Para el abogado Gonzalo Miño, el represor Manuel Fernando Saint Amant es inocente y debe ser librado de los delitos por los cuales la querella y la fiscalía solicitaron que se le dicte la prisión perpetua y efectiva en cárcel común. Sin escrúpulos desarrolló, durante la audiencia del martes 12 de diciembre, la lectura de los alegatos en defensa de quien en tiempos de la dictadura cívico militar fue una de las principales caras de los procedimientos que el Terrorismo de Estado llevó a cabo en San Nicolás. “La lectura de los alegatos por parte de la querella y la fiscalía ha quedado huérfana y carentes de sentido, por lo que no se ha quebrado la inocencia de Saint Amant”, fueron las primeras palabras del abogado.
Luego comenzaría a desplegar extensamente su curiosa lectura del marco histórico que Argentina vivía antes del Golpe de Estado de 1976. Ese contexto era de guerra según Miño, una guerra despiadada entre dos ejércitos, uno represivo y uno revolucionario. Para esto citó como ejemplo el copamiento de Montoneros sobre el Regimiento 29 de Formosa en 1975, en lo que se conoció como Operación Primicia.
A partir de ahí, Miño comenzaría a buscar atajos en los cuales justificar los procedimientos que se llevarían a cabo una vez iniciada la dictadura. Esa justificación que el abogado defensor de Saint Amant busca, lo llevó a citar además aquellos llamados “decretos de aniquilamiento” que el presidente interino Ítalo Luder lanzó en 1975 luego del ataque de Montoneros en Formosa.
Intentó así demostrar “la naturaleza de la lucha contra los subversivos”, y detallar las leyes que amparaban los procedimientos contra las organizaciones revolucionarias.
Por otro lado, se animó a decir que el plan sistemático de desapariciones durante la dictadura militar no existió. Desestimó la enorme cifra de 30 mil desaparecidos, sosteniendo que fue una maniobra de Eduardo Luis Duhalde, ex secretario de Derechos Humanos de la Nación.
Sobre los hechos que acusan a Saint Amant En lo que refiere a las acusaciones que caen sobre Saint Amant, Miño volvió a insistir en que el ex Teniente Coronel no se encontraba en San Nicolás en la mayoría de los procedimientos de las Fuerzas Conjuntas.
Además, sostuvo que las declaraciones de los testigos no reconocen a su defendido. De esta manera, despreció la declaración del testigo Héctor Méndez, quien había declarado haber visto a un militar que se sabía que era Saint Amant, puesto que después del Golpe de Estado pasó a ser una figura pública.
Con relación al delito de Privación Ilegítima de la libertad por el cual se acusa al imputado, Miño se remontó a los casos de María Rosa Baronio y las hermanas María Cristina y Rosa Raquel Alvira, y justificó sus detenciones argumentando que las tres mujeres tenían órdenes de captura. “La justicia estaba al tanto de estas situaciones”, sostuvo como si se tratase de una garantía. Además recriminó la no acusación a los integrantes de aquel Poder Judicial: “No sé por qué se habla de dictadura cívico militar, si no se investiga ni a jueces ni a políticos”.
Respecto a los delitos de homicidio calificado, sustracción de menores y robo de bienes, la defensa sostuvo que todas las acciones que realizó Saint Amant se encontraban dentro del marco legislativo. “No existen pruebas que confirmen que actuó dentro de lo que se considera delito”, afirmó.
Las pruebas están, y son aquellas que durante varios días leyó la querella y la fiscalía, para fundamentar la sentencia definitiva, que terminará de una vez con estos discursos manipuladores, irreales y ofensivos.
Fuente: Diario del Juicio Rosario.
