Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama
El escaso impacto de la medida en el comercio bilateral hace inentendible la decisión de Obama.

Cancillería argentina calificó de «incomprensible y unilateral» la decisión de Estados Unidos  de reducir beneficios comerciales a nuestro país. La presidenta Cristina Fernández, por su parte,  la rotuló como “guerrilla comercial” y aseguró tratarla con “la mayor civilización y legalidad”.

Al justificar el fallo que remueve a la Argentina del sistema de franquicia comercial para países en desarrollo, el presidente de EEUU, Barack Obama, tomó en cuenta la queja presentada por dos empresas estadounidenses –Azurix y CMS-Blue Ridge–, luego que el CIADI laudara en favor de éstas en el pleito entablado contra el país.

«He determinado apropiado suspender la designación de Argentina como país en desarrollo beneficiario del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) porque no ha actuado de buena fe en la implementación de decisiones arbitrales en favor de ciudadanos o compañías de Estados Unidos», sostiene el documento emitido desde Washington.

Esta decisión tiene, en términos de la balanza bilateral, escaso impacto al representar sólo el 0,1 por ciento del comercio bilateral, lo que hace aún más inentendible la decisión del jefe de la Casa Blanca.

Desde Cancillería argentina, admitieron que resulta “manifiestamente incomprensible una decisión que reduce en alrededor de 18 millones de dólares los beneficios de las empresas argentinas exportadoras frente a un comercio bilateral de bienes y servicios que alcanza los 18.000 millones de dólares y que es ampliamente superavitario para Estados Unidos». Asimismo, desde la misma cartera señalaron la injerencia de fondos buitres en tal medida; y sentenciaron: “Es una presión que nuestro país condena de forma contundente».

Por su parte, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo este lunes en un acto en Casa de Gobierno, que la Argentina abordará con «la mayor civilización y legalidad posible» la decisión de Estados Unidos, al tiempo que recordó la imposibilidad que tienen los exportadores de carne y de limón para colocar esos productos en el país del Norte. “No hemos podido poner carne en los Estados Unidos, y ni un solo limón, (porque) están la barreras fitosanitarias que son barreras para arancelarias”, explicó.

«Son problemas cotidianos que se dan en toda gestión. Vivimos en un mundo muy competitivo, con muchos excedentes donde comienzan pequeñas guerritas o guerrillas comerciales que trataremos de abordar con la mayor civilización y legalidad posible”, concluyó la Presidenta.

Diferendo interpretativo

La suspensión de Argentina como país en desarrollo beneficiario del SGP se origina en una diferencia de interpretación en torno de dos del CIADI.

Mientras Estados Unidos adhiere a la interpretación ex post facto de que los laudos deben ser cumplidos voluntariamente por los Estados de conformidad con el artículo 53 del Convenio del CIADI; nuestro país toma en consideración para efectuar el pago, el artículo 54 de dicho tratado, que establece que los dictámenes se deben cumplir como si se tratara de una sentencia final de un tribunal local.

Esto es, que la justicia argentina sea la que le indique al Ejecutivo el pago de la sentencia, que luego éste incluiría en el proyecto de Presupuesto local, que debe aprobar el Congreso.

Consecuentemente, para el país local el inversor extranjero debe seguir el mismo procedimiento que sigue cualquier ciudadano que tiene una sentencia final contra el Estado nacional.

La Cancillería, a través de un comunicado de prensa, sostuvo que «las dos empresas beneficiadas por la decisión del CIADI jamás aceptaron iniciar los trámites de cobro de las sentencias, de acuerdo al reglamento del ente arbitral y la legislación argentina».

Enfatizó también que “tampoco las autoridades comerciales de Estados Unidos aceptaron la propuesta argentina de resolver el diferendo interpretativo sobre el reglamento del CIADI, insistiendo en obligar que se aplique un mecanismo contrario al sistema legal vigente en la Argentina».

A renglón seguido sostuvo que «la Argentina lamenta el intento de obligar a nuestro país a tomar una decisión violatoria de las leyes nacionales sobre pagos de sentencias. Leyes que fueron respetadas por todos quienes obtuvieron sentencias favorables contra el Estado Argentino, incluyendo las víctimas de la dictadura que recibieron reparaciones del Estado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante el pasado régimen militar».

En el caso concreto de las empresas norteamericanas,  Azurix ganó una demanda por 133 millones de dólares; y CMS Blue Ridge, por 165 millones de dólares.

Fuente: Télam

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