Foto: Manuel Costa.
Foto: Manuel Costa.

La jueza Irma Bilotta solicitó nuevas declaraciones en torno al siniestro de 2013; familiares denuncian “maniobras” de los apoderados de la empresa que suministra el gas, quienes presentaron un recurso de inconstitucionalidad que aún espera dictamen de la Corte provincial.
La investigación por la explosión del edificio de calle Salta 2141, la peor tragedia recordada en la ciudad con un saldo de 22 muertos y 60 heridos, reanudó una serie de testimoniales a través del Juzgado de Instrucción Nº 10 a cargo de la jueza Irma Patricia Bilotta.

Por la causa, que hasta el momento tiene a once personas imputadas –incluyendo a tres gasistas, cinco empleados de la Litoral Gas y tres integrantes del consorcio que administraba el complejo de departamentos siniestrado–, se solicitó la presentación de nuevos testigos que desfilarán por los tribunales provinciales desde el martes pasado hasta este lunes 27 de octubre.

En esta oportunidad, son 12 las personas que aportarán testimonios –por primera vez–; “un hecho positivo” según manifestó el grupo de siete familias que viene denunciando un “parate” en la causa y que pide que “se profundice el proceso” para determinar los motivos de la voladura del edificio de calle Salta entre bulevar Oroño y Balcarce, el 6 de agosto de 2013.

Para Eleonora López, hermana de Carlos López, uno de los 22 fallecidos por la tragedia, “hay gente que tiene responsabilidades y no está procesada”. Eleonora y los suyos, junto a otras seis familias, entienden que la investigación –la etapa de instrucción– estaba cerrada y por ende comenzaría un juicio en el cual, por ejemplo, no se citaron a directivos de la empresa Litoral Gas.

“Le pedimos a nuestro abogado que continúe la investigación porque no estábamos de acuerdo con que la causa quede así y es a través nuestro pedido que se produce este nuevo llamado”, aseguró la hermana del ex dueño del bar Piluso.

Entre los nuevos testimonios que enriquecerán la causa, se encuentran los de tres gasistas matriculados “tomados al azar” por la jueza, con la intención de que los profesionales acerquen detalles de cómo se desarrollaba normalmente su trabajo antes de la tragedia y cómo era su trato con los consorcios y con la empresa proveedora de gas.

De esta fuente de información, los fiscales Graciela Argüelles y Luis Chiappa pretenden establecer, entre otras cosas, las responsabilidades de la empresa. La defensa de la familia de Eleonora López, además, solicitó a la justicia que obtenga las filmaciones de una de las oficinas de Litoral, donde aparentemente el gasista Carlos García, quién manipuló las conexiones aquella mañana fatídica del 6 de agosto, recibió un permiso “de palabra” por parte de la empresa para realizar los trabajos.

La jueza de instrucción también citó al portero del edificio Pedro Flores y a María Laura Martín, una administradora con nueve departamentos a su cargo y con decisión en el edificio. Por su parte, Marcos Escajadillo, el por entonces director del área de Protección Civil santafesina, que participó de los rescates, también aportará testimonio.

En cuanto al recurso de inconstitucionalidad presentado por los abogados de Litoral Gas, Eleonora López le manifestó a este periódico que es claramente “una maniobra de la empresa”, y que la intención es “planchar la causa”.

–¿Qué sienten ustedes cuando se intenta estancar la causa?

–Tenemos mucha impotencia y resignación pero no vamos a parar hasta que haya justicia; por lo menos con justicia uno tiene otra mirada de las cosas. Con esta maniobra del recurso de inconstitucionalidad resulta que el expediente original está en la Corte Suprema de Santa Fe y los abogados de Litoral Gas están pidiendo que hasta que ese expediente no baje no se siga actuando, que no se investigue. Nosotros decimos que tiene que bajar el expediente porque los plazos de la Corte son otros. Claramente quieren planchar la causa. Por eso nosotros, los familiares, vamos todos los meses a los tribunales, la jueza y los fiscales saben que nosotros no vamos a bajar los brazos.

–¿Hay más responsables?

–Eso es lo que hay que investigar. No quiero ser injusta, hay gente que está procesada porque tuvo una intervención directa pero también hay que entender que ese accionar era de todos los días y estaba naturalizado; esa gente era laburante y trabajaba como la empresa les decía que trabaje; hemos hecho consultas y muchos de los gasistas son potenciales Carlos Garcia, por eso nos preguntamos por qué los directivos de Litoral Gas no están procesados. De todas maneras sabemos que hay que tomar conciencia ciudadana; yo escuché a propietarios decir a los inquilinos que no corten el gas porque no se lo iban a devolver. Mucha gente nos da vuelta la cara, en algunas niveles institucionales también, es como que Salta 2141 no existe; es grave pero no vamos a parar hasta que se avance en la causa penal.

El recurso de Litoral Gas

La intención de fiscales y de un grupo de familiares de extender las indagatorias en busca de los responsables penales encuentra un escollo en el pedido que hicieron los abogados Walter Stramazzi y José Peirone, a cargo de la defensa de los cinco empleados de Litoral Gas, entre ellos la gerenta técnica, el jefe de inspección y tres inspectores.

La defensa solicitó un “recurso de inconstitucionalidad” que en principio hizo lugar el juez Guillermo Llaudet de la sala III de la Cámara Penal de Apelaciones con el argumento de que las indagatorias realizadas a los cinco imputados, momentos posteriores al siniestro, fueron “mal tomadas”. Según los apoderados, esos “actos procesales pueden afectar el derecho de la defensa de los imputados”.

La causa del siniestro de calle Salta está catalogada penalmente como “estrago culposo, agravado”; en febrero pasado la jueza Bilotta procesó a once personas y estableció distintos grados de responsabilidad en los procesamientos de los gasistas Pablo García y su ayudante, Pablo Miño y José Allala; los empleados de Litoral Gas, la gerenta técnica Viviana Leegstra; el jefe de inspectores de la empresa Claudio Tonucci y los inspectores Gerardo Bolaños, Luis Curaba y Guillermo Oller; además fueron procesados Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli como encargados de la administración del consorcio del extinto edificio de calle Salta 2141.

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