La Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fedio despacho favorable a dos proyectos de reparación para víctimas de la dictadura en Santa Fe.
Se trata de dos proyectos de ley presentados por el presidente del bloque Movimiento Evita, Gerardo Rico, a través de los cuales se establecen sendas pensiones mensuales, no contributivas y de carácter vitalicio, para madres cuyos hijos o hijas se encuentren muertos/muertas o en situación de desaparición forzada, víctimas del terrorismo de Estado; y para aquellas personas que entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 se hubieren encontrado privadas de su libertad (ex presas y presos políticos).
La Comisión que preside el también diputado por el Movimiento Evita Eduardo Toniolli aprobó las iniciativas de Rico, que en su momento propuso impulsar, en el caso de la Pensión para las madres de fallecidos y desaparecidos víctimas de la última dictadura cívico militar, “una medida reparadora y compensatoria por la cuál el mismo Estado asume un reconocimiento a la inquebrantable dignidad a estas mujeres, figuras emblemáticas en sus acciones como paradigma de dignidad y consecuencia, que inventaron una nueva forma de resistencia y lucha”, según fundamentó el autor de la propuesta.
En el texto presentado para su posterior aprobación, Rico aseguraba que “más que un hecho económico”, el beneficio “es un acto simbólico dónde todos y cada uno, y el Estado en nombre de la ciudadanía asume la responsabilidad del reconocimiento y la reparación”.
Por otra parte, en lo que respecta a la Pensión para ex presos políticos, además de toda persona que “se hubiere encontrado privada de su libertad, como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles; que hubiesen permanecido en prisiones legales o clandestinas de cualquier tipo incluyendo los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y/o Exterminio, o sometidas a la Justicia Penal Federal o Provincial, o a Tribunales Militares, o a Disposición del Poder Ejecutivo Nacional condenadas por un Consejo de Guerra; cualquiera fuese la imputación que se les hubiere formulado”, sin considerar para este beneficio “el tiempo de detención”, y “que no resulten beneficiarios de una prestación actual o futura de carácter nacional, provincial o municipal, derivadas de la misma situación”, según reza el texto ingresado por Rico, se consideran comprendidos y podrán solicitar el beneficio “quiénes hayan nacido en cautiverio o menores de edad detenidos o detenidas con sus padres”.
Celso Angelini
12/05/2012 en 11:06
Tal vez gran parte de la sociedad no encuentre razones válidas para que los ex presos políticos gocemos de una pensión diferente al resto de los ciudadanos.
Pero deberían entender que gran parte de nosotros éramos personas jóvenes que nos estábamos forjando un proyecto de vida trabajando, estudiando, o ambas cosas cosas a la vez. Y que, a raíz de nuestra ideología política (o por causas más inverosímiles) se nos arrancó de esos proyectos, se nos expulsó de nuestros trabajos, se nos prohibió terminar nuestros estudios o ambas cosa a las vez, lo que minó nuestra capacidad para sobrevivir económicamente en una sociedad que cada vez se volcó más al «arréglese quien pueda» del neo-liberalismo.
En ese sentido, creo que existe un agravio comparativo que sería justo compensar de alguna forma. Pienso que el que no lo necesite sabrá renunciar a esa compensación.
jorge
13/05/2012 en 22:39
como siempre mi reconocimiento al compañero gerardo rico y a todos los integrantes del bloque que no se apartan de las consignas memoria verdad y justicia