Disturvios en Córdoba

La policía de Córdoba reprimió a los manifestantes que se concentraron en los tribunales de la ciudad capital, contra el ajuste previsional implementado por el gobernador De la Sota. Los gremios estatales presentaron un recurso de inconstitucionalidad.

Los dirigentes de los gremios estatales responsabilizaron al gobernador por los incidentes y la represión policial ocurrida en la ciudad de Córdoba, durante la manifestación que comenzó a las 11 de la mañana de este jueves.

Minutos antes de que comiencen los disturbios los gremios estatales presentaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de los cambios en el sistema previsional acompañada de una medida cautelar para que no se aplique la ley impulsada por De la Sota que difiere el pago de aumento a los jubilados por 180 días.

Disturvios en Córdoba
Los dirigentes responsabilizaron al gobernador por los incidentes. | Foto: Télam

Pasada las 13 comenzó la desconcentración de la marcha y el centro cordobés volvió a la normalidad.

La marcha, que fue masiva, estuvo precedida de un paro docente de alto acatamiento y de abandono de tarea del resto de los gremios estatales.

“Que esto se desmadre le conviene al gobierno provincial para victimizarse”, manifestó el dirigente del Sindicato de Luz y Fuerza, Santiago Clavijo, y añadió que la masiva movilización “es una respuesta a la intransigencia y a la mentira” del mandatario provincial.

Respecto a los incidentes en los alrededores de los tribunales provinciales, Clavijo dijo que “los gobernantes saben que estas cosas van a pasar cuando se toman este tipo de medidas que afectan a los asalariados”.

El dirigente responsabilizó de la situación de Córdoba al gobierno provincial porque “ellos instalaron la idea de que el problema de la Caja de Jubilaciones es porque la nación no envía dinero (para sostener el elevado déficit previsional provincial) cuando el problema real de la Caja es otro y a ello se suma una ley aprobada entre gallos y medianoche”, manifestó.

Por su parte, la titular del gremio de los judiciales de la provincia, Irina Santesteban, también dijo que “el principal responsable de los incidentes es el gobierno de Córdoba, porque esta situación no fue generada por los trabajadores”.

“Hubo un enorme despliegue policial, tiraron balazos de goma a mansalva, lo que ha dejado compañeros heridos y también algunos detenidos”, sostuvo la dirigente, y añadió que “el primer acto de violencia fue el dictado de la ley” de cambios previsionales impulsado por De la Sota.

El titular de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc), Juan Monserrat, también criticó el accionar policial al sostener que “la orden de reprimir la dio un jefe del operativo, y yo creo que la idea es generar miedo”.

“Nosotros hemos apelado al diálogo y hemos acercado propuestas para que el ajuste no pase por los jubilados, pero no nos han escuchado”, dijo y reafirmó la decisión de seguir luchando hasta la “derogación de la ley”.

El conflicto comenzó en la noche del 8 de agosto cuando De la Sota, con el argumento de que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) no transfiere los fondos de convenios para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia, presentó en la Legislatura el proyecto de ajuste previsional que fue aprobado en un rápido tratamiento.

Los hechos dejaron un saldo de veredas destrozadas, contenedores quemados, cartelería rota y al menos un quiosco de venta de diarios destruido.

Según se informó oficialmente 11 policías quedaron heridos que son atendidos en el Policlínico Policial, afectados por bombas de estruendo y pedradas. Mientras que 15 manifestantes sufrieron lesiones con postas de goma.

El jefe de Seguridad de la Capital, el comisario general Ramón Frías, consideró que los estatales actuaron con «violencia» y que la Policía lo hizo «con mesura».

«La Policía tiene una obligación de ley para actuar. Vamos a llevar todo a la Justicia», dijo. También cuestionó la participación en la marcha de gremios como Sindicato Único de Recoleccion de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), que según dijo, nada tienen que ver con este reclamo.

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