Sobre la margen del Saladillo en el extremo del Parque Regional Sur, la célebre Quebrada se ha desplazado cien metros en el último mes. Diecinueve familias, que ya se han inundado con el temporal de agosto, están en una situación aún más apremiante. Día a día, el agua sigue erosionando la barranca y acentúa la posibilidad de derrumbe del terreno donde están sus viviendas. Sus casos son de extrema gravedad, aunque no son los únicos afectados en una zona, donde la Quebrada en acelerado corrimiento se acerca peligrosamente al puente de Villa Gobernador Gálvez, lo que genera más inquietud. Todo parece indicar que en breve habrá nuevos y más graves temporales, por lo que estos rosarinos del Parque Regional Sur parecen condenados a dejar un emplazamiento que se constituyó hace poco más de cuatro años.
Si bien están organizados y han llevado sus planteos ante distintas dependencias del municipio, su suerte ha sido dispar, por no decir escasa. Para peor, días atrás unos funcionarios les hicieron una propuesta que contemplaba incluirlos en planes de vivienda y subsidios para alquileres –acompañándolos como garantes– hasta tanto fueran adjudicados; pero apenas un día después de conocerse esa oferta, otros miembros del Ejecutivo diluyeron lo que parecía sólido, afirmando que no contaban con programas habitacionales para ellos y que lo que primero se planteaba como una solución global se iba a “evaluar caso por caso”.
Ese es el discurso que ahora tienen los representantes del Ejecutivo que se acercan al barrio y abordan en forma aislada a los vecinos, a quienes –según los pobladores– les hacen propuestas diferentes, cuestión que ven como una intención de dividir un movimiento cuya fuerza ha sido la unidad para peticionar por sus derechos.
Ahora, las tratativas se desarrollan bajo otras condiciones: a la angustia propia de la situación y el temor por no saber dónde van a vivir se suma la desconfianza respecto del compromiso que pueda asumir el municipio, dadas las contradicciones que le atribuyen.
Por eso, piden un acuerdo que les dé certeza respecto de su destino. Por estas horas, estaban a la espera de nuevos encuentros con funcionarios, que nunca han sido los principales responsables de las reparticiones.
Gestiones y promesas
Como sucedió con otros rosarinos, estos pobladores del Saladillo en agosto último padecieron la inundación de sus casas y las pérdidas de sus bienes personales, lo que –más allá de la ayuda recibida– activó su organización, acompañados por militantes de la Corriente Peronista Descamisados y de otras agrupaciones, que desarrollan trabajo territorial en la zona.
Fue así como se acercaron al Distrito Sur, donde presentaron un escrito solicitando una reunión con su director, Leandro Tosto. No tuvieron respuesta. Tampoco lograron que los recibiera Roberto Álvarez, director del Servicio Público de la Vivienda (SPV).
Sin hallar interlocutores, trasladaron su inquietud a Fernanda Gigliani, edil del bloque Iniciativa Popular, quien logró que el Concejo emplazara a la Intendencia a dar cuenta en el plazo de diez días hábiles de: “1- decisión tomada en materia de relocalización de las familias que residen a la vera del arroyo Saladillo, 2- de preverse la relocalización, lugar donde se emplazarían las soluciones habitacionales, 3- obras previstas a realizarse en la zona de la quebrada”.
Tampoco hubo contestación, por lo que las familias decidieron movilizarse a principios de setiembre hasta la Municipalidad reclamando la presencia de funcionarios. Al cabo de cuatro horas de esperar en vano, cortaron la calle Buenos Aires y recién dos horas más tarde se acercaron Juan Izquierdo, del SPV, y Juan Mansilla, de Promoción Social, quienes dijeron no tener evaluada la situación y se comprometieron a reunirse con ellos en la Quebrada.
Ese encuentro se concretó el 23 de setiembre y los vecinos aseguran que ambos les ofrecieron la relocalización de las familias en situación más comprometida, tomaron el compromiso de que el Ejecutivo iba no solo a financiar un alquiler sino que sería garante ante inmobiliarias hasta que se los incorporara a un plan de viviendas.
