Los padres de Franco Casco, el joven que fue visto por última vez en la comisaría séptima de Rosario, y cuyo cuerpo sin vida fue hallado flotando en el río Paraná en octubre pasado, presentaron este jueves sus respectivas querellas en la justicia Federal, donde se investiga el caso como “desaparición forzada de persona”.
Tras constituir las querellas la mañana de este jueves –una por la madre, otra por el padre y la tercera por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación–, el equipo de abogados y los familiares de Casco fueron recibidos por el juez Carlos Vera Barros. Luego, con organizaciones sociales y de derechos humanos, realizaron una conferencia frente a los tribunales federales, donde brindaron detalles de la presentación y leyeron un documento redactado por la Multisectorial en pedido de Justicia por Franco.
Según explicaron en la rueda de prensa, habrá una querella en representación de Elsa Godoy, madre de Franco, que encabezarán por los abogados de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la juventud, Guillermo Campana, Nicolás Vallet y Salvador Vera Roda; una segunda en nombre de la Defensoría General de la Nación, a cargo de la abogada Matilde Bruera –quien representará a Ramón Casco, padre de Franco–; y finalmente la tercera será la de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que estará a cargo del abogado Santiago Bereciartúa.
En el acto se leyó un documento redactado por Multisectorial en pedido de Justicia por Franco Casco, en el que se repasaron las dificultades que atravesó la investigación hasta pasar del fuero santafesino al federal, y en el que hubo duras críticas para la fiscalía, la Justicia y el gobierno provincial.
El documento completo leído en la conferencia de prensa
Franco Casco llegó a Rosario a finales de septiembre de 2014, proveniente de Florencio Varela (Buenos Aires). Vino a nuestra ciudad para visitar a familiares que viven en Empalme Graneros. El 6 de octubre se dispuso volver en tren a su lugar de origen pero fue detenido arbitrariamente por policías de la comisaría 7ma (Cafferata 342). “Lo detuvimos porque lo vimos parado al lado de un árbol en una plaza y nos pareció sospechoso”, se sinceró uno de los uniformados que lo maniató y subió por la fuerza a un móvil, en la audiencia celebrada días después de que Franco apareciera asesinado flotando en las aguas del Paraná, a la altura del céntrico Parque de España. Su lamentable aparición sin vida coincidió -de manera siniestra- fcon la realización de la primera marcha impulsada por familiares, organizaciones sociales, comunitarias y partidos políticos, en la puerta de la comisaría 7ma.
Desde entonces se inició un proceso judicial encabezado por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (de Santa Fe), dirigido por el Dr. Gabriel Ganón, en representación de la familia de Franco. Esta lucha en el plano jurídico estuvo complementada por la conformación de una multisectorial, integrada por organizaciones sociales y partidos políticos, con el objetivo de denunciar los tormentos y el asesinato sufrido por Franco, pero también para señalar que este tipo de acciones represivas protagonizadas por la policía de Santa Fe y de otras fuerzas provinciales y federales, son una constante en la vida de los jóvenes que viven en barrios populares.
La búsqueda de Franco, en primera instancia, y el pedido de justicia, después de su cruento asesinato, se encontraron con un límite flagrante que echó a perder múltiples elementos que hubieran podido acelerar los rastreos iniciales y, una vez aparecido el cuerpo, la acumulación de pruebas claves en torno a la responsabilidad policial: las maniobras del poder ejecutivo local, como fueron las vergonzosas declaraciones de Ignacio Del Vecchio, Secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, insólitamente mantenido en su cargo, en las que afirmó que Franco había sido visto en una iglesia pidiendo ropa y alimentos; tanto como las acciones distractivas, negligentes, oscuras, del fiscal Guillermo Apanowicz, quien a lo largo de toda la “investigación” no hizo más que demostrar su interés en amparar el accionar de los integrantes de la comisaría 7ma., llegando, incluso, a anteponer la existencia de un supuesto video -que nunca presentó- en el que supuestamente se observaba a Franco caminando por la ciudad. Se suman las desafortunadas palabras del gobernador Antonio Bonfatti, horas después de la segunda marcha, acusando a los más de 2000 participantes de ser “militantes oportunistas”, y su sistemática negativa a recibir a los padres.
La confluencia de la lucha judicial emprendida por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y el trabajo político y social impulsado por la Multisectorial, permitió que el 28 de noviembre de 2014 la jueza Roxana Bernardelli declarara la “incompetencia por vía declinatoria” del Tribunal provincial y solicitara que la causa por la desaparición y asesinato de Franco pasara al fuero federal y se caratulara como “desaparición forzada de persona”. El contundente fallo afirma, en uno de sus pasajes, lo siguiente: “»No voy a permitir que pase un mes más para que esto se investigue como corresponde. Es una grave violación de los derechos humanos y no se puede esperar que transcurran los años”. A la vez que informaba el envío de oficios al gobernador Antonio Bonfatti, al jefe de la policía rosarina, José Luis Amaya, y a la División Asuntos Internos de la policía para que se investiguen las posibles faltas cometidas por el personal de la comisaría 7ª.
Finalmente el 19 de diciembre último el juez federal Carlos Vera Barros aceptó la causa por “desaparición forzada de persona” de Franco Casco.
Este 2015 nos encuentra nuevamente reclamando justicia, en este caso en los Tribunales Federales, a través de la presentación de 3 querellas. La primera, en representación de Elsa Godoy, madre de Franco, la encabezarán los abogados de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la juventud: Guillermo Campana, Nicolás Vallet y Salvador Vera Roda. La segunda, en nombre de la Defensoría General de la Nación, estará a cargo de la abogada Matilde Bruera, quien representará a Ramón Casco, padre de Franco; finalmente, la Secretaría de DD.DH., a través del abogado Santiago Bereciartúa, se presentará como querellante en la causa.
Desde esta Multisectorial acompañaremos incansablemente el proceso judicial que se inicia hasta lograr las condenas a los responsables policiales de la desaparición y asesinato de Franco. No permitiremos que este caso se transforme, tal como suele ocurrir con los asesinatos de pibes pobres, en un nuevo ejemplo de impunidad.
Quienes vivimos y/o trabajamos en barrios populares de Rosario y de otras ciudades de nuestro país, padecemos el avance represivo de las fuerzas de seguridad contra los jóvenes. El asesinato de Franco Casco, tanto como el reciente homicidio -por parte de la Políca de Acción Táctica- de Jonathan Herrera, lejos de una excepción, es una regla que lamentablemente rige la vida de los sectores populares.Justicia por Franco Casco!
El Estado es reponsable!
Basta de gatillo fácil!
Ni un pibes menos!Multisectorial en pedido de Justicia por Franco Casco
Adhieren:
– Flia de Franco Casco
– Bodegón Cultural Casa de Pocho
– Movimiento Evita y JP Evita.
– PTS – Juventud de PTS – CEPRODH
– Club de Investigaciones Urbanas
– Rosario para la Victoria
– Causa
– CTEP Rosario
– Patria Grande
