Centrales sindicales españolas, responsables de la primera la primera huelga general contra el gobierno de Mariano Rajoy, confirmaron un paro “total” en los sectores metalúrgico, de la construcción, la minería y la recolección de residuos.
Se trata de Comisiones Obreras (CC.OO) y Unión General de Trabajadores (UGT), quienes confirmaron a principios de marzo la medida de fuerza prevista para el día 29, víspera de la aprobación de los Presupuestos del Estado a exigencia de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
No obstante, existen divergencias de interpretaciones del fenómeno, según lo analice el gobierno o los sindicatos; mientras que CC.OO y UGT cifran el paro en un 77 por ciento de adhesión, el Ejecutivo nacional sitúa el seguimiento por debajo de las dos convocatorias anteriores, basándose en el consumo eléctrico, que por la mañana era apena inferior a la previsión de un día normal.
Sin embargo, en un comunicado conjunto, ambos sindicatos destacaron el “apoyo masivo” de los trabajadores e indicaron que los centros de distribución de las principales ciudades están paralizados y remarcaron el paro absoluto en las fábricas de las empresas automotrices Renault, Ford y Volkswagen, del sector minero. También se encuentran cortados los servicios de recolección de residuos y las actividades relativas a la construcción.
Desde el Gobierno, la ministra de Empleo, Fátima Báñez aseguró que la reforma laboral no se modificará. «Nuestra agenda reformista es imparable», admitió y remarcó: “Las partes troncales de la reforma no se van a cambiar porque entendemos que son fundamentales para volver a crear empleo y salir de la crisis», aunque afirmó que aún permanece abierto el plazo para la presentación de enmiendas al texto por parte de los partidos políticos.
De cualquier manera, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, instó al Gobierno a establecer una negociación para la corrección de la reforma. Su par, el líder de la CC.OO, Ignacio Fernández Toxo, fue aún más duro y advirtió sobre las posibles consecuencias que debería afrontar España si su gobierno deseara continuar con tales políticas: «El diálogo puede convertir esta huelga en una oportunidad. Si es así, se puede reconvertir la situación, si no, habrá un conflicto social creciente, que se hará bien patente el próximo 1 de mayo».
Fuentes: Télam, La Vanguardia