Expusieron tres alternativas: otorgarle una suma de tres mil pesos mensuales para el arrendamiento o la entrega de un único monto de treinta mil pesos hasta ubicarlos en casas; y por último, la asignación de sesenta y cinco mil pesos sin el compromiso de otorgarles una vivienda.
En tiempos en que los dispositivos móviles brindan un sinnúmero de prestaciones se puede decir que el registro que los vecinos tienen del encuentro es mucho más tangible que su propia memoria.
“Nadie se va a ir de acá sin nada y se los va a ayudar con la mudanza a quienes alquilen en otro lugar” es una de las promesas que atribuyen a Mansilla, en una reunión pródiga en precisiones, donde también se afirmó que todo se iba a plasmar en un acta acuerdo con el Ejecutivo.
Contradicciones y desconfianza
A principios de esta semana se conoció lo que parecía una noticia esperanzadora: la reubicación de las familias. Pero un día después el propio Ejecutivo –en la voz de la vicedirectora del SPV, María Inés Campos– dio una versión diferente, lo que hoy lleva a los vecinos a tomar con recelo cualquier oferta. Comenzaron a ser frecuentes las visitas de una funcionaria del área de Emergencias del SPV, que desconoce los compromisos de Mansilla e Izquierdo y cuya propuesta ya no es tan consistente. Persisten los tres mil pesos, los treinta mil y los sesenta y cinco mil; pero yo no hay compromiso de garantizar el alquiler, situación que no es menor: los pobladores conocen las dificultades que tienen las formalidades de esa transacción.
Por otra parte, la desconfianza sobre la inclusión en planes habitacionales se acentúa, cuando reparan en que otros vecinos de la zona llevan años de espera de una solución habitacional comprometida.
Por eso, quieren la firma de un acuerdo claro, transparente, en una dependencia municipal y que incluya una fecha para la resolución del problema de vivienda. “¡Qué sabemos si no nos dan la ayuda por un año y después nos dejan en la calle!”, plantea Claudia, una de las vecinas.
Va de suyo que la “relocalización” tiene componentes traumáticos para quienes habitan desde hace tiempo un territorio en el que, entre otras cosas, crean formas de convivencia, los hijos tienen la escuela a mano y están cerca del centro de salud. Ellos no tienen ninguna garantía de que podrán recuperar esas condiciones en otro espacio.
Por otra parte, confiesan que algunos funcionarios los están emplazando, poniéndoles el 30 de setiembre como fecha tope para que se vayan. Es más, temiendo una posible localización en un terreno próximo, se han encargado de “plantar arbolitos”, tal como indica Claudia, cuyo brazo izquierdo se extiende para señalar unos troncos delgados diseminados a no más de cien metros de sus casas. “Lo que nos están haciendo es un apriete para que agarremos la plata”, agrega Marta, otra vecina.
La indefinición también implica pérdidas. Durante años de vivir bajo la amenaza de desbordes, los pobladores han destinado buena parte de sus ingresos a evitar el impacto en sus viviendas. De ahí que Joel se pregunta si va seguir “poniendo dinero en una casa” que después va a tener que dejar.
Hoy, él ha quedado a solo quince metros de un arroyo que no para de horadar la barranca y que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las negociaciones, hace que el paso del tiempo no sea un aliado sino un enemigo.
¿Qué hace el Estado municipal con esta gente?
“¿Qué hace el Estado municipal con esta gente? ¿Cuál es su política: agarrar las familias y largarlas a la calle o las van a asistir para que puedan vivir dignamente?”. Estos son algunos de los interrogantes que plantea Guillermo Herrera, militante de la Corriente Peronista Descamisados de Rosario, agrupación que viene desarrollando un trabajo en la zona del Parque Regional Sur y acompaña a los vecinos en la búsqueda de mejores condiciones.
Comprometido con la situación de los pobladores de la vera del Saladillo, Herrera afirma que el municipio “evade su responsabilidad como Estado, frente a los sectores más postergados de la ciudad”, dada la escasez de respuestas a las peticiones, las contradicciones en las propuestas de los funcionarios y la sensación de que se trata de dividir los reclamos.
Fuente: El Eslabón
