorias?
―Dos de ellos comienzan a tener las salidas transitorias, y con ese nuevo elemento como prueba me vuelvo a meter en la justicia en primera instancia. Ahí me vuelven a decir que no. Lo mismo en Casación con el juez Michel. También recibo la negativa. Ahora estoy en la instancia de la Corte Suprema, con la esperanza de que esta vez los jueces piensen lo que firman. Con un voto más yo ya tendría el derecho a mis salidas.
Durante estos cinco años yo he llegado a la fecha en la que me toca la condicional que sería el 26 de noviembre, es la suerte que ya están corriendo mis compañeros en Brasil. No empecé a pedir que me aplicaran una ley estando en argentina, yo sufrí seis años del régimen brasilero, por lo cual me correspondía la ley del Brasil.
―¿En qué situación judicial se encuentra tu reclamo en este momento?
―Como no existen plazos en la Corte Suprema, sólo me queda esperar. Por eso esta campaña agarro fuerza ahora, la titulan “la Galle a la calle”, y realizamos varias actividades en distintos lugares con muchas adhesiones de agrupaciones, partidos, artistas e intelectuales que se solidarizan con mi situación.
―¿En todo este tiempo de encierro, cómo fue tu lucha dentro de la cárcel?
―Uno tiene dos opciones cuando está en el encierro, resistir o dejarse estar. Podes dejarte estar y entrar en la inercia tumbera. Yo decidí resistir, había entrado sólo con la primaria en estudios, así que terminé toda la secundaria en Brasil, en idioma portugués. También di clases de español a mis compañeras, y varios cursos de manualidades. Podés generar diferentes espacios, no sólo educativos sino también culturales, que son los espacios de libertad que se generan en el encierro. Es una de las formulas que hay para que el tiempo no se estire, para que el día pase volando y a la noche caigas muerto de cansancio en la cama. Son formas de resistencia, yo me aferré a esas.
―¿Y desde que estás en Ezeiza?
―Cuando llegué acá me sorprendí con la existencia del programa de UBA22, que es educación universitaria en las cárceles, con clases regulares. Esto se venía practicando desde hacía 25 años y ya había un grupo de universitarios con el que pusimos, en el año 2007, el Centro Universitario Ezeiza, el CUE. Dentro de éste, nosotros renovamos un poco la modalidad con la que se practicaba en otras cárceles. En nuestro caso trabajamos de manera horizontal y no hay jerarquía alguna, cualquiera de las que conforma el Centro es capaz de representarnos. Nos planteamos varios objetivos en el Centro.
Además de construir nuestro propio espacio de estudio colectivo, empezamos a pensar que no queríamos un espacio elitista sólo para los que hacíamos una carrera universitaria, sino una herramienta para el resto de la población carcelaria. Comenzamos a generar muchas actividades sin discriminación de formación académica, ni de edad, ni de nacionalidad.
Intentamos que cada una que pasa por acá se lleve las herramientas para no tener que volver a este lugar, porque si antes de entrar tenían pocas alternativas para subsistir, después del paso por prisión éstas se reducen aún más.
Esta nota fue publicada en la edición septiembre 2011 de El Eslabón.
