Un joven que era testigo protegido en la causa por el abuso de un adolescente en una comisaría de Trelew, Chubut, por el que están acusados nueve policías, fue asesinado a puñaladas y se investiga si el crimen está vinculado con su actuación en ese expediente, informaron fuentes judiciales.

El abogado de la familia del joven abusado, Sergio Rey, dijo  que «no hay que descartar ninguna hipótesis de quién lo mató, sobre todo porque apareció con tres puñaladas y no se reportó ninguna pelea».

El hecho es investigado por el fiscal penal Arnaldo Ramón Maza y la Brigada de Investigaciones de la policía del Chubut, aunque por el momento no se establecieron las circunstancias del crimen ni hay sospechosos detenidos, dijeron los voceros judiciales.

El testigo asesinado fue identificado como Bruno Rodríguez Monsalve (24), quien en la madrugada de ayer fue llevado al hospital con tres heridas de arma blanca, a raíz de las cuales murió durante la tarde, dijeron fuentes de la pesquisa.

La víctima había declarado en la causa por «ultraje al pudor» iniciada tras la denuncia de los padres de un adolescente de 16 años que fue detenido en la seccional segunda de Chubut, donde presuntamente fue abusado por policías.

Según la denuncia, ratificada por el testigo protegido, el joven fue golpeado y ultrajado, ya que le introdujeron un objeto contundente en el ano, presumiblemente un bastón de uso policial.

Rodríguez Monsalve, quien tenía antecedentes por robo y estaba detenido en los calabozos de la comisaría segunda de Trelew el 18 de enero último, dijo que presenció el abuso y participó de ruedas de reconocimiento, en las que identificó a algunos de los policías sospechosos.

«Bruno estaba detenido, es testigo directo y él declaró en el caso. Luego de hacer la declaración, Bruno tuvo un incidente con personal policial, lo denunció y a partir de ese incidente, como corría peligro y entendimos que se encontraba en riesgo pedimos lo que se llama un anticipo jurisdiccional de prueba», explicó hoy la fiscal de esa causa, María Tolomei, al canal TN.

La fiscal añadió que esa medida consistió en «adelantar la declaración del testigo, la que debe producir en juicio, con presencia de las partes y los imputados ante el juez para que luego no sea necesaria la presencia de ese testigo en el juicio.

Tolomei dijo que «eso se hizo, el juez hizo lugar y se hicieron reconocimientos también con Bruno, en los que reconoció a algunos de los policías imputados como intervinientes en los hechos».

«Después se solicitó la ayuda del Poder Ejecutivo para darle protección a Bruno, sacarlo de la provincia por el riesgo de corría», concluyó la fiscal.

Lo mismo recordó hoy el abogado de la familia del joven abusado, Rey, quien dijo que en su momento el joven ahora asesinado «contó todo lo que escuchó» que le hicieron al adolescente en el calabozo, lo que derivó en la causa en la que hay nueve policías imputados.

El abogado Rey dijo que se sintió sorprendido al enterarse de que el testigo se encontraba en la provincia de Chubut, cuando habían requerido que se lo sacara para preservar su integridad física, aunque luego supo por familiares que había llegado hace 10 días para tramitar su documento de identidad.

«No hay que descartar ninguna hipótesis, ya que la víctima no alcanzó a decir nada y lo extraño es que apareció con tres puñaladas certeras y una campera que no era de él», expresó Rey.

El hecho fue denunciado en la seccional tercera de Trelew y la brigada de Investigaciones procuraba obtener elementos para establecer lo sucedido.

En tanto, en la causa por el abuso del adolescente en la comisaría están detenidos los suboficiales de la policía chubutense Aníbal Muñoz, Carlos Pato, Mario Bevacqua y Carlos Treuquil, acusado de «abuso sexual gravemente ultrajante, privación ilegítima de la libertad, severidades y vejaciones como coautores en concurso real».

También está detenido el oficial a cargo de la guardia, Adolfo Carballo, a quien se le imputa «abuso sexual doblemente agravado, abusos y vejaciones en carácter de partícipe necesario, privación ilegítima de la libertad con falsedad ideológica en calidad de coautor, dos hechos».

En tanto, quedaron imputados pero no detenidos, acusados de «privación ilegítima de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público como autores» los suboficiales Bruno Rodríguez, Héctor Santibáñez, Hugo Ortiz y Sergio Castillo.

De ser hallados culpables, los policías podrían ser condenados a penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Al momento de radicarse la denuncia por abuso, fue pasado a disponibilidad del jefe de esa seccional, Juan Carlos Contreras, y siguió luego con el descabezamiento de la cúpula policial.

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