Ante las reiteradas denuncias de las internas en la Unidad Penitenciaria N° 5 de Rosario, por maltratos, discriminación y falta de atención médica, resolvieron el miércoles realizar una huelga de hambre que culminó este jueves, con el futuro traslado de dos de ellas. Ante la intervención de funcionarios vinculados a los derechos humanos, el alcaide (CG) Mario Alberto Fernández habría negado las acusaciones y hasta habría asegurado que “el próximo miércoles viene la organización El Arte de Vivir a darles clase de yoga”.
Se trata de la afamada organización fundada en 1981 por Sri Sri Ravi Shankar, y que hoy visita la Capital Federal de la mano del partido de Mauricio Macri. Dentro de sus acciones llevan adelante el programa Prison Smart y enseña prácticas de respiración avanzadas que generan efectos dinámicos de limpieza en el cuerpo y en la mente. Los participantes aprenden cómo utilizar su propia respiración para liberarse de los efectos acumulados producto del estrés y de emociones negativas. La pieza fundamental del programa Prison Smart de El Arte de Vivir es una técnica de respiración llamada Sudarshan Krya (acción purificadora). A través de esta práctica de respiración única, los ritmos de respiración son utilizados para eliminar estrés, beneficiar las funciones orgánicas del cuerpo, transformar las emociones y promover una mente calma (según publica en su página de internet).
Según datos de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, en la Unidad 5 ubicada en Ingeniero Thedy 375, hay alojadas 34 mujeres. La misma se encuentra en la planta alta de la Comisaría 8 de la ciudad. Las autoridades no cumplieron con su compromiso de relocalizar esta unidad, que en teoría se llevaría a cabo en el año 2008, al reconocer que el lugar actual no tiene las condiciones de habitabilidad mínimas.
El miércoles 6 de junio el Defensor Público de la provincia, Gabriel Ganón, presentó un recurso de hábeas corpus en favor de las alrededor de 60 internas distribuidas entre la Alcaidía de Mujeres y la Unidad Nº 5. El defensor, que todavía no ejerce plenas funciones sobre el cargo enmarcado en el Nuevo Código Procesal Penal, solicitó en un extenso documento que investiga la jueza de Instrucción 10º, Irma Bilotta, que «cese el agravamiento de las condiciones de detención de las personas alojadas».
En ese sentido, tras una recorrida por ambos penales, enumeró las condiciones edilicias «paupérrimas» de las unidades de detención, que incluye «falta de salidas de emergencia»; y dejó de manifiesto las «falencias» en higiene, la salud, trato, asistencia jurídica, lactancia para bebés de madres detenidas, y alimentación. «Es una situación muy grave, porque existe un riesgo cierto de que haya una catástrofe. El único derecho por el que deben ser privadas estas mujeres es el de la libertad, los demás deben garantizarse», reclamó el funcionario.
Ganón llegó a las dependencias en el marco de una serie de recorridas en varios lugares de detención, con la idea de presentar a fin de año un estudio cualitatitivo y estadístico acerca de la vulneración de derechos y la situación de los internos. La instancia forma parte del Plan de Trabajo del Servicio Público Provincial de Defensa Penal. «Aunque varios sectores sostienen que nosotros no podemos funcionar (durante la transición en la que entra en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal) éstas son parte de las obligaciones por las que hemos jurado. Lo hacemos para justificar nuestro trabajo: si no estamos en funciones, nos estaríamos enriqueciendo ilícitamente», apuntó.
En la presentación, el funcionario relató las situaciones observadas. «Los principales problemas detectados se vinculan con las deficiencias estructurales que generan violencia y violaciones permanentes a los estándares constitucionales de derechos humanos para mujeres privadas de libertad y con la violencia que se genera entre quienes habitan el espacio de la prisión a raíz de la deficiente gestión del Servicio Penitenciario».
En el caso de la Unidad Penal Nº 5 «el edificio es de difícil acceso y evacuación. En caso de una emergencia o incendio la evacuación inmediata sería prácticamente imposible. No tiene matafuegos ni red de agua para incendios». En ese sentido, Ganón consideró que el edificio se convierte en una «eventual trampa mortal».
El régimen de visitas, en tanto, «es restrictivo». «Muchos de los familiares entran muy tarde, como consecuencia de las larga filas que se forman fuera de la Unidad. Tampoco hay lugar para visitas íntimas, ni cupo para que todas las detenidas puedan ir al colegio».
