Las 22 familias que resisten para no ser desalojadas del predio ubicado en bulevar 27 de Febrero y avenida Circunvalación (Barrio Santa Lucía) anunciaron que se reunirán con representantes de la Municipalidad y la Provincia.
Los vecinos del barrio Santa Lucía informaron que el 13 de abril el juez Daniel Humberto González los convocó a una reunión en el juzgado de la que participará el gobierno municipal y el provincial.
Para los vecinos este es un paso importante en virtud de que «tanto el estado municipal como provincial comienzan a actuar y ser parte de la problemática ya que hasta ahora nos habían dado la espalda, también, esperamos alguna respuesta del Estado nacional», dijo a Redacción Rosario Claudia Lombardo, vecina del lugar
En tanto, la propietaria del terreno, aparentemente una ex martillera pública, que llevó adelante el desalojo de las 22 familias que durante 35 años ocuparon el predio ha ofrecido como solución vender el terreno por la suma de 600 mil pesos.
Ante esta situación los afectados le solicitaron al estado nacional, provincial y municipal que «compren dicho terreno y luego bajo la figura del fideicomiso los vecinos puedan pagarlo», señaló Lombardo.
«Es un paso adelante que la Provincia y el Municipio acudan a la reunión en el juzgado, ya que antes nos habían dejado solos y podíamos avanzar en esta dirección», consideró la vecina.
Y continúo afirmando que «sabemos que podemos pagar 200 o 300 pesos por mes y no todas las familias pero demostramos que no queremos nada regalado sino que nos den la oportunidad de mantener nuestras viviendas que construimos hace 35 años»
«Estamos vendiendo empanadas y hemos programado una cena show para el 21 de abril para recolectar dinero y poder demostrar nuestro interés de pago», afirmó la afectada.
Lombardo concluyó diciendo que ellos no quieren que lo saquen del lugar, debido a que han construido sus hogares y los han mejorado en la medida que han podido. Y agregó que entre los perjudicados por el posible desalojo se encuentran enfermos terminales de HIV y de cáncer.
Por su parte el el concejal del Partido Socialista Auténtico, Alberto Cortés, presentó ante el consejo un proyecto para que los vecinos puedan abonarle a la Municipalidad, una vez que esta adquiera el predio, mediante un fideicomiso.
El ejecutivo de la ciudad respondió mediante su abogado, Alejandro Schvarztman, que lo propuesto por edil era inviable y que el precio solicitado por la propietaria era demasiado alto.
Al respecto, desde el Servicio de la Vivienda de la Provincia aseguraron que cualquier propietario tiene derechos pero también obligaciones y que debería estudiarse si la dueña cumplió con la obligaciones, como tenerlo desmalezado y cerrado.
Además, informó que el sistema de compra del Estado es a través de la expropiación luego de que una ley declare al lugar de interés público.
