Las instancias de apelación del caso Emi y Faku reavivaron el debate sobre cómo abordar la problemática de la inseguridad vial. Los controles y regulaciones se enfrentan a los lobbys de la industria automotriz, gastronómica y “cervecera”.
Pancartas, fotos, pintadas y la movilización permanente de personas exigiendo Justicia. La postal se repite a diario en la zona de los Tribunales provinciales. Ningún día es excepcional. El martes pasado fue el turno de los familiares y amigos de Emiliano Cáceres y Facundo Aguirre, fallecidos en febrero de 2014 luego de un siniestro vial. La audiencia de apelación al fallo dictado por el juez José Luis Suárez se realizó esa mañana, y los nombres de los chicos fallecidos volvieron a resonar en la puerta y pasillos de Tribunales, en la calle, medios de comunicación y redes sociales. El caso de “Emi y Faku” fue el primero en llegar a una instancia de juicio oral y público por un siniestro vial en la provincia. La fiscalía y la querella pretendían sentar un precedente: que los homicidios culposos –sin intención o dolo– llevaran a una condena de prisión efectiva. El juez, sin embargo, dispuso una pena condicional. La pelea no terminó con ese fallo. Y tampoco se libró sólo entre las paredes de la Justicia. La causa no puso únicamente en debate cuáles y cómo deberían ser las penas a aplicar ante hechos como estos. El caso fortaleció, además, el reclamo de familiares y organizaciones por la sanción de la ordenanza de Alcohol Cero y de protocolos de actuación incidentes viales.
“Es fantástico que pueda haber juicio oral y público”, consideró Mónica Gangemi, fundadora de la asociación Compromiso Vial por Úrsula y Carla. Para la mujer, la causa de Emi y Facu es “emblemática”, un antecedente para los juicios que sigan. “Estas instancias tratan de evitarse siempre, los casos se arreglan con juicios abreviados o probation. Esta vez fue posible llegar a juicio oral porque los fallecidos fueron dos y por la presión ejercida por las familias y las organizaciones sociales”, añadió. Gangemi es referente en la lucha por causas viales a partir del fallecimiento de su hija, Úrsula Notz, en mayo de 2005, hecho reconocido por el nombre del conductor, Matías Capozucca, quien fue condenado a cuatro años de prisión efectiva pero que, luego de una apelación, quedó en libertad.
La llegada a juicio oral del caso de Emi y Facu reavivó la llama de la lucha por sentar un precedente en casos de siniestro vial y lograr prisión efectiva para el conductor, en este caso, un joven alcoholizado. Y aunque el juez no falló en ese sentido, la instancia de apelación aparece como una nueva posibilidad para marcar jurisprudencia. “Apostamos a condenas cortas y de cumplimiento efectivo porque se debe pagar el daño ocasionado y debe resultar de escarmiento y aprendizaje para aquel que mata en tránsito. El argumento que de la cárcel se sale peor, no es un argumento sólido, así se deja todo igual”, explicó Gangemi. La mujer señaló que incluso existen cárceles/casas para infractores viales. Las experiencias se están dando en Capital Federal y en países latinoamericanos como Ecuador y México. “Lo ideal sería una condena de seis a nueve meses, según la gravedad, sin condicionamientos ni prebendas, con talleres de reflexión de la conducta y demás cuestiones que modifiquen verdaderamente la acción delictiva. En algún momento se podrá concretar”, se esperanza Gangemi. Y no deja de aclarar: “Hoy interesa poco porque importa más vender autos veloces y cerveza”.
