Defensores de usuarios de Rosario se refirieron al paquete de leyes que impulsa el gobierno para intensificar regulaciones y proteger al cliente contra estafas. Aunque con algunas críticas, en general evaluaron las propuestas como “positivas”.
El proyecto de reforma a la ley de abastecimiento y las iniciativas de protección a los derechos de los consumidores que el gobierno nacional giró al Congreso para su tratamiento promovieron de manera anticipada un fuerte debate, con un cerrado rechazo de parte de las principales cámaras patronales y de los políticos del arco opositor. El paquete de medidas contempla, además, la creación de un fuero judicial para resolver conflictos entre usuarios y empresas por entrega de bienes defectuosos o cobros indebidos, un observatorio de precios y un seguimiento a la disponibilidad de insumos y servicios. el eslabón consultó a defensores de usuarios y consumidores de Rosario, quienes a diario abordan casos de personas que se ven afectadas por compañías de distintos rubros, con la intención de conocer sus apreciaciones sobre las propuestas que ya se discuten en el Senado.
Monopolios en la mira
“Estoy de acuerdo con los proyectos que el gobierno envió al Parlamento. Habrá que ver qué queda de todo eso, porque las presiones de las corporaciones van a ser muy fuertes”, señaló el abogado Luciano Tamous. “El consumidor se encuentra desprotegido frente a los monopolios. Por eso se trata de tomar las riendas con precaución, para que el gobierno no sea acusado de querer imponer una economía dirigista”, agregó.
El especialista en defensa de los derechos de los consumidores indicó que las principales denuncias recibidas por parte de usuarios “tienen que ver con el mal funcionamiento de los servicios”. Detalló que la telefonía celular y la medicina prepaga encabezan el ranking de quejas.
En tanto, el letrado dijo que los reclamos por aumentos excesivos de precios “se dan en el marco de una economía monopolizada”. Y dio ejemplos: “El precio de la leche lo fijan dos empresas, el precio del pan lo fijan Bimbo y Fargo, el precio de la harina lo fija Molinos Río de la Plata. Es decir, una o dos empresas se reparten el mercado y establecen los precios de referencia”.
En este sentido, Tamous consideró que las grandes compañías que se oponen a las leyes de los consumidores “no quieren ser controladas por nadie”. A su criterio, “las medidas del gobierno buscan poner límites a los abusos, revisar la conformación de los precios, saber cuánto recibe el productor de la materia prima, cuánto cuesta elaborarlas, empacarla y cuánto gana el vendedor”.
“Los economistas neoliberales dicen que es malo el control de precios. ¿Por qué el Estado no puede controlar los precios y conocer los márgenes de ganancias de las empresas? En realidad se propone un observatorio de precios, saber cómo se componen los mismos. Si un litro de leche cuesta 12 pesos, saber cuánto recibe el productor, cuánto se le paga al empleado, cuáles son los costos y gastos”, reflejó el abogado defensor de los consumidores. Y añadió: “Por los aumentos salariales en paritarias hay empresarios que suben los precios en la misma escala, cuando en realidad el componente salarial dentro del precio final del producto representa un 10 por ciento”.
Sobre la propuesta de crear un fuero del consumidor a los efectos de resolver de manera expeditiva los diferendos entre usuarios y empresas, Tamous sostuvo que “es necesaria una nueva justicia para los consumidores, ya que en la práctica muchas veces los jueces son reticentes a aplicar la ley”. Y fue más allá: “En Rosario, los jueces de distritos, si bien la ley es de orden público y habla de justicia gratuita, cobran sellados”.
Apoyo crítico
Christian Galindo, de la Red de Consumidores, dijo que “en general es positivo que haya iniciativas para agilizar la efectivización de los derechos del consumidor”, aunque evaluó que las medidas son “tardías y oportunistas”.
“Estas leyes, que llegan tarde y tampoco llegarán a todos los que deberían llegar, están lejos de ser la panacea para los consumidores. Venimos reclamando desde hace tiempo un tribunal de defensa de la competencia, porque no puede ser que el 90 por ciento del rubro cerveza lo concentren dos empresas, que el 90 por ciento del rubro gaseosas también lo controlen dos empresas, el 75 por ciento de galletitas dulces tres empresas, el 75 por ciento de galletitas saladas dos empresas; en los enlatados son dos competidores que controlan el 60 por ciento del mercado, igual que en los lácteos. Es decir, el gobierno enfrenta a ciertas corporaciones, pero por otro lado permite que grupos concentrados se concentren cada vez más”, razonó Galindo.
No obstante, el dirigente de los consumidores afirmó que “está bien que se envíen estos proyectos al Congreso y que se garantice la oralidad en el tema de la ley de consumidores. Hoy en las direcciones de comercio municipal y provincial y en la Secretaría de Comercio de la Nación tenés que esperar mucho tiempo para llegar a una resolución. Por ejemplo, con la garantía de una heladera, una familia no puede esperar tres meses sin la heladera. Con este nuevo sistema se busca que sea más expeditivo el desenlace de la controversia. Hay un avance en cuanto a la normativa que hoy está regulando los derechos de los consumidores”.
