Ernestina Herrera de Noble

Mantené los 2 metros de distanciamiento - Provincia de Santa Fe

 

La postergación indefinida del llamado a declaración indagatoria para Magnetto, Noble, Mitre, Peralta Ramos y compañía generó un reclamo airado del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, contra la “paralización de la causa”. La denuncia de la Unidad de Información Financiera a Clarín y La Nación de haber «autolavado» activos apropiados ilegalmente y los documentos hallados en el edificio Cóndor, agregaron nuevos capítulos a la investigación sobre el caso Papel Prensa.

Desapariciones, muertes, secuestros, torturas y robos. La investigación judicial que tramita en el juzgado Federal N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Julián Ercolini, en la que se investiga el presunto desapoderamiento de Papel Prensa, sintetiza en un expediente los propósitos del plan genocida formalmente inaugurado el 24 de marzo de 1976. El terrorismo de Estado no fue otra cosa que la utilización del aparato militar al servicio de intereses económicos. Así lo denuncian los sobrevivientes, lo refieren en sus escritos las querellas, y lo demuestran los documentos, entre ellos los recién aparecidos en el edificio Cóndor del Ministerio de Defensa de la Nación.

De las pruebas que constan en el expediente que tiene en su despacho Ercolini, se desprende la trama de intereses y terror que involucra a los imputados (Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Luis Mitre, Sergio Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos, Hugo Peralta Ramos, Reinaldo Gregorio Bandini, Raymundo P. Podestá), con la suerte corrida por las víctimas de la causa y socios del Grupo Graiver, propietarios hasta los primeros tiempos de la dictadura de la empresa Papel Prensa (única productora en el país del insumo básico para los medios gráficos), que luego de la intervención militar pasó a manos de los titulares de los diarios Clarín, La Razón y La Nación.

Apenas un año de instalado el golpe, en marzo de 1977, los familiares y miembros del grupo Graiver comenzaron a ser secuestrados por fuerzas al mando del terrorismo de Estado. La seguidilla de detenciones comenzó el 8 de marzo con Juan Graiver de Papaleo y continuó el 14, con Lidia Papaleo, Silvia Fanjul y Lidia Gesualdi. El 12 siguió con Dante Marra, Julio Daich y Enrique Brodsky; el 15 con Jorge Rubinstein; el 17 con Isidoro Graiver; el 22 Martín Aberg Cobo. Luego el 1 de abril de 1977 fue secuestrado Edgardo Sajón, el 12 Rafael Ianover, el 15 Jacobo Timerman y Osvaldo Papaleo, el 19 Orlando Reinoso y el 22 Eva Gitnacht; entre otros.

De ese grupo, algunos de ellos integran al día de hoy la larga lista de desaparecidos de la dictadura, otros fueron posteriormente puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), y otros murieron durante las sesiones de tormentos. La totalidad de ellos fueron arrastrados al Centro Clandestino de Detención conocido como el pozo de Banfield.

Para Osvaldo Papaleo, «a cambio de Papel Prensa, Clarín, La Nación y La Razón silenciaron el genocidio argentino».

“De los testimonios obrantes en esos actuados, debe deducirse una clara vinculación entre todas las detenciones, cuyo patrón común residió en la relación que tuvo cada una de las víctimas con el Grupo Graiver y su actividad económica. Éste estaba integrado por Lidia Elba Papeleo, Isidoro Miguel Graiver, Juan Graiver, Eva Gitnacht de Graiver, Lidia Haydeé Brodsky, Jorge Rubinstein, Rafael Ianover, Dante Marra, Jorge Raúl Rodríguez, Oscar E. Marastoni, entre otros”, señaló el escrito que lleva la firma de los abogados Pablo Barbuto y Claudio Orosz, junto a las del Secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y la del Subsecretario Luis Alén, quienes representan al Estado Nacional como querellante en la causa.

“Todas las víctimas fueron interrogadas sobre tales cuestiones durante su cautiverio. En efecto, todos los detenidos fueron mantenidos ilegalmente privados de su libertad en centros clandestinos de detención y tortura (CCDT) bajo la órbita de la maquinaria represiva instaurada a través de la línea de Comando de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y prácticamente la totalidad de ellos ha expresado haber mantenido contacto con las más altas esferas de esa estructura de poder, tales como Camps y Etchecolatz, Rousse y Suárez Mason”, agregó el texto presentado el pasado 11 de octubre, en el que se solicita por segunda vez al juez Ercolini la indagatoria de ocho imputados de la causa.

Para la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación “no puede desconocerse la existencia de una íntima conexión que vincula los delitos de privación ilegal de la libertad, cuyas víctimas fueron las personas mencionadas y el interés por las Empresas del Grupo Graiver, en cuyo marco cabe incluir las maniobras de transmisión extorsiva de las acciones de Papel Prensa SA”.

Lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó en noviembre pasado ante el mismo juez Ercolini un escrito en el que acusó a los principales accionistas de Papel Prensa, el Grupo Clarín y La Nación, de lavado de dinero proveniente de la apropiación de la fábrica de papel para diarios durante la última dictadura.
«La masa de dinero que se acumuló de los bienes apropiados durante la última dictadura -en este caso Papel Prensa- daña ese bien protegido y les corresponde a los que están usufructuando esos bienes -Clarín y La Nación en este momento- ser acusados de autolavado o de lavado de dinero, y eso hemos hecho en el juzgado del doctor Ercolini», aseguró el titular de la UIF José Sbatella.

