El fiscal federal Walter Rodríguez sostuvo que el PS «no subsanó las observaciones formuladas» por el auditor de la Cámara Nacional Electoral. Entre ellas, no haber podido justificar casi dos millones de pesos que el partido recibió como aporte para la campaña de 2007, en la que Hermes Binner fue electo gobernador. La causa podría derivar en una posible inhabilitación para Binner y Miguel Lifschitz, que firmaron como presidente y tesorero el balance, ya desaprobado por el juez federal Reinaldo Rodríguez.
El domingo, Redacción Rosario anticipaba que el Partido Socialista no había podido justificar los aportes que recibió para la campaña electoral del año 2007. Esa fue una de las observaciones que le había realizado un auditor de la Cámara Nacional Electoral al partido, que desde 2008 a la fecha no contestó ninguno de los cuestionamientos, lo que derivó en la decisión del juez federal Reinaldo Rodríguez de desaprobar el balance presentado por el PS, firmado por Hermes Binner, como presidente, y Miguel Lifschitz, como tesorero.
Esta mañana, el fiscal federal Walter Rodríguez solicitó una serie de medidas probatorias que apuntan a dilucidar cuáles fueron los aportes privados por casi dos millones de pesos que no pudieron ser precisados por el PS y que fueron recibidos en el marco de la campaña electoral de 2007, en la que Binner fue electo gobernador, mientras que Rubén Giustiniani secundó a Elisa Carrió en la fórmula presidencial.
El fiscal destaca que el balance de ese año fue “desaprobado por el juez interviniente y, en su consecuencia, el magistrado resolvió sancionar al partido con la pérdida de los aportes que le fueron asignados para las campañas de elecciones presidencial y legislativa del año 2007”.
Además, precisa cuáles son las imputaciones. En primer lugar, “la imposibilidad de acreditación del origen y destino de los fondos partidarios correspondientes al ejercicio anual patrimonial del año 2007 del Partido Socialista, que guarda vinculación con los estados contables desaprobados en el ejercicio anterior” y, por otra parte, “la dación, aceptación y recibimiento de contribuciones prohibidas expresamente por ley”.
En ese período, el PS recibió aportes por $ 1.879.207, 07 que “no cuenta con su documentación respaldatoria”. “De entenderse como tal la lista aportada bajo el título ‘Aportes partidarios 2007’, ello acreditaría una cifra menor y no coincidente con la anterior ($ 781.907, 07)”, destaca.
También cuestiona ingresos percibidos que encuadrarían dentro de las prohibiciones previstas por la normativa vigente como “la aceptación y recibimiento de contribuciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas por un lado, y de asociaciones sindicales, patronales y profesionales por el otro”.
El fiscal señala que el PS “no subsanó las observaciones formuladas por León Derhovsepian, integrante del Cuerpo de Auditores Contables de la Cámara Nacional Electoral”. El perito había realizado “un análisis pormenorizado a lo largo de su dictamen, del que se desprende la falta de inclusión de gastos de propaganda, y la ausencia de inclusión de gastos informados por terceros que fueron circularizados por el Tribunal; además de haber detectado varios aportes expresamente prohibidos por la ley”.
Sobre ese punto, Rodríguez explicó que en la causa constaban los siguientes aportes que estarían incluidos en las prohibiciones dispuestas por la ley (artículo 15, incisos c y h de la ley 26215):
1) la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de Rosario por la suma de diez mil pesos ($10.000).
2) la Asociación de Cooperativas Argentinas CL, por el monto de cinco mil pesos ($5.000).
3) la Cámara de Estaciones de Servicio y Garaje por seis mil pesos ($6.000).
4) la empresa Terminal Puerto de Rosario S.A., por la suma de once mil pesos ($11.000).
5) la firma VFM S.A., por el monto de quince mil pesos ($15.000).
6) la firma Monticas S.A., por la suma de diez mil pesos ($10.000).
7) la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Departamento Castellanos por el importe de treinta mil pesos ($30.000).
Según entiende el fiscal, los hechos “en principio resultan jurídicamente calificables como falta de acreditación del origen y/o destino de los fondos recibidos, por parte del presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financiero de campaña (artículo 63, inciso b, de la ley 26215), entre los cuales en ese momento aparecerían Hermes Binner y Miguel Liftschitz”.
En este sentido, vale recordar lo publicado por Redacción Rosario el día domingo: el antecedente por el cual a Jorge Sobisch, en una causa similar, se lo inhabilitó por dos años, lo que afectó “sus derechos para de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios”.
