La ley beneficia a productores familiares, que abastecen a las economías regionales. 

La ley nacional de Agricultura Familiar, con media sanción en Diputados, promueve la soberanía alimentaria y representa una reparación histórica para pequeños y medianos productores. En Santa Fe beneficiará a 5.800 familias. Organizaciones del campo profundo respaldan la iniciativa pero cuestionan la falta de presupuesto.

Si bien la mayoría de los legisladores nacionales coinciden en resaltar que la media sanción que recibió en la Cámara baja la ley de Agricultura Familiar es una “reparación histórica” para el sector, ya que fomenta la actividad de pequeños y medianos productores y define a la tierra como un bien social, un conjunto de organizaciones campesinas se mostró “preocupado” por “la falta de la asignación presupuestaria de 1.500 millones de pesos como se había acordado en el debate previo”. Frente al reclamo, desde el oficialismo tomaron nota y aseguraron que la ley dispondrá de los recursos necesarios para resguardar los derechos de los agricultores familiares. El proyecto impulsado por la diputada santafesina Claudia Giaccone (FpV) ya está en el Senado y se estima su aprobación para antes de fin de año.

La iniciativa declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su aporte a la soberanía alimentaria y por practicar un sistema de producción que apunta a la biodiversidad. El proyecto de ley contempla beneficios impositivos que serán otorgados cuando exista valor agregado a la producción y un sistema previsional especial según lo establecido en la ley del Régimen del Trabajo Agrario. Además de la adjudicación de tierras y la suspensión de juicios de desalojo por cinco años, la norma promueve la realización de ferias para establecer vínculos comerciales directos entre el productor y el consumidor. También se desarrollará un semillero nativo en colaboración con el Inta y otros organismos estatales.

La ley involucra a más de 200 mil agricultores familiares en todo el país. En la provincia de Santa Fe beneficiará a 5.800 familias y 17 mil en toda la región pampeana. Entre los objetivos se cuentan el de “contribuir con los diferentes actores de la agricultura familiar y del trabajo rural, mostrar a la sociedad que la agricultura familiar y el trabajador rural constituyen un pilar social y económico de trascendencia en el desarrollo del territorio, de las economías regionales y, en especial, del interior de las provincias”, según resaltó Giaccone.

Tras la votación en Diputados, organizaciones del campo profundo de distintos puntos del país, que en su mayoría respaldan las políticas del gobierno nacional, expresaron su “preocupación por la media sanción sin presupuesto” para la iniciativa, a la que valoraron por el “importante avance” que representa. “En los últimos años el gobierno nacional ha avanzado a paso firme en la institucionalización de sector, creando la Subsecretaría y luego la Secretaría de Agricultura Familiar. Al mismo tiempo creemos que es necesario un mayor presupuesto”, indicaron.

“Al hacer nuestros aportes al proyecto de ley propusimos la creación de un presupuesto propio de 1.500 millones de pesos para atender las demandas de nuestro sector, que representa a la mayoría del campo argentino, y que sólo puede avanzar con una inversión importante del Estado. Una ley de Agricultura Familiar sin presupuesto propio es sólo una declaración de principios. Exigimos que la Cámara de Senadores incorpore el tema presupuestario”, coincidieron la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina, el Frente Nacional Campesino, Frente Agrario Evita, Grito de Alcorta, Movimiento Campesino de Liberación y el Movimiento Agrario Misiones. Recordaron que la asignación presupuestaria había sido consensuada con la Comisión de Agricultura y de Presupuesto de la Cámara baja.

“Festejamos con más de 400 compañeros y compañeras movilizados la media sanción en el Congreso, pero lamentablemente a último momento los diputados votaron la ley sin tener en cuenta el tema central: el presupuesto para atender las demandas de manera integral en todo el territorio, en un acto que contradice los intereses de los sectores populares que hacemos y construimos la ruralidad. No existe diseño de políticas públicas que logren mejorar la calidad de vida si no se avanza en la firme decisión de aportar recursos genuinos para que eso suceda”, señalaron dirigentes de las organizaciones campesinas en un comunicado.

Por el lado opositor también hicieron oír su descontento. El candidato a dirigir la Federación Agraria Argentina (FAA), Pablo Orsolini, criticó los cambios realizados a la ley de Agricultura Familiar, ya que “eliminaron la asignación presupuestaria que había sido acordada con las organizaciones de agricultores”. Orsolini se mostró sorprendido por “la falta de un presupuesto asignado por ley” al considerar “indispensable un diseño socioeconómico y territorial equilibrado, que genere condiciones más justas de desarrollo”.