Según precisó el funcionario, la acusación se fundamenta en que cuando se aprobó la ley de lavado de dinero en junio de 2011 se incorporó en el código penal un nuevo capítulo que establece que «se daña el orden económico y financiero cuando hay dinero que proviene de un hecho ilícito que no haya prescripto», tal cual está planteado con caso de Papel Prensa, sobre el cual las diferentes querellas han reclamado su imprescriptibilidad por tratarse de un crimen de lesa humanidad.

Rechazo a la unificación de querellas

El jueves 21 de noviembre de 2013 todos los querellantes de la causa pidieron a la Cámara Federal porteña que revoque la decisión del juez Julián Ercolini de unificarlos. Por el contrario, la defensa de los imputados reclamó que se confirme esa resolución.

Finalmente el 29 de noviembre, la Cámara Federal resolvió que las tres querellas de la causa por la presunta venta ilegítima de la empresa actúen por separado, al revocar una decisión del juez del caso que las había unificado de oficio. La sala N°1 del tribunal de apelaciones revocó de ese modo la resolución del juez federal de primera instancia, Julián Ercolini. Y resolvió que la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y las de los particulares Lidia Papaleo de Graiver y Rafael Ianover actúen por separado en la causa. «No observamos que exista identidad o comunidad de intereses entre los distintos querellantes como para que proceda la unidad de representación ordenada», consideraron los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah.

Fin de la impunidad

«Desde que la causa quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 10, solamente se cumplió con la declaración testimonial de Lidia Papaleo. El Juez Ercolini ordenó una pericia contable sobre el precio de las acciones de Papel Prensa al momento de la apropiación, pero eso no es razón para que la investigación no avance, la pericia puede hacerse en paralelo», expresó
el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda.

«Esta Secretaría ha ofrecido numerosas pruebas que han sido incorporadas en la causa y ha solicitado en reiteradas ocasiones la citación de los imputados para que presten declaración indagatoria. Esperamos que el Juez resuelva estos pedidos, porque una causa de esta trascendencia no puede seguir estancada, esta demora solo es funcional a la impunidad que todos queremos que se termine para siempre».

Documentos por favor

Una semana después de que el Ministro de Defensa Agustín Rossi hiciera el anuncio del hallazgo de valiosa documentación sobre la dictadura en el edificio Cóndor, el juez federal Julián Ercolini recibió copias certificadas de las trece actas secretas de la Junta Militar en las que se habla de la transferencia de Papel Prensa, lo que constituye una prueba que podría reforzar en el expediente la relación directa entre el secuestro del Grupo Graiver y la transferencia forzosa a Clarín, La Nación y La Razón.

Entre la documentación que se rescató de un sótano clausurado del Edificio Cóndor se encontraron trece actas referidas al seguimiento, análisis y traspaso de la empresa de Papel Prensa.
La documentación permitiría demostrar que la empresa productora de papel de diario era un bien muy preciado para los cerebros militares. En promedio, la Junta Militar tenía una reunión cada tres meses para seguir de cerca la apropiación de la empresa, con la producción de informes anexos y la descripción del cautiverio de sus viejos propietarios.

La indexación de las actas referidas a Papel Prensa, especie de memorias de las reuniones que mantenían una vez por semana las tres Armas, permite intuir las prioridades de la Junta. Uno de esos documentos, trata sobre la renuncia del Presidente del Banco Regional, y dice que el tema será tratado por el Ministerio de Justicia y el de Educación. En otro de los documentos, que tiene además dos anexos, la Junta aprueba “la participación de La Razón, Nación, y Clarín en la empresa Papel Prensa S.A”. Una tercera memoria se titula: “Papel Prensa S.A. Caso Graiver: será tratado nuevamente”.

El acta número 20 informa que “se resuelve revisar lo actuado y evitar que ‘El Grupo Graiver’ cobre las sumas por las acciones vendidas”.

De la causa

Se investiga presuntas «maniobras y acciones extorsivas dirigidas por funcionarios del último gobierno de facto y de personas vinculadas a la sociedad civil contra los integrantes del grupo Graiver, con el fin de desapoderarlos de la participación accionaria que detentaran en la sociedad Papel Prensa».

En el 2010 el Estado nacional, a través del entonces Secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, denunció penalmente a los dueños y directivos de Clarín, La Nación y La Razón, a integrantes de la Junta Militar y a funcionarios civiles de la dictadura. Al presentar la querella, se solicitó que se requiriera del Juzgado interviniente la remisión de la causa que en su momento instruyó el fiscal Ricardo Molinas.

Martín Fresneda, actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, presentó un pedido de “pronto despacho” al juez Ercolini en diciembre del 2012. La causa estaba paralizada y desde la secretaría se pedía la citación de testigos, la incorporación de pruebas y las declaraciones indagatorias a el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, a Herrera de Noble, Mitre, Sergio Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Peralta Ramos.

La primera en declarar fue Lidia Papaleo en junio de este año, aceptada como querellante por Ercolini. Contó que después de la muerte de su marido, David Gravier, en un sospechado accidente aeronáutico en 1976, empezó a recibir amenazas y presiones para vender Papel Prensa de las tres fuerzas armadas y, por interpósita persona, del ministro de Economía, José Martínez de Hoz. Denunció que secuestrada y en la sala de torturas la obligaron a firmar documentos incriminando a Gravier.

Fuentes: Los Juicios son ahora/El Eslabón

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