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La masacre que fue excusa del golpe de Estado «legal». (Foto:Archivo-Télam)

En Paraguay, el 2 % de los propietarios concentran el 85 % de la tierra. Esta situación fue el telón de fondo del capítulo más reciente de una tragedia histórica y de una lucha heroica que lleva siglos y continúa. En junio de 2012, los poderes fácticos resolvieron imponer la restauración conservadora y se preparó el caldo de cultivo ideal para completar un escenario golpista en el que actuaron múltiples actores, algunos muy conocidos en estas lides antidemocráticas: el agronegocio sojero (con una discusión pendiente sobre una semilla transgénica de Monsato que el gobierno de Lugo demoraba en aprobar), la oligarquía terrateniente dueña del 85 % y asociada a las transnacionales, la patria financiera y los partidos políticos de derecha. Todos dirigidos y apadronados por los Estados Unidos. O sea: el elenco estable del golpismo latinoamericano.

La restauración conservadora tenía entre sus objetivos principales arrinconar, criminalizar y reprimir el movimiento social, y muy especialmente la lucha de los campesinos. En el plano económico, el plan incluye avanzar con una economía extractivista, agroexportadora, que condenara, para siempre, aquellos viejos anhelos de un país industrializado.

Paraguay había sido la vanguardia del desarrollo autónomo en el continente. El infame genocidio denominado Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) barrió con esos intentos de independencia económica. Y todavía hoy, tantos años después, la misma oligarquía terrateniente sigue derramando sangre en suelo paraguayo.

La matanza de Curuguaty fue el capítulo más barbárico y sangriento de este montaje golpista que terminaría con la destitución de Fernando Lugo el 22 de junio de 2012. La masacre se produjo poco antes, el 15 de junio de 2012, en un enfrentamiento armado durante una operación policial de desalojo de campesinos «sin tierra» en una hacienda de Curuguaty, en el noreste del país.

Murieron 11 campesinos y 6 policías en circunstancias que no se pudieron establecer con exactitud. Entre otros motivos, porque no se realizó una investigación independiente e imparcial de lo ocurrido. Los militantes campesinos y organismos de derechos humanos del Paraguay y de varios países del mundo solicitaron en forma reiterada una investigación independiente. El presidente de facto que reemplazó a Lugo, Federico Franco, se negó a formar una comisión investigadora. Franco, quien calificó de “milagro” la muerte de Hugo Chávez, no quería verse salpicado por una investigación independiente que acaso develaría su participación y la de su partido (el Liberal, que fue aliado de Lugo) en tan oscuro entramado.

Lugo fue destituido por el Senado en una votación que arrojó 39 votos a favor de su salida del cargo y cuatro en contra, en medio de masivas manifestaciones contra el golpe. En una grotesca farsa de “juicio político” sumarísimo, Lugo fue considerado “culpable” de mal desempeño de sus funciones por su “responsabilidad” en la muerte de 17 personas en Curuguaty.

Los terrenos de Marina Cué, la estancia de Curuguaty donde ocurrió la matanza, estuvieron en disputa entre el Estado paraguayo y la empresa Campos Morombí. Esta firma pertenece a la familia del fallecido Blas Riquelme, que fue un importante funcionario del Partido Colorado. Y da la casualidad que, tras el golpe de Estado y el gobierno interino e ilegítimo de Franco, resultó elegido presidente Horacio Cartes, también del Partido Colorado, neoliberal y vinculado al agronegocio.

La sangrienta restauración conservadora se completó. Y ahora la represión y la criminalización del movimiento campesino se desarrollan sin límites, con la complicidad de la Justicia, la misma que avaló el golpe de Estado.

Esa misma Justicia, a través de la Fiscalía, dictaminó que las tierras en donde ocurrió la Masacre de Curuguaty son privadas, pertenecen a la familia del latifundista y no al Estado paraguayo. Esta decisión empeoró en buena medida la situación de los campesinos procesados por la matanza. Porque tras la matanza de Curuguaty, y más allá de las denuncias de ONG y organismos de derechos humanos de todo el mundo, las víctimas fueron convertidas en victimarios.

