El gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, decidió finalmente habilitar el trámite para que se puedan establecer las señales de Televisión Digital Terrestre en cuatro localidades de esa provincia cuyas antenas de transmisión había clausurado en enero pasado. Sobre esa decisión la Justicia debía expedirse esta semana.
De la Sota resolvió «dejar sin efecto el cese preventivo para la instalación de antenas» de la Televisión Digital Abierta (TDA) en las localidades de Leones, Malagueño, Villa María y Villa Dolores.
Por medio de una resolución de la Secretaría de Ambiente, el gobernador le otorgó a la empresa Ar-Sat un plazo de 60 días para normalizar y completar los trámites que fija la ley cordobesa para el establecimiento de las antenas.
La gestión de la Sota aseguraba que las antenas de TDA presentaban un riesgo por el “impacto ambiental” que podrían provocar sus emisiones, mientras que a escasos metros de donde éstas se erigen se detectaron otras antenas de Cablevisión, de mucha mayor emisión de UHF funcionando sin restricción alguna.
La decisión de De la Sota generó un nuevo foco de conflicto con la Nación, que mereció la intervención de la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El pasado 5 de febrero, la primer mandataria criticó la decisión del gobernador mediante una serie de tweets. En ellos denunció que lo actuado por De la Sota era una situación irregular que además perjudicaba a la población en favor de la televisión paga.
«No hay protección para los derechos de usuarios y consumidores de elegir entre TV paga, TV gratis o lo que quieran? ¿Qué está pasando con la justicia en nuestro país?», se había preguntado.