Galindo contó que los principales reclamos que recibe su organización están vinculados al servicio de telefonía celular. “Por un lado hay una mala calidad del servicio, una mala atención al cliente, y hay que tener en cuenta que hoy es el servicio más masivo del país”, indicó el líder de la Red de Consumidores, al tiempo que pidió que la telefonía celular sea declarada servicio público.
“El sector empresario del rubro celulares en la Argentina, comparativamente con el año pasado, invirtió la mitad de lo que invirtieron las empresas del mismo sector en otros países de Latinoamérica, en perjuicio del consumidor. Esto se ve traducido en una calidad del servicio regular, y a su vez redunda en una mayor queja de los usuarios”, explicó. “También esto demuestra la ausencia del Estado en el área, porque más allá de que no es un servicio público, el Estado tiene facultades y potestades para exigir un servicio de calidad, y hoy no está asegurado, por eso los problemas que tenemos con los celulares”, señaló Galindo en diálogo con este semanario.
De igual a igual
Por su lado, Alberto Muñoz, titular de la Oficina de Defensa del Consumidor, dijo que “la idea de incorporar un fuero para el usuario es una vieja pelea de todo el movimiento de consumidores. Así como en el siglo XX se tomó la decisión de que hubiese un espacio para los derechos del trabajador como conciencia de que no era igual la relación entre el trabajador y el empresario que lo contrataba, en el mismo sentido en el siglo XXI hay que poner de relieve la relación asimétrica entre el consumidor y el proveedor de bienes y servicios”.
Para Muñoz, la propuesta de crear un fuero del consumidor en la Justicia ordinaria, con una instancia de conciliación entre las partes, es una buena noticia. “Tenemos una ley de defensa del consumidor, la última versión aprobada en 2008, que parte del principio pro usuario. Y ahora este nuevo esquema jurídico también parte de la base de que hay que poner al consumidor en igualdad con el proveedor”.
Entre las iniciativas, el gobierno busca actualizar la ley de abastecimiento, promulgada en 1974, que pasaría a llamarse de regulación de las relaciones de producción y consumo. “Apoyamos los cambios a la ley de abastecimiento porque queremos que quede claro cuánto gana el industrial. La ley de lealtad comercial pena la diferencia entre el precio exhibido y el precio cobrado. Se han puesto sanciones contra grandes supermercados porque había diferencias entre el precio de góndola y lo que se cobraba en la línea de cajas. Las empresas apelaban y todo quedaba en la nada. Ahora, con este nuevo esquema, primero el señor Carrefour, el señor Coto, tendrán que pagar y después discutir”, indicó el defensor local de los consumidores.
“La ley de abastecimiento no podía ser aplicada íntegramente por discusiones en torno a su constitucionalidad. Ahora podrá ser aplicada y hará visible la cadena de valor de los distintos productos. ¿Por qué los consumidores no tenemos derecho a saber cuánto gana cada eslabón de la cadena si en definitiva lo pagamos nosotros?”, se preguntó Muñoz.
Y concluyó: “Estoy de acuerdo con poner regulaciones en el mercado. Eso de dejar que actúe la mano invisible del mercado (como dijo Hermes Binner) termina en que haya infinidad de consumidores en situaciones de sometimiento, de abuso. Por eso el Estado debe actuar en defensa del eslabón más débil, que es el consumidor”.
Paquete de leyes
El gobierno nacional defendió en un plenario de comisiones del Senado el paquete de leyes de protección de los consumidores, con la creación de un fuero judicial específico para dirimir conflictos entre empresas y usuarios, de un observatorio de precios y la modificación de la ley de abastecimiento.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, acusó a los grupos concentrados de cuestionar la intervención del Estado en la regulación de la economía cuando sienten afectados “sus intereses”. Sobre el observatorio de precios, explicó que “se busca verificar el comportamiento de precios, porque es indispensable garantizar la transparencia”.
A su turno, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, declaró que el objetivo de las nuevas leyes es establecer “un sistema más pragmático y más liviano”, y precisó que por el sistema de Precios Cuidados hubo durante 2013 multas por 35 millones de pesos.
Cuestionó el sistema según el cual los consumidores “muchas veces ven pasar años para que se resuelvan sus reclamos” y afirmó que se busca “agilizar y dar resolución rápida” a los mismos.
El secretario de Comercio, Augusto Costa, aseguró que con las tres medidas el gobierno “pretende equilibrar relaciones desiguales” y mostrarle al consumidor las herramientas con las que cuenta para “hacer valer sus derechos”.
Durante el plenario, los representantes del establishment empresarial nucleado en el Grupo de los 6 dejaron en claro su oposición al debate parlamentario de los proyectos más allá de los cambios que los legisladores introduzcan, mientras las pymes respaldaron las iniciativas y pidieron ser excluidas de sanciones.
Artículo publicado en la edición 157 del semanario El Eslabón
