El director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz dijo que el juez de Nueva York armó un negocio con los fondos buitre para perjudicar al país y rescató el pago a bonistas que ingresaron al canje de deuda, porque además de cumplir con las obligaciones, la estrategia argentina deja la posibilidad de que ahora en más se abran juicios cruzados entre todos los actores del pleito.
El economista Andrés Asiain reflexionó sobre la controversia entre la Argentina y los fondos buitre, quienes poseen bonos que no ingresaron a los canjes 2005 y 2010 de deuda en default y cuentan con fallos favorables en la Justicia estadounidense para sus demandas de cobro de unos 1.500 millones de dólares, a las que el gobierno considera “suicidas”. La estrategia encarada por el Ejecutivo nacional frente a la resolución del juez de Nueva York Thomas Griesa a favor de los especuladores, los efectos de la cláusula Rufo sobre el trato equilibrado entre los acreedores, los respaldos internacionales que cosechó el país, la pose colonial de algunos sectores de la clase dirigente y las potenciales implicancias de la pelea con los buitres en la marcha de la economía doméstica fueron algunas de las cuestiones que abordó el director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz en este reportaje con el eslabón.
—¿Cómo analiza la estrategia que se dio el gobierno en el pleito con los fondos buitre?
—Griesa y los fondos buitre armaron una encerrona para que Argentina no pueda seguir cumpliendo con los acreedores que aceptaron el canje de deuda y así forzar un nuevo default. Ante eso el gobierno está tratando de preservar que el fallo no impacte en el 93 por ciento de los acreedores que sí aceptó el canje. Es decir, que no se dispare la cláusula Rufo de los bonos 2005 y 2010, que señala que cualquier oferta mejor a la que aceptó ese 93 por ciento de los bonistas, el resto tiene derecho a optar por esa mejor oferta. Entonces, de prosperar el fallo Griesa, una interpretación arbitraria de la cláusula Rufo (Rights Upon Future Offers) podría aceptar demandas judiciales por parte de bonistas que van a reclamar el mismo pago. El gobierno no puede negociar demasiado con los fondos buitre porque cualquier oferta superior a la del 93 por ciento de los bonistas puede propiciar demandas judiciales. La estrategia busca evitar cualquier tipo de interpretación de que Argentina hace una oferta mejor a los buitres que al resto de los acreedores para que no haya ningún resquicio legal que tire abajo todos los logros en materia de reducción de deuda obtenidos con los canjes 2005 y 2010. Esa parece ser la estrategia argentina en términos generales, mientras que en términos particulares el hecho de haber depositado la plata (para los bonistas del canje) busca generar que los juicios no sean sólo contra la Argentina, sino que sean juicios cruzados por parte de los acreedores que aceptaron el canje contra el Banco de Nueva York, contra el juez Griesa. Argentina giró la plata para pagar y cumplir con sus leyes. Esto hay que tenerlo claro: una cosa es el fallo Griesa pero también hay leyes nacionales que indican que Argentina tiene que cumplir con las obligaciones asumidas en los canjes de deuda.
—¿Fue una buena estrategia de Argentina haber depositado el dinero para pagar los bonos reestructurados (que vencieron el 30 de junio) pese a que el juez Griesa haya bloqueado las transferencias a los acreedores que ingresaron al canje?
—Sí, porque eso puso en evidencia la intención del juez Griesa de empujar a la Argentina al default. Al impedir el cobro busca forzar un default. Pero el reciente pago argentino de vencimiento de deuda dividió aguas entre los acreedores que aceptaron el canje y los que no, y también con el Banco de Nueva York. La decisión muestra intereses cruzados y abre juicios para todos lados.
—¿Qué busca el fallo Griesa? ¿Hay un intento de disciplinar a la Argentina de parte del poder financiero internacional?
—Hay un negocio concreto de los fondos buitre con Griesa. El juez armó un quiosco por el que va a pasar el 7 por ciento de los acreedores que no ingresó al canje para pedir que el fallo también se aplique para ellos. Y si se dispara la cláusula Rufo ya no sería un quiosco sino un hipermercado, porque lograría que el ciento por ciento de los acreedores abra juicios contra la Argentina. Hay un interés puntual, un negocio entre Griesa, fondos buitre y grupos especulativos, a los que se suma la complicidad de la Justicia norteamericana. (El presidente de Estados Unidos Barak) Obama se proclamó, y hasta el mismo FMI, a favor de la Argentina, aunque en concreto no hicieron presiones suficientes para intervenir en el caso y pedir la postergación del fallo. Entonces ahí se puede oler algún intento de volver a condicionar a la Argentina a través de un endeudamiento ficticio mediante fallos judiciales. Y también, como dijo el presidente (de Uruguay José) Mujica, con algunos recursos estratégicos de la Argentina como puede ser el gas no convencional de Vaca Muerta.
