Foto: José Granata/Télam

Lifschitz presentó un proyecto por el cual insta al Senado a solicitar la presencia del intendente de Villa Gobernador Gálvez, Pedro González, en esa Cámara, a fin de que responda por las denuncias de las que fue blanco por parte del familiar de una de las víctimas del incendio en la Alcaidía.

En su proyecto, presentado este jueves en la Legislatura, el senador provincial por el departamento Rosario se refiere a «versiones periodísticas que indican que Saboldi López estaban conectados con el club Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez y con González, quien reconoció haber estado junto al último mencionado comiendo hace unas semanas en una reunión de amigos».

Asimismo, el legislador socialista también recordó que la ex mujer de Saboldi, Norma Acosta, acusó al intendente de «haber pagado para que asesinaran» al «Japo».

«Teniendo en cuenta la gravedad de esas denuncias consideramos necesario que la Legislatura tome conocimiento de la mayor cantidad de información posible sobre los hechos, máxime teniendo en cuenta que involucrarían a funcionarios municipales de Villa Gobernador Gálvez y presuntamente algunos funcionarios policiales», se explica en el cuerpo del proyecto.

Asimismo, Lifschitz fundamentó su proyecto en el marco de las facultades constitucionales que tiene el Senado, que otorga la facultad de nombrar comisiones con el propósito de información e investigación.

«Si el cuerpo puede designar una comisión con la finalidad de citar personas —argumentó Lifschitz en su presentación— con mayor razón puede hacerlo el cuerpo en pleno. Debemos destacar que la gravedad de las denuncias amerita la solicitud de un esclarecimiento razonable por parte del funcionario denunciado».

Nuevo juez

La investigación sobre el incendio en la Alcaidía que produjo la muerte de tres reclusos, recayó sobre el juez Juan Carlos Vienna, quien informó haber solicitado colaboración a la Policía Federal a fin de resguardar la imparcialidad de las pericias.

El magistrado recibió el expediente el jueves y en las primeras horas de este viernes dispuso tres medidas: solicitó la colaboración de la Policía Federal, despachó una veintena de citaciones y reinstauró el secreto de sumario.

El miércoles, la jueza María Luisa Pérez Vara (Instrucción 5ª) imputó a once de los detenidos. Luego se verificó que al menos uno de ellos tiene una causa más antigua en Instrucción 8ª, y la investigación fue por conexidad subjetiva al juzgado que hoy no tiene titular a partir de la jubilación de Juan José Pazos.

De todos modos, y desde el régimen de suplencias previsto, Vienna quedó a cargo de la investigación del caso que incluye toda una gama de acusaciones vinculadas al narcotráfico, el regimen penitenciario, la policía y el poder político.

Vienna es justamente quien tiene la causa por los operativos antidrogas que se realizaron hace pocas semanas en la zona rural de Alvear, y justamente una de las hipótesis del conflicto sería que el enfrentamiento que culminó con el incendio y el trágico desenlace haya tenido el objetivo de eliminar a detenidos en esos allanamientos.

A partir de su primer contacto con la causa, el juez señaló: “Por lo que yo he visto hasta ahora, esta causa no tiene que ver con la de la Alcaidía”.

Vienna no confirmó a quién envió citaciones a declarar, pero sí remarcó que son “una veintena” y que, a raíz de que los hechos fueron protagonizados en ámbito policial, emitió un pedido formal de colaboración a la Policía Federal. “Queremos imparcialidad”, explicó.

Días atrás, Gabriel Ganón, uno de los abogados defensores de la familia de los fallecidos, afirmó que “se borraron los rastros” del incidente, acusación que negaron rotundamente desde la fuerza provincial.

Tras las primeras actuaciones, el juez instauró nuevamente el secreto de sumario, mientras aguarda por la declaración testimonial de los citados para los primeros días de la próxima semana.

Fuentes: Rosario 3, La Capital.

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