La toma
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Los trabajadores no se van a mover y piden la expropiación a la Provincia.

El representante del Centro Cultural La Toma, Carlos Ghioldi, afirmó a Redacción Rosario que el edificio “no puede ir a la masa de acreedores –tal como fuera ratificado por la Cámara de Apelaciones– debido a que la deuda supera 80 veces el valor del patrimonio”. «Los trabajadores no nos vamos a mover», enfatizó el dirigente.

Ghioldi fue tajante al ser consultado por este medio sobre la situación del centro cultural que funciona desde hace más de diez años donde antes se erigía una sucursal del hipermercado Tigre y que desde entonces mantiene en pugna la posesión del edificio con los acreedores del ex Tigre. Esta semana el máximo tribunal de la provincia admitió la queja del Estado provincial para que se expida a favor o en contra de la expropiación del inmueble, luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial ratificara la devolución del local a los acreedores.

En ese marco, el representante de quienes sostienen el centro cultural en actividad, enumeró los puntos neurálgicos de la posición de sus compañeros: “Primero, (la expropiación) se ajusta a la ley de utilidad pública debido a que en el lugar funciona parte del Anses, la Universidad Nacional de Rosario y los jubilados, “por lo tanto se cumple el requisito número uno. Segundo, el edificio no puede ir a la masa de acreedores debido a que la deuda supera en 80 veces el valor del patrimonio. Además el comité de acreedores está encabezado por el Estado nacional, provincial y el municipio. Por último, los trabajadores no nos vamos a mover. Por lo tanto, pedimos al gobierno que expropie el edificio para que se termine este manoseo».

Ghioldi consideró que «los legisladores y las autoridades provinciales estuvieron a la altura de las circunstancias. Y quienes desentonaron fueron algunos sectores del Poder Judicial: Peritos que quieren cobrar los honorarios».

En setiembre de 2004, la Legislatura declaró de utilidad pública al edificio de Tucumán al 1300 donde funcionaba una sucursal del hipermercado Tigre, que presentó quiebra tres años antes. A partir del cierre funciona allí el Centro Cultural La Toma gestionado por sus trabajadores.

Más tarde el Gobierno provincial promulgó la ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el uso temporal del inmueble», y estableció que los bienes expropiados serían adjudicados en favor de la cooperativa de trabajo.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial declaró en agosto de 2010 la inconstitucionalidad de la ley de expropiación, y ratificó la devolución del edificio a la masa de acreedores de la quiebra del ex hipermercado.

La posición de los acreedores y sus letrados es que la expropiación es un acto político y que se está interfiriendo en estas cuestiones, lo que genera una «violación al principio de división de poderes».

Por su parte, el Estado presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, por el que plantea que hubo una intromisión del Poder Judicial en las esferas del Legislativo y Ejecutivo y, por lo tanto, ahora será la máxima autoridad judicial de la provincia la que decidirá los destinos del local.

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