—Algunos dirigentes y economistas recomiendan que Argentina acate el fallo Griesa sin chistar y pague, pese a la maniobra explícita de los fondos buitre de querer obtener ganancias exorbitantes…
—Un sector amplio de la clase dirigente, candidatos electorales, periodistas, economistas, empresarios, tienen una idea que es que la única salvación para la Argentina es volver a los mercados y con esa desesperación son capaces de firmar cualquier cosa. Como dijo Mauricio Macri, hay que ir a sentarse con Griesa y hacer lo que él diga y pagar. Este tipo de posturas lo que hacen es poner en riesgo el ciento por ciento de la reestructuración de la deuda. Muestra que hay sectores dentro de la clase dirigente, en todos los ámbitos, que con tal de conseguir algún crédito internacional, muchos ambicionando valorizar las acciones de sus empresas para hacer sus negocios y sus diferencias, tener un chaleco para fugar la plata al exterior que tienen acumulada a partir de las restricciones en la Argentina, son capaces de comprometer la independencia económica y el futuro del país. Dicen estar preocupados por la situación económica de la Argentina mientras hacen negocios.
—Otras voces directamente plantean la ilegalidad de la deuda externa y critican la política de desendeudamiento del gobierno…
—El hecho de que la deuda externa argentina haya sido ilegítima, ilegal, contratada por gobiernos militares, es conocido, y yo concuerdo con esa visión. El tema es que después están las relaciones de poder internacional y que hoy día esa postura podría llegar a ser funcional a la postura de los que quieren tirar abajo toda la quita de deuda de los canjes de 2005 y 2010. Porque si Argentina de repente deja de pagar la deuda y empieza hacer esa investigación, que se podría hacer sin dejar de pagar, simplemente hacer una campaña de clarificación en nuestra sociedad, podría llegar a generar una excusa para que la totalidad de los bonistas empiecen a demandar a la Argentina en la Justicia internacional inflando la deuda externa. Es una postura que llevaría a un camino de confrontación internacional mucho más fuerte. Buena parte de los buitres, más del 50 por ciento, compraron los bonos en el Megacanje del gobierno de la Alianza en 2001, cuando el país entró en cesación de pago. Que esa causa haya prescripto (sólo el ex ministro de Economía Domingo Cavallo está siendo investigado) deja claro que en la Argentina el sistema judicial es cómplice de ciertos sectores económicos. Hay ciertas causas que las demoran hasta que prescriben.
—¿Qué consideración hace de los respaldos internacionales que cosechó la posición argentina en la pelea con los fondos buitre?
—El tema de los apoyos internacionales es importante. Por una cuestión de determinación política sobre la Justicia norteamericana y sobre su gobierno, pero también por el hecho de que si el conflicto llegase a permanecer y hay intentos de embargo haya una serie de países que no estén dispuestos a ser cómplices de esas acciones contra la Argentina. Los respaldos internacionales permiten neutralizar cualquier intento de sanción económica posterior. El sistema financiero internacional no regula las reestructuraciones de deuda y ese agujero legal es el que permite a estos grupos generar este tipo de fallos judiciales para condicionar reestructuraciones de deuda exitosas como fue la de la Argentina.
—¿El fallo Griesa y la controversia con los buitres pueden tener efectos negativos en la economía real de nuestro país?
—Este fallo pone una piedra en el camino de la vuelta a los mercados financieros. La posibilidad de solucionar la faltante de divisas mediante la colocación de bonos y acciones en el exterior y la llegada de capitales especulativos queda postergada. Esto va a exigir que se generen políticas internas para resolver estos problemas y no tanto intentar postergar los efectos de la falta de dólares con créditos extranjeros. Hay que ajustar más la política interna, hay que controlar más la fuga de capitales y tratar de seguir avanzando en la sustitución de importaciones. Acuerdos regionales como los que acaba de firmar la Argentina con Brasil (referido al intercambio comercial automotriz) son políticas para resolver los problemas con nuestros propios medios y sin apelar tanto a la idea de que las inversiones especulativas de corto plazo ayudarán a aliviar la situación.
Artículo publicado en la edición 150 del semanario El Eslabón.
