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Foto: Manuel Costa

Las principales cámaras patronales rechazan la aplicación de la nueva ley de Abastecimiento mientras el gobierno avanza en su implementación. Desde el Centro de Economía Política Argentina señalaron que a los grandes empresarios les molesta el observatorio de precios, herramienta que permite al Estado conocer márgenes de rentabilidad.

A un mes de que el Congreso sancionara la nueva ley de Abastecimiento, que regula las relaciones de producción y consumo, las principales cámaras empresarias volvieron a rechazar la iniciativa, anunciaron protestas y amenazaron con recurrir a la Justicia para declararla inconstitucional. Incluso, dirigentes opositores deslizaron la posibilidad de derogar leyes clave aprobadas durante los últimos diez años en caso de llegar a la Presidencia en 2015, entre ellas las normas que defienden a los consumidores del abuso de posición dominante que ejercen los monopolios en sectores sensibles de la economía.

Julia Strada, integrante del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), explicó cómo las grandes empresas remarcan los precios, detalló por qué los empresarios están en contra de la ley de Abastecimiento y relató cómo abusan de su posición dominante.

“La ley de Abastecimiento tiene distintas medidas que protegen a los consumidores y a las pequeñas y medianas empresas. ¿Sabés cuál es la medida que particularmente más les molesta a los empresarios? La creación del observatorio de precios, porque es un instrumento que le permite al Estado conocer los márgenes de rentabilidad de cada eslabón de la cadena”, indicó la joven economista del Cepa en una columna audiovisual del ciclo “Economía para todos”.

Entre los eslabones de la cadena productiva Strada señaló como punto de partida el productor primario, pasando por el fabricante del bien de consumo, siguiendo por el distribuidor o mayorista hasta el vendedor final que generalmente son los supermercados, donde las grandes cadenas llegan a remarcar hasta el 200 por ciento los productos que llegan a la mesa de los argentinos.

“En el país tenemos una estructura productiva concentrada. Por ejemplo: sólo hay dos empresas que concentran la producción de galletitas (Arcor y Kraft), igual que en el caso de las gaseosas donde también hay dos empresas (Coca Cola y Pepsi). En el caso de los supermercados hay seis cadenas principales que son hegemónicas: Grupo INC (Carrefour y Día) Cencosud (Jumbo, Vea y Disco) Coto, Walmart, La Anónima y Libertad”, detalló la integrante del Cepa.

Y continuó: “La concentración permite que unas pocas empresas sean formadoras de precios. ¿Qué significa ser formador de precios? Que si Sancor y La Serenísima que producen la leche que mayormente todos consumimos concentran prácticamente la totalidad de la producción, pueden decirle al productor tambero a qué precio le compran la leche, y si no, no se la compran”.

En base a un informe que elaboró la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, que en su momento publicó el eslabón, Strada dio algunos ejemplos que resumen la práctica abusiva de los supermercados con respecto a la canasta de alimentos: “Leche entera Sancor de litro, ¿sabés a qué precio la compra Coto? La compra a 10,15 pesos y después te la vende a 15,35. Tiene un porcentaje de remarcación de 51,23 por ciento. En el caso de Carrefour es de 57,54 por ciento y en el caso de Jumbo es de 51,63 por ciento”.

La economista del Cepa mencionó otro caso testigo sobre las maniobras en detrimento de los consumidores: “Papel higiénico Higienol por 6 unidades, ¿sabés a qué precio lo compra Coto? A 13 pesos. ¿Sabés a cuánto lo vende? A 36 pesos. Se queda con un margen de ganancia del 177 por ciento; en el caso de Carrefour se queda con un margen del 188 por ciento, y Jumbo que lo vende a 41,65 pesos, se queda con un margen del 219 por ciento”.

Para Strada, la nueva ley de Abastecimiento es para “defender el bolsillo y el trabajo de los Argentinos, para defender a los consumidores y a los pequeños y medianos productores”. Con estos instrumentos sumados al plan Precios Cuidados, el gobierno nacional busca contener la suba desproporcionada de precios por parte de empresas que abusan de su posición dominante en el mercado.

Hacia la reglamentación

Las distintas cámaras empresarias, encolumnadas detrás del Grupo de los Seis, decidieron presentarse a la Justicia para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la ley de Abastecimiento. Los hombres de negocios consideran que la norma “empeorará la situación económica por la que atraviesa la Argentina”. Dirigentes opositores y medios de comunicación coinciden en agitar el mismo fantasma y reproducen una catarata desinformativa que sólo trae confusión al debate.

El Ejecutivo logró la aprobación de leyes que son resistidas por el sector empresario: reforma a la ley de Abastecimiento, la creación de un observatorio de precios y una nueva Justicia Federal en las relaciones de consumo, que gravitará en el Poder Judicial y contará con un servicio de mediación previa. Lejos de espantarse por las intimidaciones patronales, el gobierno comenzó a reunirse con organizaciones que participaron del proceso de creación de las leyes de defensa del consumidor con el fin de analizar los pasos a seguir hacia la reglamentación e implementación de las iniciativas.

El secretario de Comercio Augusto Costa dijo que “se trata de continuar con el diálogo que se estableció al momento del debate en comisiones del proyecto de ley y que sirvió para incorporar modificaciones en el texto normativo”. Y agregó: “Estamos abriendo esta mesa de trabajo para recibir los aportes que sean necesarios, para que a partir de febrero ya esté vigente la nueva Justicia del consumidor”.

El funcionario criticó la ausencia de representantes de las cámaras empresariales y sostuvo que “no están todas las voces representadas porque algunos decidieron hablar por los medios y por la justicia en lugar de sumarse a las mesas de diálogo”.

Costa se mostró optimista con que las leyes “generen los incentivos necesarios para que las empresas se comprometan con este sistema que, en términos internacionales, es novedoso y ayudará a plantear un procedimiento adonde el consumidor puede acudir para plantear su reclamo, y la empresa responder”.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Economía, el secretario de Comercio aseguró que “el nuevo fuero del consumidor será un gran salto cualitativo en función del beneficio de los consumidores y va a transformar la vida de los usuarios de forma más directa”.

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