El defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, junto a familiares de Carlos Godoy, cuya muerte fue denunciada como un caso de “gatillo fácil”, apelaron este miércoles la resolución del juez de primera instancia Luis María Caterina, quien les había rechazado la solicitud de constitución como querellantes en la causa que investiga el homicidio del joven.

Carlos Godoy falleció el pasado 24 de mayo producto de un violento accionar desplegado por las fuerzas de seguridad de Santa Fe en las cercanías de la intersección de Gardón y el puente que eleva a la Avenida Sorrento, según denunciaron sus familiares y vecinos. Los padres de Carlos, Vicente Godoy y Deolinda Retamar, se presentaron ante Caterina con el patrocinio de Ganón pero el magistrado rechazó la solicitud.

“En virtud de la resolución judicial del día 16 de Agosto –recordó este miércoles la Defensoría General de la provincia en comunicado de prensa–, Caterina decidió: 1) Rechazar la constitución de querellante de Vicente Godoy y Deolinda Retamar, en razón de no ostentar calidad de herederos forzosos requerida por el art. 93 del C.P.P. 2) Rechazar la postulación del doctor Gabriel Ganón en su calidad de Defensor General de la Provincia de Santa Fe, y por extensión a los demás miembros de la defensa pública, haciendo saber que el órgano habilitado para el patrocinio pretendido –con la modalidad adoptada y dentro del sistema de la Provincia de Santa Fe– es el Centro de Asistencia a la Víctima”.

Este miércoles, en la apelación, desde la Defensoría se recurrió la resolución de Caterina, los padres de Godoy, conjuntamente con Ganón, calificaron el fallo de Caterina como “arbitrario” por “haberse violado formas sustanciales fijadas por el Código Procesal Penal de la Provincia que prevé que la decisión en la constitución como querellante debe adoptarse en audiencia oral y pública”.

“Este derecho –añadió la presentación de la Defensoría– constituye una instancia de debate trascendental, debido a que al peticionante le asiste la posibilidad de ser oído en el proceso penal para dar las razones de la solicitud de ser tenido como parte en la causa, al igual que para referir las razones del patrocinio letrado escogido”.

En cuanto a la decisión de Caterina de rechazar al Defensor Provincial como abogado patrocinante de la familia, la Defensa Pública sostuvo en su escrito de apelación que “una de las misiones institucionales que tiene este organismo es el de brindar asesoramiento jurídico a cualquier persona que el Estado haya puesto en peligro”. Y agregó: “Este manifiesto, comprende a las víctimas de hechos con apariencia delictiva que podrían haber sido cometidos por agentes estatales en el ejercicio de sus funciones”.

El escrito de apelación concluye con la solicitud formal de que “se declare la nulidad de la resolución impugnada” y que “oportunamente se haga lugar a la solicitud de constitución de querellante con el patrocinio letrado del Ministerio Público de la Defensa (SPPDP)”.

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