El lado oscuro del Rock & Feller’s

Una causa judicial por fraude laboral contra los titulares del bar Rock & Feller’s Rosario, pone de manifiesto un régimen de precarización que alcanza a cientos de empleados que trabajan por más de ocho horas pero que estarían anotados como si hicieran media jornada. La presentación radicada por el abogado laboralista Jorge Elías en el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral de la Primera Nominación, a cargo de Susana Perkins, denuncia la situación de “trabajadores registrados en fraude a la ley” y reclama, en un caso particular de una ex empleada que se animó a señalar los hechos en los tribunales provinciales, una indemnización de más de 200 mil pesos.

La demanda fue presentada el 28 de abril pasado por una moza del resto-bar, que consignó “la situación de irregularidad y abuso” de la empresa en relación con su planta permanente, calculada en alrededor de 150 personas. Según el texto redactado por Elías –al que tuvo acceso este medio–, los empleados figuran “como trabajando por media jornada, es decir, inscriptos por cuatro horas”.

De acuerdo a la denuncia, la firma Food Corner, sociedad contra la que va dirigido el reclamo, “se ahorra el 50 por ciento de los costos de la seguridad social (jubilación, obra social, ART), y además paga salarios muy inferiores a los que marca el convenio”. El escrito indica además que en el caso de la la moza que inicia el pleito legal, la empleada “cobraba alrededor de $2.500 por mes, cuando el convenio colectivo fija un sueldo de más de $6.000 para quien trabaja 8 horas al día”.

“En caso de despido o de accidente estos trabajadores quedan expuestos a cobrar indemnizaciones muy bajas, o tener que entablar juicio para tratar de probar la irregularidad de sus registraciones”, explicó una fuente ligada a la causa.

La misma voz, remarcó la relevancia del reclamo de la empleada que trabajó por más de cinco años en el lugar, quien además de pretender un legítimo resarcimiento, podría sentar un importante precedente “respecto de la totalidad del personal que padece este abuso”.

Una denuncia con nombre y apellido

Si bien la presentación judicial apunta contra Food Corner S. A., la sociedad titular del negocio, la demanda incluye a Guillermo Isaac Rosental, Gustavo Kierzkowski, Sergio Daniel Kierzkowski y Carlos Alberto Abiad. “Dada la violación a la ley que se consuma a través de la sociedad, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 54 y 59 de la Ley de Sociedades Comerciales el reclamo involucra como responsables al presidente, vicepresidente y directores de la sociedad”, explicó la fuente tribunalicia.

El escrito radicado en la Justicia provincial, recuerda que según el artículo 54 de la Ley de Sociedades Comerciales “…El daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de los socios o de quienes no siéndolo la controlen, constituye a sus autores en la obligación solidaria de indemnizar sin que puedan alegar compensación con el lucro que su actuación haya proporcionado en otros negocios…”. Y subraya además que la norma, en su artículo 59, expresa: “Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión sujeto a lo que resulte de la prueba”.

Según las cuentas realizadas por la empleada y su abogado, “computando las multas y sanciones establecidas en la legislación vigente para casos de trabajadores registrados en fraude a la ley”, la indemnización debería ascender a 250 mil pesos.

De la sede de la represión a la meca del negreo

Rock & Feller’s es un bar para gente cool. Apunta a un público clasificado Abc 1 en la segmentación de mercado que hacen los “nuevos” hombres de negocios, quienes pretenden comer la billetera de consumidores de alto perfil, como profesionales, empresarios, funcionarios y personalidades. Por esa misma razón, sus titulares no tuvieron problemas ni morales, ni pecuniarios, para soportar las denuncias de las organizaciones de derechos humanos mientras se mantuvo en la ex sede del Comando del Segundo Cuerpo del Ejército –donde hoy se encuentra el Museo de la Memoria–, desde donde se planificó el secuestro y las desapariciones de miles de personas víctimas de la dictadura en cinco provincias.

Mientras los sobrevivientes del terrorismo de Estado y sus familiares reclamaban que en ese sitio debía constituirse un espacio en memoria de las víctimas del genocidio, y escrachaban a empresarios y autoridades que otorgaban prórrogas al emprendimiento que ocultaba y frivolizaba la historia trágica de ese sitio, al parecer el “prestigio” del bar no fue mellado y tampoco sus ingresos, que le permitieron invertir millones en su mudanza a bulevar Oroño y Güemes, mantenerse al tope de las preferencias del target más codiciado, y ubicarse como el emprendimiento del rubro que “lidera la movida”, según lo asegura el medio especializado Punto Biz.

De acuerdo a las estimaciones que se desprenden de la denuncia radicada en el juzgado de Perkins, el 50 por ciento del dinero que se estarían evitando pagar a sus empleados, podría explicar semejante realidad.

Publicada en el eslabón n° 141.