Pedro Blaquier a indagatoria

Organizaciones defensoras de los derechos humanos y de ex presos políticos de la dictadura militar denunciaron este miércoles que la empresa Ledesma «realizó prácticas de espionaje en plena democracia», e informaron que su presidente, Carlos Pedro Blaquier, fue convocado a prestar declaración indagatoria el 18 de mayo.

El administrador general del ingenio durante los años de la dictadura, Alberto Lemos, será sometido a indagatoria el día anterior. Tanto Blaquier cono Lemos están vinculados a causas que se investigan por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. En los allanamientos que se hicieron en dependencias de la empresa se encontraron dossieres que demostrarían que Ledesma hizo espionaje interno en plena democracia.

Inés Peña, titular de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, sostuvo que en el allanamiento realizado por la justicia federal el mes pasado en dependencias de la empresa Ledesma se encontró «un informe de inteligencia de 300 fojas» que tiene varios capítulos de actividades «relacionadas con la Marcha del Apagón», realizada en 2005.

En dicho informe, puntualizaron, están identificadas las organizaciones sociales y políticas que participaron, al igual los representantes de organismos de derechos humanos que se hicieron entomnces presentes en el pueblo de Libertador San Martín dónde se encuentra el ingenio.

Los representantes de las organizaciones dijeron que con las «evidencias logradas, la empresa Ledesma queda vinculada con las causas de lesa humanidad» que se siguen en Jujuy en especial por los hechos de la denominada «Noche del apagón» en Ledesma, cuando cientos de personas fueron detenidas y muchas de ellas aún permenecen desaparecidas.

Entre los nombre que figuran en el informe de Ledesma, sobre la marcha de 2005, están Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Tati Almeida, Nora Cortiñas, María Adela Antokoletz y otras representantes de Madres de Plaza de Mayo.

En la larga lista de nombres están incluidos, entre otros, el actual diputado nacional, Martín Sabatella, cuando era intendente de Morón; Adolfo Maturano de la Secretaría de Derechos Humanos Nacional y en el orden local dirigentes como Milagro Sala, Carlos «Perro» Santillán, Fernando Acosta (ATE) y Hugo Condorí de la «Asociación de Ex presos Políticos».

En el informe de espionaje figuran los abogados Pablo Pelazzo, querellante en los juicios de lesa humanidad; Mario Culcuy, y representantes de organizaciones aborígenes, dirigentes de la CTA, Tupac Amaru, CCC y MTA, entre otras organizaciones.

Eva Arroyo, de la agrupación H.I.J.O.S manifestó que por las evidencias que tienen «la empresa Ledesma no ha cesado con las persecuciones aún en democracia y continuó en el 2005 con sus actividades de espionaje».

En el allanamiento, también se halló un informe sobre Jorge Weisz, vicepresidente de la obra Social del Sindicato de Ledesma, detenido el 14 de octubre de 1974 y trasladado al penal jujeño de Villa Gorriti y luego al comando Radioeléctrico de la Policía provincial, en donde se perdieron sus rastros. Weisz permanece desaparecido.

Señalaron que entre la documentación encontrada hay discursos del dictador Jorge Rafael Videla y fotografías de la esposa de éste con Carlos Pedro Blaquier, su esposa y el ex interventor militar en Jujuy en la época del proceso, general Fernando Vicente Urdapilleta, entre otros directivos de Ledesma, en Jujuy.

También señalaron que en el informe figuran «datos de participantes, comportamiento de dirigentes, patentes de vehículos», entre otros detalles, como el arribo de ciudadanos españoles y franceses a la recordación del 2005.

En este marco, las organizaciones que convocaron a la rueda de prensa decidieron solicitar a la Justicia Federal de Jujuy protección a través de la presentación de habeas corpus, Y anunciaron que harán otro tanto ante la ministra de Seguridad Nacional Nilda Garre.

Eva Arroyo sostuvo que «aparentemente» se trata de un informe de «espionaje» realizado por una agencia privada que «al parecer Ledesma contrató».

Por su parte, Inés Peña dijo que el comienzo del juicio por delitos de lesa humanidad, previsto para el 13 de junio, se pospuso para el 12 de julio por haberse ordenado a la Fiscalía una acumulación de causas.

Se acumularon las causas de Julio Rolando Álvarez García, Aragón Reynaldo y otros; Galean Pulino y otros; Aredes Luis y otros y Bazán Avelino y otros, expresó a Télam el abogado querellante.