Un juez de primera instancia dispuso que una empresa cordobesa pueda inscribir un título de propiedad sobre 5 mil hectáreas dudosamente compradas a una comunidad indígena del Chaco. Los habitantes desalojados buscan apelar el fallo.
El Registro de la Propiedad Inmueble del Chaco negó la inscripción de un título de propiedad a una empresa cordobesa Bajo Hondo Agropecuaria SA que compró casi 5 mil hectáreas de tierras de propiedad comunitaria indígena, transacción que se encuentra prohibida por ley provincial, por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y por los tratados internacionales a los que se encuentra adherida la Argentina, así lo informó el gobierno provincial el lunes 19 de marzo pasado.
Sin embargo, en una sentencia de diciembre de 2011 el juez saenzpeñense Juan Zaloff Dakoff había convalidado que la firma Bajo Hondo Agropecuaria SA pueda inscribir a su nombre el título de propiedad de esas tierras obtenidas en un dudoso procedimiento que se encuentra bajo investigación por parte de la justicia penal de Presidencia Roque Sáenz Peña.
En los próximos días el magistrado deberá resolver si acepta como parte en la causa a un grupo de familias moqoit -que habitan y trabajan en esas tierras- que pretenden apelar el fallo. En la actualidad, la empresa habría abandonado las tierras en litigio.
El caso
En octubre de 2011, el presidente y el secretario de la Asociación Comunitaria Colonia LPA NA A QOM firmaron un boleto de compraventa en una escribanía de Quitilipi con representantes de la empresa Bajo Hondo Agropecuaria SA cediendo dos predios de un total de 5 mil hectáreas en la zona conocida como “Raíz Chaqueña” en cercanías a Pampa del Infierno.
Posteriormente, a principios de noviembre, la firma cordobesa inicia una demanda civil contra la asociación indígena en reclamo por la escrituración del título de propiedad. Los referentes de la asociación indígena que participaron de la transacción comercial admitieron ante la justicia civil el planteo de los compradores, y un mes después, el 13 de diciembre, el juez Zaloff Dakoff falló a favor de la empresa cordobesa habilitándola para obtener el título de propiedad de las tierras en una sentencia que contradice toda la legislación vigente sobre propiedad comunitaria de las tierras de las comunidades indígenas.
Con el fallo judicial a su favor, la empresa Bajo Hondo Agropecuaria SA ocupó los territorios desalojando violentamente a sus pobladores y destruyendo las precarias instalaciones de las comunidades indígenas. Días después, un grupo de mujeres de la comunidad moqoit que fuera desalojada de sus territorios comunitarios que habitan desde hace décadas presentó una denuncia penal por usurpación y daños contra la empresa y solicitó constituirse en parte de la causa civil para poder apelar la decisión del juez Zaloff Dakoff que el magistrado debería resolver en los próximos días.
Vale recordar que a mediados de diciembre de 2011, el titular de la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano –dependiente del Ministerio de Gobierno del Chaco-, Julio García, junto a los vocales moqoit del Instituto del Aborigen Chaqueño, Antonio Mocoví y Damián Salteño, viajaron a la zona del litigio para tomar contacto con las familias que habían retornado al lugar pero no pudieron hacerlo al ser amenazados con armas de fuego por los “custodios” que había dispuesto la empresa Bajo Hondo Agropecuaria SA.
La postura del gobierno provincial
El anuncio del gobierno provincial de que no inscribirá el título de propiedad a favor de la empresa cordobesa constituyó una clara señal de que el Estado chaqueño privilegia los derechos de los pueblos indígenas protegidos constitucionalmente y por tratados internacionales. Así lo destacó en contacto con Chaco día por día el abogado Gonzalo García Veritá, representante de las familias moqoit que solicitaron ser parte de la causa civil para poder apelar la decisión del juez Zaloff Dakoff.
“Marca el lugar que en la política pública tienen los pueblos originarios. No haberle inscripto tras una sentencia de un juez, tiene que tener sobrados argumentos. Hay que tener coraje y fortaleza de sostener a la propiedad comunitaria indígena”, recalcó el letrado.
García Veritá relató que la participación de sus representados todavía no está resuelto, así como tampoco el pedido de apelación. “Son terceros formalmente”, explicó el abogado, e indicó que “para poder apelar tienen que pedir el reconocimiento como parte. Hemos apelado formalmente solicitando al juez la intervención como terceros”. No obstante, tanto la empresa Bajo Hondo Agropecuaria SA como la conducción de la Asociación Comunitaria LPA A NA QOM rebatieron esa solicitud.
El abogado consideró que el fallo del juez saenzpeñense reviste “gravedad institucional” por haber vulnerado derechos consagrados de los pueblos originarios. En ese sentido, subrayó que ninguna norma civil puede estar por encima del derecho a la propiedad comunitaria indígena. Por otro lado, García Veritá destacó que el reclamo de la comunidad indígena afectada continuará por las vías institucionales.
“La tierra indígena se va a defender por los medios de la democracia”, subrayó el letrado, señalando que “la sentencia se ataca por la vía del Código Procesal Civil, la apelación y constituirnos en parte” y añadió: «Con esta sentencia el juez no solo desconoce toda la legislación sobre la materia sino la misma progresividad de los derechos humanos y de los pueblos indígenas».