La problemática de inseguridad vial atraviesa a todos. Es cercana. Ser infractor es tan fácil, normal, que esa naturalización puede hasta banalizar el debate al respecto. Pero además, explica Gangemi, es una problemática que tiende a afectar a los sectores medios y altos de la sociedad. “Por eso se considera la impunidad como la norma”, señala la mujer. “Te dicen que a cualquiera le puede pasar. Pero no. No le pasa al que va a menos de 40 km en una calle y puede frenar porque le alcanza la velocidad para hacerlo, si se cruza un niño o una señora mayor sin mirar. Le pasa al que desprecia la vida propia y ajena, al que pasa el semáforo en rojo, al que conduce alcoholizado, al que viene de caravana. Es aquí donde decimos que esa persona comete delito y debe pagar y reflexionar para no seguir matando y para hacerse cargo de su conducta hacia la sociedad en la que vive, crece y produce. No alcanza con cárcel. Es muy importante llegar al arrepentimiento con la reflexión”.
Aguante y debate
Los familiares y amigos de Emi y Facu levantaron una carpa en la puerta de Tribunales que se mantuvo de pie y concurrida cada uno de los días de las audiencias del juicio, en abril de este año. La carpa, tal como sucedió durante el juicio por el Triple Crimen de Villa Moreno, no sirvió sólo para aguantar sino que ofició de punto de debate sobre una misma temática: la seguridad vial. Desde ese lugar se impulsaron la ordenanza de Alcohol Cero y distintos protocolos de actuación y asistencia ante siniestros viales.
La tolerancia cero rige actualmente para los choferes del transporte público y se intenta que alcance a todas las personas que manejan vehículos para minimizar los riesgos de accidentes. “Si todos los conductores tienen que conducir con un porcentaje cero de alcohol en sangre, ya ganamos una cantidad de personas que están alerta a la hora de conducir y beber, y reducimos la especulación y la cantidad de casos que pueden llegar a delito. Esto, siempre pensado en un marco integral, con controles de tránsito efectivos”, explicó Mónica Gangemi, impulsora del proyecto tanto a nivel local, como provincial.
El debate por la ordenanza de Alcohol Cero se mantuvo en la agenda de los legisladores locales y provinciales durante varias semanas. En las últimas sesiones, sin embargo, brilló por su ausencia. Gangemi apuntó a peleas partidarias tanto en el Concejo Municipal como en la Cámara de Diputados de Santa Fe. Pero además, resaltó las motivaciones económicas que frenan el debate, la mayoría de ellas provenientes de empresarios gastronómicos y representantes de marcas de bebidas alcohólicas. La mujer admitió que el tema es complejo y generó fuertes controversias. Pero también, que las estadísticas hablaron por sí solas y en todos los casos bajaron los positivos en test de alcoholemia.
Protocolos de actuación y asistencia
Otros dos proyectos referidos a la seguridad vial se trabajan en el Concejo Municipal. Uno de ellos busca la creación de un centro de asistencia a víctimas, familiares y amigos, tanto de siniestros viales como de otros de inseguridad. El segundo proyecto surge a partir del caso de Emi y Facu, en el que los familiares denunciaron manipulación de la escena del siniestro. La idea es elaborar un protocolo de actuación en casos de siniestros viales que guíe a todas las reparticiones que actúan en el momento del hecho.
Un caso testigo
El 22 de febrero de 2014, Federico Gómez, Emiliano Cáceres, Facundo Aguirre y dos amigos más volvían de una fiesta que habían organizado en Funes. Gómez, dueño del auto, manejaba. Unos minutos después de las seis de la mañana, y al bajar el viaducto Che Guevara, el auto chocó contra un camión que estaba estacionado por avenida Pellegrini hacia el este, apenas pasada la intersección con Provincias Unidas. Emiliano y Facundo murieron en el lugar. El caso llegó a juicio oral y público en abril de este año. Fue el primero en su tipo en la provincia. La Fiscalía y la querella sostuvieron que Gómez conducía alcoholizado y a alta velocidad, factores determinantes del siniestro. La defensa adjudicó el choque a ciertas trampas: un badén, un camión que transitaba “a paso de hombre” por el carril izquierdo y un camión mal estacionado contra el que impactó el Fiat. El juez de la causa sentenció a Federico Gómez a tres años de prisión condicional por homicidio culposo agravado, sentencia que para los familiares de los fallecidos no estuvo a la altura del caso.
Fuente: El Eslabón.
