Los ediles no quieren dejar pasar gato por liebre a la hora de aprobar proyectos. Exigieron más información sobre los fondos de inversión del Hard Rock Café.
Si algo no le falta al Concejo por estos días es agenda. En las dos semanas antes del receso de invierno acopió buena cantidad de asuntos que terminan siendo titulares ya sea porque afectan en forma directa al bolsillo de los rosarinos o a los intereses de la ciudad en su conjunto. Así vienen apurando los pedidos de aumento para taxis y colectivos y vecinos denunciando inseguridad.
Por si fuera poco, un pedido de excepción para evitar el retiro obligado que deben conservar las edificaciones sobre bulevar Oroño, develó un trasfondo que llenó de dudas a los ediles. Ahora, antes de debatir la excepción pedida, quieren datos sobre el origen de los fondos para el proyecto en cuestión, el bar temático de la cadena internacional, Hard Rock Café.
De modo que el interrogante terminó por imponerse por sobre la solicitud de excepción con la que la titular del inmueble llegó al Concejo y ganó los titulares de las últimas semanas. ¿Qué sentido tiene seguir analizando la cuestión técnica de la excepción ante esta novedad? Se interrogaron los ediles.
La duda se abrió después de que se conociera que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a través del fiscal Carlos Gonella, denunció por supuesto lavado de activos, de la firma Hope Funds que estaría detrás de la franquicia del Hard Rock Café para el país. En la diligencia judicial se lee que la sociedad citada “en muchos casos habría recibido los aportes de terceros por fuera del circuito bancario regular”, además, de que intervendrían personas que sin contar ingresos legítimos habrían ingresado fuertes sumas de dinero.
Haber detectado este dato activó una luz roja que para los ediles es sinónimo de salud institucional. “No estigmatizamos a los inversores que quieran venir a Rosario, pero no nos interesan los fondos producto del lavado de dinero”, tronó el concejal Héctor Cavallero, Partido del Progreso Social (PPS). Y encontró una figura por demás de contundente para las medidas que están impulsando los ediles sobre el tema: “esto es ponerle una vacuna preventiva a los que piensan venir a esta ciudad con esas intenciones”, aseguró.
Sus argumentos formaron parte de las exposiciones que a su turno también realizaron los ediles Osvaldo Miatello (Compromiso por Rosario), Rodrigo López Molina (PRO), Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), Jorge Boasso y Sebastián Chale (Bloque Radical). En todos los casos fundamentaron sin retaceos la necesidad de cruzar información con la Unidad de Información Financiera (UIF), con la que el municipio mantiene un convenio.
Para realizar este trámite, el Concejo cuenta con una herramienta puntual, la ordenanza Nº 9.204, que el año pasado impulsó el edil Rodrigo López Molina, para “evitar que la ciudad se transforme en una plaza sencilla para el lavado de activos de origen ilícito”, y que dispone el cruce de datos referido.
En el marco de lo señalado, en su sesión semanal, el Concejo aprobó por unanimidad y en carácter de urgente, un pedido de informes al Ejecutivo sobre la composición de la sociedad denominada HRC Rosario SA, que impulsa la instalación local de la franquicia internacional.
Los ediles tienen varias preguntas al respecto: antecedentes y detalle de los actuales socios y accionistas, origen de los fondos, instrumentos que acrediten aportes dinerarios y hasta los respectivos balances, además de un detallado plan de obras, sin dejar de considerar la relación de quien pide la excepción, propietaria de la esquina donde funcionaría el Hard Rock Café, con la franquicia. Además, solicitarán al fiscal Carlos Gonella, una copia de la denuncia formulada sobre el supuesto lavado de activos, que activó el sistema inmunológico del Palacio Vasallo, según sus propias metáforas.
Violencia de género
El Concejo también aprobó un Decreto presentado por la radical Daniela León para que el Departamento Ejecutivo proceda a la firma de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, para incluir a Rosario en el programa provincial de “Protección Integral contra la Violencia de Género”.
El programa de protección integral tiene como objetivo destinar fondos para el fortalecimiento de las políticas públicas de carácter interinstitucional, a partir de la transferencia de recursos económicos orientando a las acciones contra la violencia de género, con el objeto de promover y garantizar la igualdad de oportunidades y derechos de las personas, explicó la edila al presentar su proyecto.
En la práctica, estos fondos se aplicarían a las llamadas casas de amparo, que resguardan en forma anónima a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos. De este modo, la Municipalidad de Rosario podrá recibir aportes para construcción, remodelación o ampliación de casas de amparo de la ciudad destinadas a víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas; aportes para equipamiento o provisión de mobiliarios destinados a las casas de amparo; y capacitación y asesoramiento técnico para su adecuado funcionamiento.
Al respecto, las edilas Norma López (Frente para la Victoria) y Lorena Giménez Belegni (Partido del Progreso Social), señalaron que el gobierno municipal está en falta con relación a este tema y que está pendiente un cupo en la construcción de viviendas sociales para las mujeres que padecen esta violencia. Por su parte Giménez Belegni, señaló que el actual presupuesto destinado a mantener estas casas de amparo no alcanza con nueve y siente mil pesos para unas 32 mujeres y niños. Todavía hay mucho por hacer, pero celebramos la medida, dijeron las edilas.
Cómo nacer
Los ediles aprobaron por unanimidad un proyecto de la concejala Fernanda Gigliani, que establece y crea el “Programa de Formación y Concientización sobre el Parto y Nacimiento Respetado”. La iniciativa busca promover acciones para fortalecer las capacidades del personal de la salud pública en la atención al pre-parto, parto y post-parto, como también promover la información a toda la sociedad acerca de los derechos de madres, padres e hijos en el proceso de nacimiento.
“La violencia obstétrica es un tipo de violencia de género que está institucionalizada, casi sistematizada, pero a su vez cuenta con la particularidad de que dentro del ámbito de la salud pública no tiene la difusión que amerita, por eso consideramos fundamental proponer este programa y ahora vamos a trabajar por su instrumentación”, expresó Gigliani.
Según Gigliani, “si bien existen guías y protocolos nacionales e internacionales para la atención al parto normal y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como leyes nacionales y provinciales, no siempre son aplicadas y respetadas en la práctica”. “Muchas mujeres no se reconocen como víctimas debido a la naturalización de ciertas prácticas y según encuestas y relevamientos realizados recientemente, numerosos profesionales de la salud no reconocen estos modos de atención como actos de violencia obstétrica, sin contar con las altas tasas de cesáreas y otras intervenciones como la episiotomía o el uso de anestesia epidural”.
“Hoy es un día importante para la ciudad, porque se aprobó un proyecto de enorme importancia para la sociedad. No existe un programa igual a nivel municipal en ninguna ciudad del país. Esto posiciona a Rosario en un lugar estratégico, debido a que es una de las ciudades con más centros de salud públicos, y esto la convierte en un lugar clave para implementar este proyecto” agregó la edila.
Invierno sin gas
Los concejales Lorena Giménez Belegni y Héctor Cavallero, anunciaron que el 4 de agosto se realizará una jornada pública para tratar la situación de la prestación del servicio de gas natural en Rosario, ya que en la actualidad hay un centenar de edificios que llevan meses sin este combustible. Están convocados además de los afectados, las organizaciones que poseen incumbencia en el tema, así como arquitectos e instaladores de gas.
Publicado en El Eslabón.