Doce campesinos enfrentaron un juicio penal por los sucesos del 15 de junio de 2012. Tres de los imputados por la Fiscalía son mujeres, dos de las cuales acudieron a la audiencia con sus hijos de pocos meses, aún lactantes. Se los acusó de intento de homicidio, pese a que el ataque se realizó con armas automáticas que los campesinos no tenían. Se sospecha que actuaron sicarios contratados por los terratenientes para masacrar a los campesinos y después culparlos de la matanza, criminalizando de esta manera al movimiento y creando un escenario apto para dar un golpe de Estado contra Lugo.

Las audiencias se fueron aplazando, el juicio se demoró, y en 2013, a un año de la masacre, una gran movilización popular salió a denunciar la falta de Justicia. «Los responsables de cada una de las muertes deben ser puestos a disposición de la justicia sin dilación», señaló María José Eva, de Amnistía Internacional.

La huelga de hambre

Cinco campesinos que cumplían prisión preventiva, acusados de intento de homicidio durante la masacre de 2012, sostuvieron durante 58 días una huelga de hambre que los dejó al borde de la muerte. Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Néstor Castro, Adalberto Castro y Arnaldo Quintana, quienes son considerados “presos políticos” por buena parte de la sociedad paraguaya, sostuvieron la protesta para conseguir arresto domiciliario.

Cuando ya las reservas de grasa del cuerpo de los huelguistas estaban agotadas, con el organismo al borde del colapso, obtuvieron la victoria esta semana. La Justicia de Paraguay concedió arresto domiciliario a los cinco campesinos que cumplían prisión preventiva.

El Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá resolvió que los acusados esperaran en sus casas el juicio –que en principio fue programado para que se realice en junio– tras recibir un informe médico que dictaminó que los campesinos estaban descompensados y con un alto riesgo de complicación clínica, de “consecuencias impredecibles”, según indica fallo.

La Fiscalía, que hasta ahora se había opuesto al arresto domiciliario, apoyó la petición de la defensa. “El Ministerio Público no puede estar ajeno a que la vida humana de los mismos se encuentre en juego, independientemente de que esta circunstancia haya sido generada voluntariamente”, aseguró la Fiscalía, en un repentino ataque de humanitarismo, según consta en la resolución.

Pero a la Justicia paraguaya le duró poco el ataque, y esta sangrienta historia de autoritarismos e injusticia se parece cada vez más a esas películas que, sobre el final, dan un giro sorprendente. E indignante. La Justicia demostró que sus desvelos por preservar la vida y los derechos humanos fueron apenas una crisis pasajera que supieron enmendar con la presteza que no tuvieron en otros casos. Tras la victoria que significó para los presos políticos del caso Curuguaty la concesión de la prisión domiciliaria, la Justicia paraguaya se tomó un desquite.

El martes 15 de abril, luego de dos días del levantamiento de la huelga de hambre, los cinco presos políticos del caso Curuguaty fueron dados de alta y trasladados a la oficina de Judiciales del penal de Tacumbú para realizar los trámites de las medidas alternativas a la prisión. Y después se dirigieron a sus domicilios en Curuguaty. Pero una vez en allí, cuando pensaban que el infierno había concluido, se encontraron con la orden de detención de Rubén Villalba, que fue interceptado y detenido por orden del Juez de Garantías Carlos Goiburú, en una causa por ocupación de tierras del año 2008. El magistrado ordenó el regreso de Villalba al penal de Tacumbú, en Asunción, al considerar que en esta causa no hay beneficio de prisión domiciliaria. Fue alojado en el sector de Sanidad del penal, donde anunció el reinicio de su huelga de hambre.

La lucha del pueblo paraguayo continúa. Y se desarrolla sobre un terreno que está regado con sangre, desde hace siglos.

Publicada en el eslabón nº 139.

 

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