“Para eso, los agricultores familiares necesitan fondos, si se considera a los mismos como partícipe centrales de otro modelo agropecuario y el principal generador de empleo, dinamizador de las economías regionales, y quienes aseguran la soberanía alimentaria de nuestro país”, agregó el ex agrodiputado y postulante a conducir la FAA por la Agrupación Unidad Federada, opositora al sector de Eduardo Buzzi.

Saberes ancestrales y nueva ruralidad

Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, la agricultura familiar representa el 20 por ciento del PBI del sector agropecuario nacional y de las tierras productivas, con 30,9 millones de hectáreas totales y el 65 por ciento del total de productores. El ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, reivindicó el rol de la agricultura familiar al considerar que cumplen una tarea “no sólo en la generación de alimentos sino en la transferencia de saberes ancestrales”. Y agregó: “Gracias al trabajo que el Estado realizó durante la última década es que hoy la agricultura familiar en la Argentina está exportando producción y conocimiento”.

El proyecto fue respaldado en el recinto de Diputados por todos los bloques, con excepción del macrismo. “La ley a favor de productores agropecuarios, forestales y pesqueros es un símbolo de este gobierno, que puso luz en un sector que fue históricamente excluido, ya que estaba en la informalidad y hoy está llamado a ser protagonista”, destacó la diputada Giaccone, que promovió la iniciativa a la par de la Secretaría de Agricultura familiar, la Federación de Organizaciones de Agricultura Familiar (Fonaf) y de los legisladores Carlos Rubin y el presidente de la Comisión de Agricultura, Luis Basterra.

“Se trata de reconocer a la agricultura familiar su condición de partícipe central de la estructura agropecuaria nacional, actor productivo del territorio rural, principal generador de empleo agropecuario, dinamizador de las economías locales, integrante de comunidades y tramas socio-territoriales, y constituyente insoslayable del paisaje cultural del país”, señaló Giaccone. Finalmente, la diputada destacó que esta ley busca “la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina y contribuirá a construir un interior desarrollado e integrado al modelo de inclusión social y económica que lleva adelante el gobierno nacional”.

Por su lado, el presidente del Foro Nacional de Agricultura Familiar, Miguel Fernández, se mostró satisfecho con el avance de la iniciativa y consideró que las necesidades básicas de los agricultores residen en la propiedad de la tierra, el manejo del agua y la industrialización de la producción. “Hace falta que seamos dueños de la tierra en la que trabajamos, que contemos con el título de propiedad que heredamos de nuestros ancestros. Además de la escrituración, proponemos la conformación de un banco de tierras fiscales o las que se puedan recibir por donación, al tiempo que invitamos a las provincias a que se sumen a esta alternativa”, dijo en declaraciones a la agencia Télam.

Además de la propiedad de la tierra, “hace falta infraestructura para contener el agua a través de estanques, represas, minidiques y perforaciones”, y así poder transportar ese agua “a las huertas, las quintas o como bebida para los animales”, explicó Fernández. En cuanto a la producción e industrialización, enumeró: “Necesitamos herramientas del Estado para tener riego por goteo, por aspersión, invernáculo, salas de frío, mataderos móviles, galpones de acopio y transporte”. Y concluyó: “No queremos que nuestros campos se conviertan en geriátricos porque los jóvenes se van por falta de sustentabilidad”.

Ley de agroquímicos

La Multisectorial Paren de Fumigarnos se movilizó y volvió a pedir a los legisladores provinciales que apuren el tratamiento de la reforma a la actual ley de agroquímicos, que obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados pero quedó trabada en Asuntos Constitucionales. El Centro de Protección a la Naturaleza, el Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente y otras organizaciones sociales y ambientalistas son promotores de la campaña “Paren de Fumigarnos” y con la nueva ley buscan “que se prohíban las fumigaciones aéreas en toda la provincia, zonas de resguardo de 800 metros alrededor de los pueblos y humedales y de mil metros de las escuelas rurales, donde no se pueda fumigar con productos químicos, y la prohibición de la venta libre de plaguicidas”.

Artículo publicado en la edición 170 del semanario El Eslabón.

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